(21.07.2025) El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra funcionarios del Ejército de Chile, y contra quienes resulten responsables, por su participación en calidad de autores de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación para cometer el delito de tráfico, sin perjuicio de otros delitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
La querella del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Iquique, se dirige nominativamente contra siete funcionarios activos del Ejército, un exfuncionario y un particular quienes conformaron una asociación ilícita para ejecutar “un número no determinado de operaciones de tráfico de drogas”, importada desde Bolivia, utilizando para ello una amplia flota de vehículos especialmente acondicionados y adquiridos por la organización para ocultarla de los controles fronterizos en la región, especialmente de aduana. Parte de esta operación, consistía además en su traslado “bajo la modalidad de punta de lanza o vehículos escoltas, desde la región de Tarapacá a la región Metropolitana”, para su comercialización.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, “los miembros de esta organización eran, a la época de ocurridos los hechos, funcionarios en servicio activo del Ejército de Chile, de dotación del 2da Unidad Acorazada “Cazadores”, emplazada en el sector denominado “Regimiento Baquedano”, en las inmediaciones del poblado de Huara de la región Tarapacá, quienes prestaban entre otros servicios, resguardo de frontera y control migratorio en el Sector de Colchane.
Tales antecedentes y de acuerdo con lo constatado en las indagatorias brindó a los imputados “información relevante respecto de la geografía de la zona fronteriza, y los controles militares y policiales en dicha zona, lo cual facilitó el ingreso de la droga y su traslado hasta el lugar de acopio en Alto Hospicio”, desde donde era luego trasladada hacia la capital del país.
En conformidad con lo anterior, para el Consejo de Defensa del Estado estos hechos revisten la mayor gravedad al tratarse de funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones.
