29.04.2020 El pasado 23 de abril, el Consejo de Defensa del Estado presentó una ampliación de querella contra los ex ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emiliano Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández, por los delitos de nombramiento ilegal –en el caso de ambos– y, adicionalmente, por el delito de negociación incompatible y estafa procesal, en el caso de Vásquez. Precedentemente, atendida la gravedad de los hechos denunciados y tras el estudio de los antecedentes contenidos en la investigación seguida por el Ministerio Público, el CDE había deducido querella criminal en contra del ex ministro Elgueta por el delito de prevaricación judicial, de acuerdo a una serie de conductas ilícitas que le fueron imputadas en abierta oposición a los deberes de su cargo.
Según los antecedentes considerados en la ampliación de la querella, ambos jueces favorecieron el nombramiento de Karla Vásquez, hija del ex ministro ahora querellado por el CDE, como consejera técnica en distintos juzgados de la Región de O`Higgins. Con ese propósito, Elgueta habría dictado once resoluciones para que la beneficiada asumiera dicho cargo, en el cual fue designada por su padre en 2017, cuando ejercía como Presidente de dicha Magistratura.
Respecto del delito de estafa procesal, según consta en la ampliación, durante 2016 Vásquez habría asesorado y coordinado acciones fraudulentas que buscaban beneficiar a un particular que mantenía una alta deuda bancaria por la cual se había establecido el remate de su vivienda. Las gestiones realizadas habrían logrado retrasar la acción judicial del banco, permitiendo que el deudor habitara dicho inmueble por más tiempo del estipulado.
El Ministerio Público formalizó en 2019 a Emiliano Elgueta por el delito de prevaricación judicial y por el de enriquecimiento injustificado de funcionario público y, posteriormente, lo reformalizó por la reiteración de ambos delitos, además de tráfico de influencias y nombramiento ilegal. Hacia fines de año se formalizó también a Marcelo Vásquez por delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, nombramientos ilegales reiterados, estafa procesal y enriquecimiento injustificado de funcionario público.
QUERELLA CONTRA EX PRESIDENTE DE CODELCO
Asimismo, el jueves pasado el CDE se querelló contra el ex Presidente Ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro por el delito de cohecho, y contra el particular José Miguel Julian por el delito de soborno.
Según los antecedentes contenidos en la investigación penal, en 2015, Pizarro habría ejercido directa influencia para que el ex gerente de la División El Salvador asignara de forma directa un contrato de servicios por 22 mil millones de pesos a la empresa de transporte de materiales INDAK, en la que tenía participación Julian.
De acuerdo con los hechos consignados en en la indagatoria, el hijo y nuera del entonces Presidente de Codelco compraron a Julian una propiedad inmobiliaria en un monto ocho veces menor que su correspondiente avalúo fiscal. Lo anterior constituiría, conforme estima el Consejo, un beneficio económico obtenido por Pizarro luego de que la empresa se adjudicara dicho contrato.
