21.08.2018 El Consejo de Defensa del Estado participó en calidad de querellante en la audiencia de formalización de cargos por el delito de fraude al Fisco, bajo la modalidad de fraude de subvenciones, contra el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami Gumucio, realizada ayer lunes 20 de agosto en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En dicha instancia, el Ministerio Público también comunicó al ex candidato y a su entonces asesor de campaña electoral, Cristián Warner Villagrán, que son objeto de investigación por hechos constitutivos de delitos tributarios reiterados del artículo 97 número cuatro, inciso final del Código Tributario.
A través de la abogada penalista María Teresa Muñoz, el Consejo de Defensa del Estado se hizo presente en la audiencia en que la fiscal de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, comunicó a Enríquez-Ominami la investigación que se sigue en su contra por el delito de fraude al Fisco, bajo modalidad de fraude de subvenciones del artículo 470 número 8, con relación al artículo 467, inciso final, del Código Penal. Tras la relación de los hechos que –en opinión del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado son constitutivos del delito mencionado– la fiscal indicó que éste se encuentra consumado y que se le atribuye al imputado participación en calidad de autor.
El CDE presentó querella criminal con fecha 28 de octubre de 2016 por el delito previsto y sancionado en el artículo 470 número 8 del Código Penal, contra Marco Antonio Enríquez-Ominami, Cristián Warner Villagrán y Sergio Andrés Novoa León de la Barra, en calidad de autores, y en contra de todos quienes resulten responsables por la comisión de ese delito o de otros que pudieran aparecer durante el curso de la investigación.
La abogada María Teresa Muñoz subrayó que “es relevante que el CDE dedique sus mejores esfuerzos a fin de que hechos de este tipo se conozcan y, en definitiva, se sancionen. Este es un grave fraude de subvenciones, acá se defraudó al Estado al obtener de éste una supuesta devolución de dineros que nunca fueron utilizados en una campaña política. Es decir, se atacó un pilar muy importante de nuestro sistema democrático: el financiamiento público de campañas electorales, que busca velar porque cualquier persona, independientemente de sus medios económicos, pueda ser elegido en cargos relevantes de votación popular, pilar fundamental de la profundización de nuestra democracia”.
Tanto la querella del CDE, como la formalización de hechos realizada ayer por el Ministerio Público, dan cuenta de las inconsistencias ocurridas en la rendición de gastos de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, tras el ingreso al Servicio Electoral de dos facturas –por 170 y por 180 millones de pesos– de la empresa Cono Sur Research SPA y del Partido Progresista, respectivamente. A juicio del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, se trata de documentos ideológicamente falsos a través de los cuales el ex candidato obtuvo reembolsos improcedentes por parte del Fisco, de acuerdo a la ley de financiamiento público de campañas políticas.
La abogada del CDE adhirió a las medidas cautelares solicitada por la Fiscalía para ambos imputados de firma mensual en la unidad policial correspondiente a sus respectivos domicilios, solicitud que fue concedida por el tribunal.
Se otorgó un plazo de 90 días para concluir la investigación.
