14.08.2018 Cerca de 300 directivos y profesionales de distintos organismos públicos participaron ayer 13 de agosto en el taller “Herramientas para gestionar el control de la corrupción”, organizado por el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio Civil, con el patrocinio de la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
El CDE, representado por el Abogado Consejero y miembro del Comité Penal del Organismo, Daniel Martorell Correa, forma parte de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, asociación que reúne a 28 organismos públicos, privados y de la sociedad civil organizada. La iniciativa tiene la finalidad de difundir y avanzar en la implementación de la mencionada Convención en Chile mediante acciones concretas y promoviendo el desarrollo y entrega de buenas prácticas a nivel interinstitucional.
“La lucha contra la corrupción también pasa por la debida capacitación de los funcionarios del Estado para que cuenten con todas las herramientas necesarias que le permitan realizar de la mejor manera la función pública. Para el Consejo de Defensa del Estado es esencial, no solo desarrollar un rol importante y protagónico en este tipo de iniciativas de formación, sino generar, a través de ellas, las alianzas con los demás servicios públicos que lo hagan participe de la estructura que el tema actualmente demanda”, indicó el Consejero Martorell.
Bajo una metodología práctica, el Consejero del CDE participó –junto a la Subcontralora General de la República, Dorothy Pérez, y al jefe de la División Jurídica y de Asuntos Institucionales del Servicio Civil, Francisco Silva– en el análisis de un caso ficticio que daba cuenta de un supuesto conflicto de interés al cual podrían verse expuestos funcionarios de la administración del Estado.
En la presentación del taller, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, destacó lo importante que es “generar alianzas entre integrantes del sector público y privado cuando se trata de luchar contra la corrupción”. Agregó que ante un foro como el allí reunido “tiene sentido hablar sobre la lucha contra la corrupción, sobre la vigencia del principio de probidad, o sobre la vigencia de la integridad pública como valor. Y ello tiene sentido porque, desgraciadamente, el flagelo de la corrupción es un flagelo que va mutando y permite que conductas que nos parecían normales, miradas bajo el cedazo de la probidad, se vean ahora como conductas reñidas con ese principio”.
Por su parte, la Representante Residente Adjunta y coordinadora programática del PNUD en Chile, Marcela Ríos, explicó la labor que desarrolla la Alianza Anticorrupción e indicó que la valoración que el PNUD y el Sistema de Naciones Unidas otorga al combate de la corrupción es un tema esencial, “no sólo porque es un ámbito que nos compete en términos del fortalecimiento de la gobernabilidad, de la democracia y de los Estados, sino que también se le considera esencial para avanzar hacia el desarrollo”. En ese sentido, señaló que la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General y todos los Estados miembros en 2015, plantea como uno de sus objetivos primordiales el fortalecimiento de las instituciones, que incorpora como meta claramente definida el combate a la corrupción, el acceso a la información pública, la probidad y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, entre otras materias.
“Lo importante de esa agenda es que parte de la base de que no es posible avanzar hacia el desarrollo sin cerrar los espacios y disminuir la cantidad de recursos públicos que hoy día se están fugando debido a la corrupción”. Tampoco –añadió– “sin tener instituciones capaces de tomar decisiones, de diseñar políticas (contra ella) de manera eficiente y eficaz”.
Al inicio de su intervención, el Consejero Daniel Martorell explicó el concepto de empleado público según lo entiende el Derecho Penal, concepto que es diferente al que definen otras vías del derecho. El Derecho Penal lo vincula con el cargo y la función pública, ambas cosas ligadas a las instituciones públicas que el artículo 260 del Código Penal establece.
“Cuando se piensa que está detrás para que el legislador haya sancionado este tipo de conductas y por qué se está haciendo un esfuerzo por aumentar las penas de este tipo de ilícitos uno entiende que se trata de un cáncer de la estructura social que va contaminando todo”. En esa línea, afirmó que “los actos de corrupción generan graves efectos en los principios de equidad, de igualdad, de oportunidad, los que son vulnerados profundamente”.
Respecto del aumento de penas para este tipo de delitos, sostuvo que si bien su opinión es que ello no apunta a generar un freno inhibitorio para la comisión de dichas acciones, éstas deben ser aumentadas en razón a “la gravedad que estos hechos tienen, porque el bien jurídico protegido que se ve vulnerado merece una pena mayor y acorde con la gravedad de la situación”.
El segundo módulo del taller se realizará el lunes 3 de septiembre, en el Salón Auditorio del Edificio Bicentenario, ubicado en el piso -1 de Teatinos 90, Santiago.
