REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Fecha Creación: 15/09/2009  
FALLO JUDICIAL






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Vía de PublicaciónIntranet, Internet
Estado
 

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Ordenados PublicarNo
PartesOWEN LARRAIN JOHN CON LAN AIRLINES S.A.
DescriptoresContrato de transporte aéreo internacional (tribunal competente para conocer controversias- infracción a los derechos del consumidor )- Cosa juzgada - Debido proceso (derecho a defensa) - Principio de inexcusabilidad
Legislación AplicadaConvenio de Varsovia- Constitución Política de la República (arts. 19 Nº 3 y .76) - Ley Nº19.496 sobre derechos del consumidor (arts. 2 bis, 50 A, 50 B y 51 ) – Código de Procedimiento Civil (arts. 83 y 256)
DoctrinaQue para una adecuada comprensión del asunto, se hace necesario efectuar una reseña de los antecedentes del proceso:
Durante el mes de febrero del año 2005, los demandantes dedujeron idéntica demanda a la que es objeto de estos autos ante el Primer Juzgado de Policía Local de Pudahuel, en la cual relatan los mismos hechos que justifican la indemnización de perjuicios que pretenden, con motivo de un contrato de transporte aéreo internacional, basados en el incumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.
La aludida demanda fue acogida a tramitación y habiéndose hecho parte en dicho proceso la demandada Lan Chile, solicitó la nulidad de todo lo obrado alegando la incompetencia absoluta del tribunal, porque, a su juicio, se encontraba la materia regulada expresamente por una ley especial, cual era, en su parecer, el Código Aeronáutico, situación que conllevaba, según afirmaba, a excluir el ámbito legal sobre la controversia del contexto de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor siendo, en consecuencia, únicamente competente para conocer de dicho debate un Juez de Letras en lo Civil de la ciudad de Santiago.
Mediante sentencia de de 30 de junio de 2005 el tribunal a quo acogió el incidente de nulidad de todo lo obrado por incompetencia absoluta del tribunal y ordenó a los actores ocurrir ante quien correspondiera.
Apelado dicho fallo por la parte demandante, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 8 de marzo de 2006, lo confirmó, encontrándose dicha resolución a la fecha ejecutoriada.
La demanda de autos, fue presentada a distribución en la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de noviembre de 2006 y la providencia que recayó sobre ella -el 7 de diciembre de ese año-, negó lugar a su tramitación por considerarse el tribunal incompetente para conocer de la materia, conforme a lo dispuesto en los artículos 2º bis. 50 A, 50 B y 51 de la Ley Nº19.496, de Protección de los Derechos del Consumidor y, en consecuencia, ordenó a los actores ocurrir ante quien correspondiera.
Apelada dicha resolución por los demandantes, quienes señalaron latamente en su recurso la situación particular acaecida con anterioridad ante el Primer Juzgado de Policía Local de Pudahuel, acompañando al efecto copia de todo lo obrado, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 9 de noviembre de 2007, que se lee a fojas 89, la confirmó;
Que el artículo 76 de la Constitución Política de la República prevé que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley", añadiendo su inciso segundo que "Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión.".
Por su parte, el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental garantiza a todas las personas "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos" y que "Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.".
Por otro lado, no puede sino considerarse el ejercicio abusivo que se ha podido constatar por parte de la juez a quo, al declarar de oficio su incompetencia absoluta, en una cuestión, en la que se le explicaba que el asunto correspondía a un conflicto que involucraba la aplicación de las normas del Pacto de Varsovia, tratado de aplicación en nuestro país y en el cual se establece la competencia de los tribunales ordinarios para resolver las divergencias que pudieran suscitarse con motivo de un contrato de transporte aéreo internacional, que era lo que precisamente alegaban los actores, demandando al efecto una indemnización por los perjuicios sufridos en un viaje contratado con la demandada. De tal modo, la juez no pudo, en esta situación de duda, rechazar la demanda y negar derechamente la pretensión de los demandantes, con lo cual aparece en evidencia un error manifiesto en la aplicación de lo previsto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil que importa, además, un quebrantamiento de lo prevenido en el artículo 256 del código aludido, que permite al juez no dar curso a la demanda de oficio, sólo en los casos indicados en los Nºs 1, 2 y 3 del artículo 254 del referido texto legal;
Que tal como se desprende irrefutablemente de los antecedentes detallados en el motivo primero, existía en la especie una sentencia firme y ejecutoriada que estableció, que para el caso en concreto sometido al conocimiento y resolución de los tribunales establecidos por la ley, resultaba "absolutamente incompetente" el Primer Juzgado de Policía Local de Pudahuel, situación que originó la interposición de la presente demanda ante un Juzgado de Letras en lo Civil y que debió ser atendida por los sentenciadores del fondo para sopesar que una interpretación de la normativa legal vigente, del modo en que fue efectuada, conllevaba para los demandantes una verdadera denegación de justicia, toda vez que se impedía con tal decisión su derecho de acceso a la justicia;
Que en el contexto de lo señalado, aparece de manifiesto en la resolución reclamada el apartamiento a los principios constitucionales del debido proceso, que privilegian la opción de posibilitar el derecho de defensa antes que limitarlo, como ha ocurrido en este caso., Así, resulta indiscutible que la sentencia impugnada entrabó la posibilidad de los actores de ejercer su derecho a someter el conflicto de autos -en lo que a ellos empece- a la decisión de los tribunales competentes, esto es su derecho de acción y de defensa, consagrado en el artículo 19 Nº 3 inciso primero de la Constitución Política de la República, toda vez que existiendo una sentencia firme y ejecutoriada que privó de competencia absoluta a los Juzgados de Policía Local, debieron los sentenciadores, en consideración al principio de inexcusabilidad que debe inspirar sus actuaciones, haber acogido regularmente a tramitación la demanda de autos, ajustando el procedimiento.
Se acoge el recurso de casación en el fondo,
Rol1753-2008
Área del Derecho
Derecho Procesal
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RecursosCasación en el fondo
Fecha06-04-2009
Tribunal

Corte Marcial - Santiago; Cortes de Apelaciones - Antofagasta; Cortes de Apelaciones - Arica ; Cortes de Apelaciones - Chillán; Cortes de Apelaciones - Concepción; Cortes de Apelaciones - Copiapó; Cortes de Apelaciones - Corte de Apelaciones (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago); Cortes de Apelaciones - Corte de Apelaciones (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso); Cortes de Apelaciones - Corte De Apelaciones De Puerto Montt; Cortes de Apelaciones - Coyhaique; Cortes de Apelaciones - Iquique; Cortes de Apelaciones - La Serena; Cortes de Apelaciones - Puerto Montt; Cortes de Apelaciones - Punta Arenas; Cortes de Apelaciones - Punta Arenas ; Cortes de Apelaciones - Rancagua; Cortes de Apelaciones - San Miguel; Cortes de Apelaciones - Santiago; Cortes de Apelaciones - Talca; Cortes de Apelaciones - Temuco; Cortes de Apelaciones - Valdivia; Cortes de Apelaciones - Valparaíso; Tribunales Civiles - 1er Juzgado Concepción; Tribunales Civiles - 1er Juzgado Santiago; Tribunales Civiles - 1er Juzgado Valparaíso; Tribunales Penales - 1er tribunal Penal de Concepción; Tribunales Penales - 1er tribunal Penal de Santiago; Tribunales Penales - 1er tribunal Penal de Valparaíso
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Corte Suprema
MagistradosSeñores Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Juan Araya E. Guillermo Silva G. y Abogado Integrante Señor. Jorge Medina C.
AbogadoEl CDE no fue parte en esta causa..
ObservacionesS/O

Estado Procesal

Ejecutoriado
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