12.05.2020 Con el voto unánime de los cinco Ministros que integran la Segunda Sala, el Tribunal Constitucional resolvió no admitir a trámite un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del general (R) de Carabineros Iván Whipple –formalizado por su responsabilidad en el millonario fraude cometido en contra dicha Institución–, mediante el cual se pretendía suspender la causa penal para resolver una supuesta vulneración de su derecho a un justo y racional procedimiento. Lo anterior, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía negara su solicitud de separar la acusación en su contra y de dictar un auto de apertura independiente del resto de los formalizados.
El pasado 4 de mayo, antes de que el Tribunal discutiera la admisión a trámite del requerimiento, éste conoció las presentaciones formuladas por el Ministerio Público, el CDE y la Defensoría Penal Pública. Efectivamente, el fallo consigna que “(…) el Consejo de Defensa del Estado, interviniente querellante en la gestión pendiente, formula una similar solicitud (a la del Ministerio Público), impetrando denegar la solicitud de suspensión del procedimiento. Explica que ya fue dictado el auto de apertura de juicio oral en la causa, (…) y que ‘esta parte estima que la suspensión del procedimiento debe decretarse solo para determinadas causas en razón de motivos plausibles y urgentes, debidamente fundados, dadas las consecuencias que la misma genera para todos los intervinientes’”. La sentencia recoge los argumentos sostenidos por el CDE en cuanto a que “resulta importante observar que en la investigación existen 31 imputados acusados, de modo que una eventual suspensión del procedimiento, no sólo afecta ni comprende los intereses del acusado Whipple, sino indefectiblemente del resto”.
El CDE interviene en este juicio como querellante institucional y ha conseguido a la fecha 94 condenas favorables a la tesis fiscal, obtenidas en procedimientos abreviados. Concluida la etapa de preparación de juicio oral contra 31 acusados, el Organismo se apronta a sostener en audiencia la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, además de falsificación y uso malicioso de instrumento público, así como la participación de los acusados –funcionarios públicos y particulares que se concertaron con éstos–, contra los cuales se querelló y acusó particularmente.
Se trata de la investigación más importante conocida por la Reforma Procesal Penal, en cuanto a la dimensión del monto malversado, la cantidad de acusados y condenados, y la extensión del tiempo investigado.
