CDE PARTICIPA EN FORMALIZACIÓN DE CARABINERAS Y CARABINERO ACUSADOS DE FRAUDE AL FISCO EN TEMUCO

Hoy en la mañana, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se llevó a cabo la formalización contra 18 personas, 15 de ellos funcionarios de Carabineros de Chile y 3 particulares, por el delito de fraude al fisco, instancia en que el Consejo de Defensa del Estado participó como querellante.

Según lo que se estableció en la audiencia y en relación a los antecedentes que se tienen hasta ahora, desde el año 2011 y hasta el 2016, los socios de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Jugando Aprendo” Karin Gutiérrez y Carlos Molina y su Directora Rocío Soza, ofrecieron a distintas funcionarias de Carabineros inscribir a sus hijos menores de dos años en dicho recinto, sin que se prestaran los servicios educacionales correspondientes.

El acuerdo consistía en que, una vez emitidas las facturas por parte del Jardín -que registraba la asistencia de los menores aun cuando estos no se presentaban en el establecimiento educacional- las Carabineras y el Carabinero involucrados las presentaban a cobro ante la Dirección de Bienestar de su Institución, dinero que finalmente se dividía en partes iguales entre el recinto educativo y las funcionarias que realizaban esta acción.

Según las estimaciones, se defraudó al fisco por una suma superior a 300 millones de pesos.

Para la investigación se fijó un plazo de 6 meses y los imputados quedaron con  la medida cautelar de arraigo nacional.

El próximo 14 de noviembre se realizará una nueva formalización en contra de otros cuatro imputados que fueron citados para esta audiencia y que no comparecieron.

CONDENA POR TORTURAS

Por otra parte, el sábado 14 de septiembre el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 22 y a 8 años de cárcel al Suboficial Mayor Francisco Arzola y al cabo 2º Rodrigo Muñoz, respectivamente.

Los Carabineros que pertenecían a la 21º Comisaría de Estación Central fueron encontrados culpables de los delitos de tormento, apremios ilegítimos, torturas y falsificación de documento público en el caso de Arzola y de tortura en el caso de Muñoz, en contra de comerciantes, taxistas y estudiantes que circulan por la comuna.

 

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