10.07.2019 Mediante un escrito ingresado ayer al Tribunal Constitucional, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, solicitó dar prioridad a la revisión del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresado a inicios de este año por la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo, relativo a la constitucionalidad del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal que estable el secreto del sumario.
“Frente a la afectación de la investigación penal que puede ocasionar la paralización dispuesta en el procedimiento y considerando, además, que se trata de una causa del interés de toda la ciudadanía, es necesario se otorgue preferencia a la vista del requerimiento presentado por la defensa del señor Oviedo”, sostuvo la Presidenta del Organismo.
Ello, en el supuesto de que la suspensión decretada abarque la totalidad de la investigación, porque de entenderse referida a las 29 aristas o cuadernos se afectaría de modo relevante su tramitación, que persigue establecer la responsabilidad penal de personal militar del Ejército en muy distintos y graves delitos contra el patrimonio público, la fe pública y la probidad administrativa.
“De allí que, en un ejercicio de ponderación de los bienes jurídicos involucrados, y en base al principio de proporcionalidad entre el interés al esclarecimiento de los delitos y la garantía de los derechos de los imputados, esta parte solicita a V.S.E. que, habiendo dispuesto, en definitiva, la paralización total de la investigación, se otorgue preferencia a la vista del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del Sr. Oviedo, y así evitar perjudicar la investigación en curso”.
Además, subsidiariamente, pidió el alzamiento de la medida de suspensión, al entender que se sustenta “sobre la base de la falta de acceso a la investigación del imputado, único fundamento del requerimiento, en circunstancias que no existe tal supuesto impedimento”. Precisamente, la Ministra en Visita Romy Rutherford concedió a fines de junio acceso a la investigación a la defensa del ex Comandante en Jefe.
En paralelo, el CDE ha sostenido sistemáticamente dicho argumento en las correspondientes audiencias ante la Corte Marcial, y lo reiteró ayer ante la Segunda Sala de la Corte Suprema, que debe resolver si confirma el rechazo de los recursos de apelación presentados por la defensa del General en retiro, procesado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados.
En dicha audiencia, la Consejera María Inés Horvitz sostuvo que el CDE “no sólo ha pedido el rechazo de la apelación de los amparos que ya fueron desestimados por la Corte Marcial en forma contundente sino, además, se adopten las medidas necesarias para poder esclarecer la situación actual de la Ministra en Visita en cuanto a sus atribuciones jurisdiccionales, las que fueron establecidas por la Excelentísima Corte Suprema”.
Respecto de la importancia de que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva decretada respecto del General en retiro, la abogada del Estado explicó que éste enfrenta serias imputaciones efectuadas por la Ministra, referentes a la malversación de 4.500 millones de pesos provenientes de gastos reservados, “delito que es sumamente grave en nuestra legislación y por el cual también está privado de libertad el señor Fuente-Alba. Es la propia legislación la que entrega los criterios para mantener la prisión preventiva cuando existe un peligro para la seguridad de la sociedad”.
