CDE REALIZA ALEGATOS DE CLAUSURA EN JUICIO ORAL POR DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES EN CASO OAS

(18.08.2021) El Consejo de Defensa del Estado efectuó ayer su alegato de clausura ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el marco del proceso conocido como “Caso OAS”, investigación en la que participa mediante querella criminal contra Marco Enríquez-Ominami por el delito de obtención improcedente de prestaciones fiscales, o “fraude de subvenciones”.

En representación del interés público, el abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Rodrigo Álvarez Alarcón, sostuvo que el acusado recibió financiamiento de una empresa extranjera, la brasileña OAS, que proporcionó recursos económicos y facilitó un avión privado para trasladarse durante su campaña presidencial. Tras ello, y sirviéndose de antecedentes falsos, requirió al Servicio Electoral una cuantiosa devolución de gastos por servicios que nunca se prestaron, los que pretendió justificar con dos facturas ideológicamente falsas emitidas por la empresa Cono Sur Research, de propiedad de Cristián Warner Villagrán, quien enfrenta cargos por delito tributario.

La querella del CDE, presentada el 28 de octubre de 2016, imputó a Enríquez-Ominami el delito de obtención improcedente de prestaciones fiscales obtenidas de forma fraudulenta, en el marco de la solicitud de devolución de gasto electoral presuntamente utilizado en la elección presidencial de 2013, ascendente a $497.411.538.

La participación del Consejo de Defensa del Estado en este juicio se circunscribe a perseguir la responsabilidad por la comisión del delito de “fraude de subvenciones”, dado que, conforme con el mandato que le entrega la ley, el organismo tiene legitimación activa para perseguir este delito y no el de carácter tributario.  

 Defensa en recurso de protección y recurso de inaplicabilidad

El pasado 6 de agosto, el Consejo efectuó alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago en representación del Servicio Electoral de Chile, en una acción de protección interpuesta por Enríquez-Ominami mediante la cual busca que se ordene a ese organismo restituirle sus derechos políticos.

En tanto, en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, el CDE prepara sus argumentos ante la solicitud con que éste busca se declare la inaplicabilidad del artículo 17 de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. El plazo para presentar el escrito vence el próximo 25 de agosto.

La gestión pendiente corresponde a la acción de protección antes indicada, y la norma cuya inaplicabilidad se pretende dispone que, “dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.