08.07.2020 Con premura avanza la mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Poder Judicial para generar recomendaciones en materia de competencias civil, laboral y de familia, que servirán de base de un anteproyecto de ley que permita otorgar soluciones para evitar la sobrecarga de trabajo del sistema de justicia y asegurar las condiciones adecuadas para su funcionamiento, una vez concluya la emergencia sanitaria.
Lo anterior, al concretarse el término de la vigencia de la ley N° 21.226, que suspendió audiencias y plazos y cuya duración está ligada al actual estado de excepción constitucional decretado a raíz del COVID-19.
Convocado por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado es representado por la Abogada Jefe de la División de Defensa Estatal, Mariana Valenzuela, la Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, Ruth Israel, y la Abogada Litigante Lorena Lorca. En representación de la Corte Suprema integran la Mesa la Ministra Rosa María Maggi, el Director de la Dirección de Estudios, Alejandro Soto, junto al Jefe de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mario Lara. Además, están representadas las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Colegio de Abogados y la Academia. Precisamente, Ana María Hübner, Abogada Consejera del CDE, fue invitada a participar en el ámbito de la justicia de familia, área jurídica en que es especialista.
Para asegurar que las propuestas que el Consejo presentó a la Mesa recogieran todos los aspectos que el Organismo visualiza como necesarios de considerar en el proyecto de ley que dicha Cartera ingresará al Congreso, Mariana Valenzuela revisó junto a los Abogados Procuradores Fiscales las dificultades y particularidades que se prevé ocurrirán al reiniciarse las audiencias. A partir del diagnóstico y del intercambio de experiencias y puntos de vista surgieron ideas propositivas relativas a modificaciones legales –permanentes y transitorias-, y otras referidas al área de gestión administrativa del Poder Judicial, que fueron propuestas por el CDE, previo conocimiento del Consejo Pleno y autorización de su Presidente, Juan Peribonio.
En ese sentido, el Presidente Peribonio subrayó el reconocimiento que se hace a la misión y labor que corresponde desempeñar al Organismo, “al pedírsele participar de esta instancia de trabajo cuyo propósito es aminorar retrasos en la tramitación de las causas y su consecuente impacto en el interés público y en el de miles de ciudadanas y ciudadanos”.
Por su parte, la Abogada Jefe de Defensa Estatal sostuvo que ha resultado interesante el alto grado de coincidencia alcanzado en las propuestas presentadas por las Instituciones participantes y la disposición por incorporar prácticas en la gestión judicial que serán positivas para el sistema.
“Quienes formamos parte del equipo que representa al CDE en esta Mesa hemos sostenido varias reuniones de trabajo desde que se creó la instancia, el pasado 18 de junio, porque compartimos la urgente necesidad de definir un plan de acción efectivo que aminore en todos los aspectos que sea posible el colapso del sistema de justicia, una vez se reactiven los juicios que se encuentran suspendidos”, explicó.
La Mesa concluirá su trabajo a fines de este mes para presentar un proyecto de ley, en agosto, que se espera sea aprobado por el Congreso Nacional antes que concluya la vigencia de la ley N° 21.226.
