(08.09.2021) Este lunes el Consejo de Defensa del Estado presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acusación particular en el proceso que se sigue contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, y contra su cónyuge, Ana María Pinochet, como coautores de delitos reiterados de lavado de activos, en grado de consumados, en relación al delito base reiterado de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal.
Conforme con los hechos acreditados en la investigación desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la acusación del CDE describe en detalle los hechos que dan cuenta de conductas y actuaciones constitutivas del delito de lavado de dinero perpetradas por ambos imputados de forma reiterada entre 2010 y 2016, “con pleno conocimiento que los dineros provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre 2010 al 2014”. Conforme se encuentra acreditado en la indagatoria, la acusación señala que el propósito de dichas conductas fue “ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito base”, e indica que ambos imputados “poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes provenientes directa e indirectamente del delito base, con ánimo de lucro”.
La acusación consigna diversos antecedentes financieros y contables que acreditan maniobras de lavado de activos por parte de ambos acusados, mediante el uso de diversas cuentas corrientes donde se depositaban los dineros malversados y, luego, eran traspasados o transferidos, además de la contratación de instrumentos bancarios en distintas entidades nacionales y extranjeras. Conforme con los antecedentes de la formalización, Fuente-Alba y su cónyuge también utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares para fraccionar los dineros, lo que les permitió colocar y, luego, estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas, señala la acusación.
Además de los millonarios movimientos bancarios y de inversión ejecutados por ambos, la acusación del CDE detalla otras actuaciones en que se verifica el delito de lavado de activos, como la compra y resciliación de contratos de adquisición de vehículos, compra de inmuebles con créditos que luego se prepagaban con otros créditos, y pago de cuotas al contado y con dinero en efectivo, todo ello con el propósito de distanciar el dinero de su origen ilícito y que revelan que hubo un evidente incremento en el patrimonio de la pareja, de más de 280%, lo que no se condice con los ingresos que Fuente-Alba percibió en su calidad de excomandante en jefe.
El Consejo sostiene en su acusación particular que las operaciones realizadas son propias de maniobras de “colocación”, “estratificación” o “diversificación”, con el objeto de integrar a la economía formal los dineros ilícitos, disimulando y ocultando el origen ilícito de los bienes. Ello, además de realizar sucesivos actos que dan cuenta de la tenencia y posesión de bienes provenientes del delito de lavado de dinero con ánimo de lucro.
A juicio del CDE, los hechos descritos “son constitutivos de los delitos reiterados de lavado de activos en conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 19.913, cuyos delitos base son delitos reiterados de malversación de caudales públicos cometidos por Fuente-Alba en relación con los gastos reservados asignados al Ejército”. Precisamente, de acuerdo con el auto de procesamiento dictado en su contra por la Ministra en Visita Romy Rutherford, dicha malversación asciende a una suma aproximada de $3.500 millones.
De esta forma, conforme con los preceptos legales aplicables, el CDE solicita en su acusación se aplique a Juan Miguel Fuente-Alba Poblete la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio y, a su cónyuge, Ana María Pinochet Ribbeck, la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Para ambos solicita multas de mil UTM, más las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa por el delito reiterado de lavado de activos, en relación con el delito base reiterado de malversación de caudales públicos.
Asimismo, respecto de ambos acusados, el CDE solicita al tribunal se decrete el comiso de los bienes adquiridos por ambos durante el período que abarca la investigación, con el propósito de recuperar para el Fisco los dineros malversados.
