CDE PARTICIPA EN FORMALIZACIÓN DE EX GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

01.03.2018.- Arraigo nacional y firma mensual fijó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, formalizado por el delito de malversación de caudales públicos. La comunicación de cargos la realizó el fiscal que dirige la investigación, Eugenio Campos.

Junto a Gordon –primer ex general director en ser formalizado– fue imputado por el mismo delito el general en retiro Jorge Serrano.

Tras la audiencia, el abogado consejero Daniel Martorell declaró que “hay una posición del Consejo de Defensa del Estado coincidente con lo hecho en la causa de fraude general, muy determinado porque los hechos de la formalización que hoy día se comunicaron a los dos imputados –sin perjuicio de lo que puede ser más adelante– determinan un perjuicio de 21 millones de pesos”. Agregó que, “por lo tanto, ese monto fue valorado por el Consejo respecto de las cautelares personales que (el CDE ha considerado con relación) a la causa de fraude general, es coincidente la misma posición respecto de sujetos que recibieron o están involucrados con montos cercanos a los 20 y 21 millones de pesos”.

Respecto a si los reembolsos realizados por Gordon provendrían de gastos reservados, Martorell agregó que “es materia de la investigación, hay diligencias pendientes que buscan confirmar, ratificar o rechazar ese tema”. 

El abogado consejero del CDE valoró este paso para avanzar hacia una sentencia condenatoria y que la solicitud de formalización hecha por el Ministerio Público confirme el criterio del Consejo.

Finalmente, consultado respecto a la subsanación administrativa del tema por parte de la Contraloría, precisó que “la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa son diferentes. Si la Contraloría General –respecto del reintegro– determina que no puede seguir adelante, no significa que no se haya cometido un delito y que no pueda perseguirse la responsabilidad personal de alguien que participa en esos hechos”. 

El juez determinó seis meses para la investigación.

 

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