El año 2020 desafió la forma habitual de realizar el trabajo a cargo de las distintas áreas, unidades y Procuradurías Fiscales del CDE a lo largo del país. Para asegurar la continuidad y el cumplimiento de su misión, resguardando la salud de sus funcionarias y funcionarios, adoptó la modalidad de trabajo a distancia, reorganizó sus procedimientos internos, fortaleció el trabajo colaborativo y coordinó sus actuaciones ante los tribunales.
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Principales cifras institucionales 2020: dotación; estadísticas de asuntos judiciales y extra judiciales según materia y distribución regional; resultados de la gestión financiera.
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El CDE mantuvo un significativo estándar de eficacia en la defensa judicial de los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado en 2020, lo que se representó en una tasa de resultados favorable para el Fisco.
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Bajo la dirección de su Comité Contencioso Administrativo, el CDE ejerció la defensa de las atribuciones y potestades de autoridades e Instituciones públicas en un significativo volumen de acciones constitucionales que intentaron impugnar las resoluciones adoptadas en el contexto de las movilizaciones sociales y, luego, de la pandemia.
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A través de su Comité Civil, el CDE continuó fortaleciendo la defensa del interés y del patrimonio público en juicios que involucran significativas cuantías y ejerció acciones para proteger los bienes nacionales de uso público para asegurar su uso en beneficio de toda la comunidad.
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Por medio de su Comité Laboral Medioambiental, el CDE desarrolló un arduo trabajo para asegurar la reparación de daños provocados al medioambiente y proteger el patrimonio natural, histórico y cultural del país. Entre la diversidad de asuntos a su cargo, el Comité abordó numerosos juicios en materia laboral, reclamaciones por expropiaciones e intervino en impugnaciones de licitaciones ante los Tribunales de Contratación Pública y de Defensa de la Libre Competencia.
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Bajo la dirección de su Comité Penal, el CDE intervino en procesos judiciales en que se obtuvieron condenas o se están investigando graves delitos de corrupción. Simultáneamente, ejerció sus atribuciones para perseguir a funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, vulneraron los derechos de las personas, y a quienes dañaron bienes públicos y/o fiscales.
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Redoblando sus capacidades y privilegiando el uso de mecanismos telemáticos, el CDE logró reactivar numerosas audiencias suspendidas como consecuencia de la pandemia, asegurando la continuidad del Servicio de Mediación en Salud mediante un procedimiento seguro para usuarios, mediadores y funcionarios sanitarios.
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El CDE apoyó el fortalecimiento de las defensas fiscales y la definición de sus actuaciones penales mediante iniciativas de formación y capacitación, con especial foco en el proceso de litigio. Asimismo, la emisión de publicaciones jurídicas, compendios normativos e informes en derecho robustecieron el diseño y elaboración de sus estrategias judiciales.
Sus Procuradurías Fiscales concretaron actividades de relacionamiento y colaboración con servicios y organismos afines y colaboraron activamente en la formación de futuros litigantes.
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El CDE diagnosticó tempranamente la necesidad de modernizar sus procedimientos e inició, en 2012, un profundo trabajo para el fortalecimiento de su capacidad jurídica y judicial. A la fecha, ha estandarizado sus procesos internos e implementado nuevos modelos de trabajo en 12 de las 17 Procuradurías Fiscales del país.
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