CDE SE QUERELLA Y SE OPONE A REVOCACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS PARA FORMALIZADOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA

(07.08.2020) En coordinación con el Ministerio Público, a fines del pasado mes de julio el Consejo de Defensa del Estado intervino activamente en audiencias de control de detención, formalización y discusión de medidas cautelares en contra de 13 imputados por graves delitos de corrupción cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

La semana pasada, en tanto, el Ministerio Público y el CDE se opusieron a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva decretada para la totalidad de los imputados, solicitud que fue acogida por la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó respecto de los funcionarios públicos. Respecto de los recursos de apelación interpuestos por las defensas, el Tribunal de Alzada sólo rebajó a arresto domiciliario total la medida decretada en contra de dos particulares, en consideración a que ambos presentan enfermedades de base que podrían ponerlos en situación de riesgo en el contexto de la pandemia por Covid-19.

El 27 de julio, el Consejo de Defensa del Estado había presentado querella criminal en contra del alcalde suplente de la Municipalidad de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco; de la encargada de Proyectos de la Secretaría de Planificación Comunal, Secpla, Daniza Hidalgo Zarricueta; y de la directora subrogante de Secpla e inspectora técnica de Obras, Nathalie Órdenes Casas; además de un particular, el contratista Hugo Maya, por delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno. Actualmente, el Organismo estudia la ampliación de dicha querella respecto de otros imputados.

Los imputados, en conjunto con otros funcionarios de dicho municipio cuya participación es aún materia de investigación, se habrían concertado para asegurar la adjudicación de contratos a terceros bajo la condición de que pagaran un monto que se aproximaba al 10% del valor de cada contrato, porcentaje que se añadía al monto real y era cargado al erario público.

Dicha forma de proceder se reiteró en los cuatro hechos que detalló el Consejo en su querella criminal, maniobras que habrían sido orquestadas por el actual alcalde suplente, quien se encuentra en prisión preventiva. Los contratos que están siendo investigados y forman parte de la acción del CDE se refieren a obras de “mejoramiento y construcción de bandejón central acceso norte”; “mejoramiento y construcción de plazoleta Jardín Botánico Alto Meléndez”; “instalación de pasto natural en Parque Rafael Torreblanca” y “ampliación de Parque Rafael Torreblanca”, contratos que fueron adjudicados al particular Hugo Maya. Sólo por concepto de sobreprecios, el perjuicio fiscal estimado por el CDE ascendería a $102.901.000.

El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, indicó que “lo que ha sucedido en Tierra Amarilla es realmente inaceptable. La pérdida del patrimonio municipal es enorme, pero no solamente por eso, sino porque aquellos recursos que se distraen para otros fines finalmente no se destinan a la implementación de políticas públicas, a los proyectos sociales que, en su origen, deben ir en beneficio de la comunidad”.

Querellas en curso y coordinación con el Ministerio Público

A la fecha, el CDE ha presentado cinco querellas criminales por delitos de corrupción que afectan a la Municipalidad de Tierra Amarilla, investigaciones penales que se encuentran en curso y en donde se investigan delitos de cohecho, soborno, fraude al Fisco y negociación incompatible.

“Estamos hablando de conductas que se arrastran al menos desde 2014, se trata de prácticas arraigadas hace mucho tiempo, cometidas por funcionarios municipales, en conjunto con los alcaldes, tanto de la anterior administración municipal como de la actual, quienes concertados con particulares han cometido gravísimos delitos de corrupción”, subrayó el Presidente Peribonio.

Al respecto, sostuvo que el Consejo está actuando coordinadamente con el Ministerio Público, “acompañándolo en cada una de las diligencias, oponiéndose a la rebaja de medidas cautelares, lo que ha permitido que los imputados hayan cumplido o se encuentren cumpliendo, por ejemplo,  prisión preventiva”.

 

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