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2 de marzo de 2017


PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO RINDIÓ CUENTA PÚBLICA 2016

 

Una completa cuenta de la labor emprendida por el Consejo de Defensa del Estado en 2016 dio el Presidente del Organismo, Juan Ignacio Piña Rochefort, en una ceremonia a la que asistieron diversas autoridades y contrapartes del Servicio, encabezadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

 

La ceremonia se inició puntualmente a las 12.00 horas de este jueves 2 de marzo, con el ingreso al auditorio de la Presidenta de la República acompañada por el Presidente del CDE, quienes se ubicaron en la testera integrada por el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y por la Contralora General de la República (S), Dorothy Pérez.

 

En su discurso, Juan Ignacio Piña señaló que en 2016 el Consejo mantuvo un alto grado de eficacia en la defensa y representación judicial, lo que se tradujo en una tasa de resultados favorables a los intereses del Estado. “Es evidente que los resultados del CDE siguen siendo uno de sus principales activos. Su eficacia en la defensa del patrimonio e intereses del Estado se ha mantenido en rangos significativos, tanto en la dimensión Fisco demandante (88%), como en la dimensión Fisco demandado (92%)” reseñó.

 

Añadió que estos resultados incluso han alentado discusiones públicas que van desde la impropiedad de que un litigante tenga metas de éxito, hasta las razones que explicarían tasas de éxito tan considerables. En este sentido, indicó que un análisis adecuado “exigiría reparar en los bajísimos costos, por no decir inexistentes, que deben soportar hoy los litigantes temerarios que inician acciones infundadas o que aumentan desproporcionadamente sus pretensiones indemnizatorias. Demandas exorbitantes contra el Fisco, que luego terminan en sentencias de cuantías muy inferiores, explican relevantemente este resultado”, afirmó.

 

“Lo que no debe perderse de vista ni por un momento es que detrás de estos indicadores están sus casi 200 abogados litigantes a nivel nacional, sus políticas de capacitación y de gestión del conocimiento, las estrategias jurídicas definidas por abogados procuradores fiscales y la dirección de las causas de atención selectiva por parte de los consejeros, un apoyo técnico, administrativo y profesional con que cualquier estudio de abogados quisiera contar y, por sobre todo, el acervo forjado en sus 120 años de experiencia en la defensa fiscal”.

 

Desde la perspectiva de la litigación pública, el Presidente del CDE ahondó en las problemáticas que presentan la situación actual de las sanciones administrativas, las relaciones laborales en el Estado y las indemnizaciones de perjuicios por parte del Fisco en casos de violaciones a los Derechos Humanos.

 

Respecto del Servicio de mediación por daños en salud, Piña subrayó que desde su implementación en 2005, y hasta diciembre de 2016, el CDE ha realizado 10.743 procedimientos de mediación en salud a lo largo del país. Concretamente durante el año pasado, el CDE alcanzó una tasa de acuerdo de 21,7%, respecto del total de mediaciones terminadas por decisión de ambas partes.

 

Subrayó la importancia de no dejar de lado el alto grado de evaluación de satisfacción usuaria respecto del servicio proporcionado por el Consejo obtenido en 2016, que registró una nota de 6,8 promedio.  “Ello da cuenta un intenso trabajo orientado a la satisfacción de los usuarios que no debe perder de vista que ellos, cuando acuden a una mediación suelen venir de traumáticas experiencias humanas vinculadas a la actividad sanitaria. La obtención de estos resultados da cuenta del acompañamiento serio y profesional que se hace por parte de nuestro equipo a estas personas”.

 

En cuanto al Programa de Modernización Institucional, indicó que tras cuatro años del inicio formal de sus funciones en 2012, éste ha iniciado la decisiva etapa de implementación. “Ello ha exigido un trabajo mancomunado entre consultores y sus contrapartes en el Consejo que ha demandado tiempo, disposición y enorme dedicación de los equipos involucrados y de nuestras procuradurías fiscales a lo largo de todo el país”. Mencionó como algunas de las consultorías realizadas el rediseño de los procesos de negocio y de gestión de personas; acercamiento y gestión de clientes; gestión de cobranzas; taxonomía y gestión documental; gestión del cambio; estudio de costos; construcción de un propio balanced scorecard; análisis y propuesta para una nueva estructura organizacional e integración de sistemas con el Poder Judicial.

 

Respecto del desarrollo del Programa, Juan Ignacio Piña reveló que “hubo una decisión estratégica, que consistió en hacer avanzar la implementación del Programa al máximo, aun cuando no se contara con recursos adicionales para ello”. Agregó que “el principal riesgo que corre un proceso de modernización es transformarse en un cúmulo de documentos con vocación de estantería. El desafío entonces, era comenzar a ‘hacerlo carne’, a transformarlo en cambios reales, haciendo uso de arrojo, buena voluntad, inquebrantable laboriosidad y mucha, pero mucha, creatividad”, afirmó. “Y aquí se ha puesto a prueba la disposición y la vocación de nuestros funcionarios, cuyo compromiso —permítanme decirlo— ha sido impresionante”, concluyó

 

En lo que se refiere al ámbito de gestión de personas, el Presidente subrayó que “la eficiente gestión de los recursos humanos es fundamental en instituciones como las nuestras, que se soportan casi exclusivamente en las personas. Ellos son el activo más valioso que tenemos y nuestro mayor acervo de conocimiento y experiencia”. En ese sentido, señaló que se han hecho “grandes esfuerzos durante los últimos años para institucionalizar los procesos relativos a las personas en el Consejo, tanto a nivel de políticas como de procedimientos, de modo de fomentar la transparencia y el mérito funcionario. Así, hemos desarrollado una Política de gestión de personas, un Procedimiento de reclutamiento y selección de personal, un Reglamento de gestión del desempeño, un Protocolo de conciliación familiar y laboral y un Procedimiento de prevención, denuncia e investigación y sanción del acoso sexual y del acoso laboral, entre otros”.

 

Especial énfasis le otorgó al diseño e implementación del Programa de Conciliación Laboral y Familiar del CDE, cuya calidad ha sido reconocida por la Dirección Nacional del Servicio Civil, “por la coherencia en su desarrollo, nivel de formalización, participación funcionaria en su diseño y por contar con herramientas o instrumentos para su implementación y seguimiento”.

 

Con relación a los últimos eventos que han tenido al CDE en la palestra pública, Juan Ignacio Piña sostuvo que éstos se han realizado “de un modo fuertemente crítico y —permítanme decirlo— manifiestamente injusto”.

 

“Los resultados de este Servicio son elocuentes. Su independencia y compromiso con la función pública que se le ha encomendado no muestran una sola fisura y, cuando históricamente han podido tener lugar, nos hemos hecho cargo —aunque fuera doloroso— de ellas. En este mismo auditorio, en el Seminario que celebraba nuestros 120 años, el abogado Jorge Correa Sutil decía: “me parece que el Consejo de Defensa del Estado es una institución que puede sentirse orgullosa; al menos yo la miro con una enorme admiración y creo que su experiencia y las razones por las cuáles se ha conducido con profesionalismo debieran ser registradas en un libro, a ver si pudiéramos aprender cómo una institución se mantiene con tan buenos estándares”, recordó.

 

Como parte de esa reflexión, el Presidente del CDE afirmó que aún quedan muchos espacios de mejora en la eficiencia del Servicio, “pero quedan muy pocos espacios en la eficacia, precisamente por sus altísimos estándares y resultados. Y esos indicadores se alcanzan con la forma que tiene el Consejo hoy, luego de una evolución de 120 años y de una última modificación estructural de su Ley Orgánica de 1993 y en cuya conformación legal ninguno de los que aquí estamos tuvo participación”, aseveró.

 

“Cómo todo servicio del Estado, el CDE está abierto y comprometido con su modernización y ha dado muestras de ello durante los últimos cinco años con el programa del que ya hemos hablado, y que fue financiado por el BID y por el Estado de Chile. Es sano y conveniente que las instituciones se auto observen y se revisen, pero la discusión que de ello surja debe acometerse de un modo serio e institucional y no detonado por la contingencia ni por la opinión que legítimamente pueda tenerse de la forma de designación de los consejeros”, expuso.

 

Reseñando el gran intercambio de experiencias internacionales con servicios homólogos del Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Brasil, hizo un llamado a poner “todo ese acervo de conocimiento a disposición para sostener un debate serio y en los cauces institucionales correctos, como corresponde a una preocupación de Estado”. Una discusión de esta naturaleza, indicó, “debería abordar, desde los mecanismos de designación de los consejeros y la duración de sus cargos, hasta la dotación e infraestructura necesaria para responder a las nuevas necesidades judiciales, la participación del Consejo en la defensa internacional del Estado, tanto en materia patrimonial como en materias de Derechos Humanos, y un acotado etc. En muchas de estas discusiones seremos incumbentes y, por ello, ha de primar la prudencia y el recato, pero prescindir del Consejo es como no preguntarle por los síntomas al paciente” afirmó.

 

“A esta Institución no le regalan sus resultados. Esta es una institución en la que se trabaja y se trabaja mucho, con compromiso, con vocación de servicio público y, además, con mucho cariño. Desde nuestros consejeros a nuestros apreciados auxiliares”.

 

Desde otra perspectiva, afirmó que el CDE tampoco puede, “ni en el marco de esta discusión ni en ningún otro, verse influido por los intereses del sistema político, de cuyos vaivenes no es ni siquiera espectador. Que nadie se llame a error, el Consejo de Defensa del Estado no lo ha hecho nunca y no lo hará tampoco ahora. Nadie debe acostumbrarse nunca al buen funcionamiento de las instituciones, pues en ese momento dejan de cuidarse. Y como ha dicho Ferguson, las instituciones no son capaces de cuidarse solas. Su custodia es deber de todos y, precisamente, son estos momentos en los que esos compromisos se ponen a prueba. Deben poder hacer su trabajo sin prisa, pero sin pausa, de modo que sus acciones estén perfecta y serenamente alineadas con el mandato que han recibido. Eso es lo que debe esperarse de ellas”.

 

Al término de su discurso, Juan Ignacio Piña agradeció a todos y cada uno de los funcionarios que conforman el Consejo de Defensa del Estado, “por el apoyo leal durante estos años. Las diferencias de opinión y el cumplimiento de nuestros distintos roles nunca nublaron los objetivos comunes que a todos nos inspiran”. Asimismo, destacó la respetuosa relación establecida con las asociaciones de Abogados y de Funcionarios,  que calificó como “de las más estrechas y comprometidas que he conocido en el sector público”.

 

Por último, cerró el último discurso de su mandato como Presidente del Consejo de Defensa del Estado, sosteniendo que haber sido el 29º presidente del Organismo “ha sido el privilegio y el honor profesional más grande que he tenido en mi vida. Espero sinceramente haber estado a la altura”.

 

 

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