(15.10.2021) El Consejo de Defensa del Estado participó en la audiencia de formalización, realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, del exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa, su cónyuge, María Neira, y el exsubcomisario Eduardo Villablanca, contra quienes se imputan delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, según sea el caso.
En representación del Ministerio Público, los Fiscales Eugenio Campos y Miguel Ángel Orellana dieron cuenta de los principales mecanismos utilizados por ambos funcionarios públicos para la sustracción de fondos fiscales provenientes de gastos reservados de la Institución, de los cuáles, de acuerdo con los hechos de la investigación penal, al menos 146 millones de pesos, sustraídos se habrían depositado en cuentas corrientes del imputado Espinosa y su cónyuge entre 2015 y 2017.
Representado por el Consejero Daniel Martorell y los abogados litigantes de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Gabriela Zúñiga y Diego Acuña, el CDE intervino en las distintas audiencias y en la tercera jornada efectuada hoy viernes exponiendo los argumentos de hecho y derecho que sustentan la solicitud de cautelar pedida contra los imputados, relacionada con la sustracción de dineros de gastos reservados, la falsificación de documentos públicos al rendir cuenta mendaz de los mismos y los actos de lavados de activos formalizados.
Al respecto, el Consejero Martorell indicó que el exdirector de la PDI habría ordenado al coimputado Villablanca depósitos mensuales por cerca de siete millones de pesos en efectivo, por lo que “duplicó su sueldo como jefe policial” entre los años 2015 y 2017, mientras que su cónyuge habría recibido dineros en su cuenta bancaria por montos equivalentes a cerca del 60% de su sueldo. El Consejero señaló que, para hacer ese cálculo, se consideraron únicamente depósitos en efectivo superiores a un millón de pesos y que los 146 millones sustraídos “tienen una trazabilidad directa” en un periodo de 21 meses, con los depósitos efectuados. “Durante casi dos años existieron depósitos mensuales por cerca de siete millones de pesos en efectivo”, afirmó.
En cuanto a las rendiciones falsas presentadas, indicó que “El ejercicio lógico que hay que hacer es tomar las declaraciones de los jefes de las unidades de la PDI que declaran haber recibido gastos reservados y compararlas con los documentos públicos que el imputado Espinosa presentó ante la Contraloría General de la República. observándose que, incluso, las diferencias van más allá de los 146 millones de pesos.”, aseguró.
En representación del interés público, el Consejero Daniel Martorell hizo hincapié en la gravedad de los delitos que se investigan desde el punto de vista de las acciones que esa Institución dejó de realizar como consecuencia de las sustracciones: “Los gastos reservados tienen una destinación que va en beneficio de la sociedad, porque tienen como propósito directo combatir la delincuencia, entonces yo me pregunto, a partir de estas sustracciones, cuántas medidas que pudieron evitar actos de delincuencia dejaron de verificarse”.
Tras presentar detalladamente los fundamentos del Consejo, el Consejero Martorell indicó al Tribunal que el Organismo adhirió a la medida cautelares de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para Espinosa y de su cónyuge de arresto domiciliario nocturno parcial y arraigo nacional; discrepando de lo solicitado para el imputado Villablanca, contra quien pidió decretar, también, prisión preventiva, por considerar que sería autor y no cómplice de los supuestos delitos investigados.
Tras escuchar a todos los intervinientes, el Tribunal decretó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y el CDE respecto de Héctor Espinoza y su cónyuge María Neira, fijó arresto domiciliario total contra Eduardo Villablanca y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.
