24.09.2018 “No existen experiencias mundiales de esta índole, en que el principio de soberanía directa se manifieste de forma tan certera en un asunto de alta complejidad jurídica y científica. Ésta ha resultado ser una experiencia fundamental de aprendizaje para el Consejo de Defensa del Estado, debido a la trascendencia que involucra lograr medidas de reparación afianzadas en la participación ciudadana”, dijo el Abogado Procurador Fiscal de Valdivia, Natalio Vodanovic, al año siguiente de la sentencia emanada del Primer Juzgado de Valdivia, que en julio de 2013 puso término a nueve años de litigación por la destrucción del ecosistema del humedal Río Cruces y Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la Región de Los Ríos.
El tribunal de primera instancia acogió la demanda de reparación ambiental presentada por el CDE en contra de Celco S.A. –hoy Arauco– a quien se condenó a la reparación del ecosistema afectado y al pago de una indemnización de perjuicios. Ese año, el Consejo recaudó efectivamente para el Estado de Chile 2.600 millones de pesos obtenidos mediante transacción suscrita entre las partes en relación al monto de indemnización.
En el marco del cumplimiento de la sentencia reparatoria, el Consejo de Defensa del Estado desarrolló –en conjunto con Arauco, agentes públicos y organizaciones de la sociedad civil de la región afectada– un inédito plan participativo, académico, técnico y social que, a través de una alta participación ciudadana, ha logrado el diseño y ejecución de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal. Se consensuó, además, el destino de otros 2.600 millones de pesos para proyectos comunitarios en Valdivia, proceso en donde el CDE, a través de su Procuraduría Fiscal, desempeñó un importante papel en la concreción de los acuerdos alcanzados.
Transcurridos cinco años del dictamen judicial, éste se ha ido ejecutando de forma exitosa y participativa, como resultado de la colaboración conjunta de Arauco, científicos y académicos, miembros de la comunidad y el Consejo de Defensa del Estado, como contraparte pública.
“La creación y desarrollo de un Consejo Científico y Social como medio participativo para el diseño en detalle de las medidas de reparación ordendas genéricamente por la sentencia, fue una experiencia nueva e impactante, que implicó un año de trabajo para una veintena de personas (…), cuyas discusiones semanales fueron muchas veces intensas, pero siempre con la voluntad de continuar y llegar a acuerdos. Al final se evidenció una actitud colaborativa, tanto de la empresa como de los agentes fiscales y de la misma comunidad”, señaló el Abogado Procurador Fiscal Natalio Vodanovic.
Respecto del camino recorrido desde la dictación de la sentencia, el integrante del Movimiento Acción por los Cisnes José Araya indicó que dicha organización civil “valoró altamente el trabajo del Consejo de Defensa del Estado en esta causa. Nos consta la motivación, la diligencia que se tuvo de parte del equipo del CDE para llevarla adelante, buscando siempre lograr una sentencia condenatoria que diera cuenta de la responsabilidad de la empresa en el daño ambiental causado en el río Cruces”.
La importancia que tuvo el fallo alcanzado por el CDE es que “permitió a la comunidad valdiviana acceder a algo de justicia que la gente esperaba que ocurriera con el río Cruces”, señaló Araya. Y agregó que, con la sentencia, “se logró un propósito muy importante, que marca un antes y un después respecto de cómo este conflicto es percibido hoy por la comunidad valdiviana, así también de cómo es percibida Arauco como empresa por nuestra comunidad. Todos sabemos que uno de los grandes efectos que provocó el conflicto de los cisnes –y que marcó una diferencia también para otras problemáticas ambientales existentes en el territorio nacional– fue que las empresas debieron dar un tranco más rápido en sus condiciones ambientales de operación y contar con profesionales que tuvieran mayor conciencia ambiental de los lugares en los cuales están interviniendo”, sostuvo.
Desde el punto de vista de la conformación del Consejo Científico Social, –Araya señala que el Movimiento valoró muchísimo que su creación contara con la participación del CDE y de Arauco, como contrapartes judiciales”. En ese sentido, subrayó que “fue destacado transversalmente como un espacio inédito la discusión, con representantes de distintos ámbitos compuesto por los servicios públicos, las contrapartes judiciales, los movimientos ciudadanos, la academia, respecto de cómo se iba a ejecutar una sentencia que tenía seis medidas. Una de ellas la multa fiscal y, otras cinco, que había que definir qué significaban: cuál sería el significado de realizar un diagnóstico, de ejecutar un monitoreo ambiental, de qué se trataba un centro de humedales, un plan de desarrollo comunitario, así como el Humedal Centinela, que es esta piscina artificial que se encuentra en construcción”.
José Araya sostiene que “todo ello es bastante inédito. No existe otra experiencia como ésta donde se conforma una mesa de trabajo transversal para darle contenido a una sentencia judicial. Eso también significó que algunas de las medidas dictaminadas por el tribunal tuvieran un derrotero muy distinto, por cuanto los niveles de participación y discusión de cómo se ejecutarían generaron mejores términos de referencia para su concreción”. “No hubiera sido lo mismo –señaló– si la ejecución de la sentencia hubiera quedado sólo en manos de la empresa que tiene que cumplirla, y sólo ellos hubieran determinado cómo se iban a ejecutar estos cinco puntos”.
