CDE INTERPONE SEGUNDA QUERELLA CRIMINAL POR GRAVES DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LICITACIONES DE LUMINARIAS PÚBLICAS Y SE OPONE A ALZAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

09.07.2020 Este lunes el Juzgado de Garantía de San Carlos, en la Región de Ñuble, admitió a tramitación una querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por graves delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, particulares y tres empresas en el contexto de millonarias licitaciones para el recambio de luminarias adjudicadas por la Municipalidad de Chillán.

Se trata de la segunda acción penal interpuesta por el CDE tras la querella presentada el pasado 8 de junio para que se investiguen hechos similares ocurridos en la Municipalidad de Iquique, en la Región de Tarapacá. Ello, tras el operativo ejecutado simultáneamente por el Ministerio Público en ambas comunas, que culminó con allanamientos y detenciones de empleados municipales y particulares por su eventual responsabilidad en graves ilícitos que involucran cuantiosos recursos fiscales.

Por medio de su Procuraduría Fiscal en Chillán, el Consejo se querelló en contra de los particulares León Marcelo Lefort Hernández, gerente y socio de una de las empresas involucradas, y del subgerente de la misma, Pedro Guerra Guerrero, como autores del delito de soborno. En tanto, en contra del administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, y del asesor jurídico y juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez, lo hizo en su calidad de autores de los delitos de cohecho, cohecho para la comisión de otro delito y violación de secreto. Y, conforme con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se querelló por el delito de cohecho en contra de Itelecom Hoding Chile SpA, Itelecom Eficiencia Energética Tres SpA y Go+ Negocios Públicos SpA., empresas que forman parte de un conglomerado que agrupa a otras ocho sociedades.

Previo a la interposición de la querella, el 18 de junio pasado el Juzgado de Garantía de San Carlos concedió la medida cautelar real de retención e incautación de todos los fondos, inversiones, productos financieros y valores depositados en cuentas bancarias de las que son titulares las empresas del grupo Itelecom. Dicha medida fue confirmada por el Tribunal ayer miércoles, tras acoger los argumentos del Ministerio Público y del CDE, quienes se opusieron al alzamiento solicitado por las defensas de las empresas investigadas y del imputado Marcelo Lefort.

Los hechos en investigación

Reiterando la forma de operar utilizada en el proceso licitatorio en la comuna de Iquique, así como –conforme ha establecido la investigación penal-, en otras tantas licitaciones municipales para el recambio de luminarias; los ejecutivos de Itelecom Holding Chile actuaron como representantes de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), la cual, la mayoría de las veces, integró otra empresa del mismo grupo.

En el marco de la necesidad de recambio del alumbrado público por tecnología LED, en febrero de 2019, la Municipalidad de Chillán solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, el financiamiento de dicho proyecto, el que fue autorizado en el mes de mayo en la forma de aportes reembolsables considerados en el “Programa de Inversión para el Desarrollo de las Ciudades”.

Tras el proceso de elaboración de las bases técnicas y el llamado a licitación pública, ocurridos entre los meses de junio y diciembre del año pasado, en abril de 2020 la UTP conformada por las tres empresas querelladas se adjudicó el contrato por un monto de $3.904.326.635, IVA incluido, decisión que fue aprobada por el Concejo Municipal con un voto en contra.

Mediante maniobras similares a las utilizadas en Iquique, los querellados Lefort Hernández y Guerra Guerrero habrían ofrecido dinero a los funcionarios imputados Campos Henríquez y Vallejos Palacios para que éstos, con infracción de los deberes de sus respectivos cargos, realizaran actos ilícitos con la finalidad de favorecerlos y asegurarles la adjudicación de la licitación. En una primera etapa, habría ofrecido beneficios económicos a Campos Henríquez para que les proporcionara antecedentes relacionados con el proceso de adjudicación sobre los cuales debía guardar estricta reserva, así como para que aceptara ejercer influencia sobre otros funcionarios con el objetivo de que sus decisiones favorecieran su propuesta. 

Con posterioridad a la publicación de la licitación, los ejecutivos continuaron accediendo a información clave del proceso, como las reclamaciones formuladas por otras empresas, el estado de decisión sobre las mismas, los posibles inconvenientes que podrían verificarse y los modos de solucionarlos.

De acuerdo con la investigación que desarrolla el Ministerio Público, a comienzos del pasado mes de mayo Marcelo Lefort habría entregado personalmente a Iván Campos Henríquez la suma de $37 millones, que correspondería a una parte del pago del beneficio económico pactado. Recursos que, a su vez, Campos entregaría, en parte, a Ricardo Vallejos Palacios.

Cabe hacer presente que a la fecha el Ministerio Público sustancia diversas investigaciones respecto de hechos similares ocurridos en distintas comunas del país.

 

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