(23.03.2022) El Consejo de Defensa del Estado, interpuso una querella criminal por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco, por la suma de $205.586.304, en el marco de la investigación penal que busca determinar eventuales ilícitos en contratos suscritos por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para la implementación del programa de residencias sanitarias, para enfrentar la pandemia por Covid-19.
La acción penal del CDE se dirige contra los exfuncionarios públicos Orlando Andrés Durán Ponce, entonces jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud ( DIVAP) y contraparte técnica directa del acuerdo, su subalterno D’ Angelo Ignacio Sergio Iasalvatore Silva, y contra Alexandra Andrea González Silva, prima hermana de éste y representante legal de Hotel Clínico SpA, quien a la fecha de la suscripción del contrato se desempeñaba como funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Los antecedentes recabados en la investigación penal y en las conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República darían cuenta de la participación de los querellados en ilícitos cometidos con motivo de la suscripción de un contrato entre dicha Subsecretaría y la sociedad Hotel Clínico SpA, por medio de trato directo, de bienes, servicios o equipamientos necesarios para enfrentar con urgencia la pandemia, delitos que habrían cometido concertados entre ellos y faltando a su deber de funcionarios públicos.
La investigación habría dejado en evidencia que Durán Ponce se encontraría vinculado al Hotel Clínico SpA y a su representante, sin que conste una abstención por parte de ese funcionario o que haya manifestado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales que le afectaba un eventual conflicto de intereses al respecto. Es decir, el querellado Durán Ponce facilitó a Hotel Clínico SpA su propiedad para suscribir un acuerdo, en el cual él tuvo intervención directa.
