07.09.2018 “La corrupción es grave”, sostuvo la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, porque constituye “un atentado, una traición a la confianza del país en su conjunto, que no se puede tolerar”, afirmó, al presentar el segundo módulo del Taller “Herramientas para combatir la corrupción”, organizado por el Servicio Civil, ChileCompra y el CDE, con el patrocinio de la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ante un auditorio conformado por alrededor de 200 funcionarios y directivos públicos, la Presidenta del CDE señaló que es necesario considerar, no solamente la dimensión monetaria del patrimonio fiscal, sino también su “valor simbólico, pues representa el resultado material, tangible de un esfuerzo de trabajo productivo nacional, de la generación presente y de las que nos han precedido. Todos los chilenos han contribuido y seguimos contribuyendo con nuestro aporte, en la confianza de que será destinado al bien de todos”, indicó.
El segundo módulo del taller realizado el lunes 3 de septiembre se orientó a revisar los sistemas de integridad pública y las maneras en que puede verse afectado el patrimonio fiscal. En representación del Consejo participó el Abogado Consejero e integrante del Comité Penal del Organismo, Daniel Martorell; quien estuvo acompañado por la Directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, y por la Encargada de Códigos de Ética y de Integridad del Servicio Civil, Daniela Carrizo. El cierre de la actividad estuvo a cargo de la Directora General del Consejo para la Transparencia, Andrea Ruiz.
La Subcontralora General de la República, María Soledad Frindt, sostuvo que su convicción respecto del fenómeno de la corrupción es que hoy existen más y mejores herramientas para poder combatirla. “Creo que hoy contamos con distintos medios para hacerle frente que no existían hace diez años”. En primer lugar, indicó, “tenemos conciencia, las entidades públicas, de la necesidad de agruparnos para poder combatirla y, testimonio de ello, es que estemos reunidos hoy acá”. Añadió que en ese esfuerzo se ha sumado a las organizaciones de la sociedad civil, “porque sabemos que el fenómeno de la corrupción es de suyo tan complejo”, que las distintas entidades no son capaces de combatirlo por sí solas; “sólo producto de la asociación público-privada vamos a lograr hacerle frente”, afirmó.
Con ese propósito, añadió Frindt, “la Contraloría está preocupada de acercar a la ciudadanía, a través de nuestro centro de estudios de la administración, donde impartimos cursos a la sociedad civil, tenemos programas de “jóvenes contralores”, de “contralores ciudadanos” e, incluso, certificamos a aquellos privados que quieran acercarse a aprender del tema”. En segundo lugar, indicó, “contamos con tecnologías que no teníamos en el nivel de desarrollo que tenemos hoy”. Finalmente, como tercera herramienta, señaló que hoy se cuenta con “una sociedad empoderada. Una sociedad que está consciente de sus derechos, una sociedad que nos está mirando y que nos está exigiendo día a día adecuarnos a los criterios de probidad que ha reconocido como necesarios de cautelar y de proteger”.
Entre las materias que desarrolló durante el taller, el Consejero Daniel Martorell precisó el concepto de funcionario público para el derecho penal, que difiere del utilizado por el derecho administrativo o por otras ramas del derecho, y explicó en qué consiste al delito de negociación incompatible. Al respecto, indicó que éste se configura cuando un funcionario público toma interés en un contrato o en cualquier operación en que deba intervenir en razón de su cargo. “El verbo rector que permite verificar el delito es tomar interés y, como segunda modalidad, dar interés a determinadas personas que están relacionadas con el funcionario”. El Consejero dio a conocer el grupo de personas que, para efectos penales, conforman ese ámbito, ya sea por relación de parentesco o por la existencia de otros tipos de vinculaciones, como los socios de una determinada sociedad o parientes que puedan vincularse con ellos.
“Una tercera modalidad –indicó el Consejero– se concreta cuando el funcionario público ejerce una influencia respecto de otro funcionario para obtener una decisión favorable, ya sea en favor de sus intereses o de los intereses de las personas anteriormente mencionadas”. Martorell precisó que la negociación incompatible constituye un delito de mera acción, “vale decir, el delito se verifica por tomar o dar interés y no requiere un resultado. Y eso es importante porque el tipo penal asociado no exige la producción de un resultado, ni de un perjuicio. Incluso, existen casos en donde tomar interés o dar interés podría significar un beneficio para el ente fiscal. No obstante eso, se le sigue considerando un delito”, subrayó.
Respecto del bien protegido que se ve vulnerado producto de delitos de carácter funcionario –en este caso, el de negociación incompatible– el Consejero señaló que la jurisprudencia ha establecido que lo que debe ser sancionado es el hecho de que el funcionario público ha preferenciado un interés particular respecto de un interés público, que debía cautelar y defender.
Precisamente, en su discurso de introducción, la Presidenta del CDE señaló que “la corrupción importa un costo altísimo para el Estado. Primeramente, hay un costo en la buena imagen, la reputación, el buen nombre de la institución o servicio de que se trate. La corrupción daña, debilita la confianza del público y, con ello, la legitimidad de esa institución, la priva del poder que debe tener para cumplir su fin social. Y la falta de confianza, de legitimidad, en suma, de credibilidad, entorpece y dificulta que esa institución pueda cumplir eficazmente sus fines”.
Se trata de un fenómeno que constituye una amenaza y problema permanente de toda la organización estatal –prosiguió– que “exige una acción igualmente constante que la controle y neutralice. No es de aquellos males que se conjuran de una vez y para siempre. Es también expansiva, pugna por crecer, y contagia. Además, es multifacética en sus manifestaciones, que van de lo burdo y evidente hasta lo sutil y sofisticado. Muta, se adapta, cambia de forma, se acomoda e infiltra por los intersticios que dejan la deficiente legislación, la burocracia excesiva e innecesaria, el secretismo y, particularmente, la ausencia de controles o su debilidad”, detalló.
Manaud fue enfática al afirmar que la corrupción es “lo más opuesto a la función pública y al bien común, fin último y único del Estado. Se trata de un fenómeno tenaz y complejo. Combatirla es, por tanto, una tarea que nunca concluye, ingente y que demanda el empleo de múltiples controles, desde alertas tempranas hasta castigos severos, y también un grado de creatividad y anticipación”, puntualizó.
Respecto de la afectación al patrimonio fiscal que produce la corrupción, la Presidenta del CDE se refirió a la gravedad de la situación, que se traduce en “caminos que no se construyen o pavimentan; puentes que colapsan; fiscalización que no se realiza; dotaciones insuficientes; funcionarios mal remunerados; pobreza que no se erradica; desarrollo que no se alcanza”. A ello se añade un correlato que impacta en la imagen y percepción internacional del país: “una mala imagen ante la comunidad de naciones disminuye su prestigio, su liderazgo y peso político relativo en la región y el mundo. Y también afecta la confianza internacional, desincentiva la inversión extranjera, lo que se traduce en menos fuentes de trabajo y menor recaudación de impuestos”.
El desvío de los bienes públicos hacia fines privados tiene un impacto concreto, y es medible en dinero, indicó María Eugenia Manaud. Como ejemplo de ello, se refirió a los procesamientos y formalizaciones en la causa del fraude perpetrado por funcionarios del Ejército, coludidos con proveedores particulares, con recursos de la “Ley Reservada del Cobre”, que ha representado para el Fisco de Chile un perjuicio patrimonial de más de 16 mil millones de pesos.
Asimismo, mencionó los procesamientos y formalizaciones en la causa del fraude cometido por altos oficiales y suboficiales de Carabineros, coludidos con particulares, con recursos institucionales, que ha significado un perjuicio al patrimonio fiscal que alcanza a casi 28 mil millones de pesos. “Sumadas, estas cantidades llegan, hasta ahora, a la cifra de $44.152.193.258, aproximadamente 65 millones de dólares” afirmó.
“En ambos casos, el Consejo que presido debió intervenir como querellante por delitos funcionarios. Los responsables serán sancionados; pero ¿cuánto han perjudicado a las instituciones?; ¿cuánto bien público, obras de adelanto o política social, se han dejado de hacer?”, finalizó.
El Consejo de Defensa del Estado forma parte de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, asociación que en Chile reúne a 28 organismos públicos, privados y de la sociedad civil organizada, encabezada por la Contraloría General de la República. La iniciativa tiene la finalidad de difundir y avanzar en la implementación de la mencionada Convención en el país mediante acciones concretas y promoviendo el desarrollo y entrega de buenas prácticas a nivel interinstitucional.
Visite el sitio de la alianza en www.alianzaanticorrupcion.cl.
