CON ALTA ASISTENCIA SE DESARROLLÓ EL SEMINARIO “LABORALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR VÍA JURISPRUDENCIAL” ORGANIZADO POR EL CDE

Con la presencia del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, el Sr. Auditor General del Ejército, General Rodrigo Sandoval, los jueces de la República, don Carlos Gutiérrez y don César Torres, Abogados Consejeros del CDE, Abogados Procuradores Fiscales de todo el país y  funcionarios y funcionarias de distintos organismos públicos se realizó el lunes pasado el seminario “Laboralización de la función Pública por vía Jurisprudencial”, organizado por el Comité de Gestión del Conocimiento del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, en que se debatió,  entre otros aspectos, el incremento de los juicios laborales y la importancia de contar con un nuevo marco regulador al respecto.

Fue la Presidente del CDE, María Eugenia Manaud quien dio el vamos a la jornada que estuvo dividida en dos paneles de discusión. “Agradezco a todos ustedes, especialmente a los académicos del panel, su disposición a compartir con nosotros este espacio de reflexión en torno al tema propuesto”, dijo Manaud al iniciar su discurso agregando más tarde que “el aumento de la litigiosidad en contra del Estado en esta materia se ha visto reflejado en los volúmenes de causas que ha afrontado el CDE durante los últimos años. Así, en el año 2013 se registraron 355 causas relativas al tema, mientras que durante el año 2018 ingresaron más de 2.300 causas, aumentando en un promedio de 70%” cada año”.

Es por eso que este debate se torna de vital importancia en la agenda nacional. Las diferentes exposiciones, tuvieron un eje en común: la necesidad de legislar respecto de esta materia en la que, en la mayoría de los fallos judiciales, se está aplicando el Código del Trabajo a los funcionarios públicos.

En el primer panel participaron el profesor  de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Juan Carlos Ferrada, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, Alejandro Cárcamo,  y el profesor de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Tapia.

Para Tapia “claramente hay una necesidad del Estado que asuma que hay derechos fundamentales que tienen que tener sus cauces, pero que además tiene que existir la institucionalidad ajustada a la naturaleza del sector al que está regulando. En este caso el sector público tiene que tener un mecanismo especial de tutela porque esto, además, está afectando a la propia judicatura del trabajo, con tribunales colapsados”, dijo.

En tanto si bien Cárcamo coincide en esta necesidad, discrepa en las posibilidades de concretarla: “Coincidimos todos en que la solución definitiva debe venir dada por vía de una reforma legal. Ahora siendo bien honesto, creo que no es tan viable, porque los costos asociados a una reforma legal que permitiera una solución definitiva son tremendamente altos, partiendo de la base en que debiéramos preguntarnos si éste  modelo cerrado que tenemos de función pública, donde la gran mayoría del personal debería estar en cargos públicos de planta, es el modelo que queremos”.

En el segundo panel expusieron el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado,  Enrique Rajevic,  y el profesor de Derecho Constitucional, Rodrigo Pica.

Rajevic planteó la importancia de hacer los cambios en la legislación ya que permitirán la modernización del Estado: “Creo que es esencial que regulemos sobre este tema porque de lo contrario la verdad es que es muy difícil que el Estado sea eficaz y les entregue a los ciudadanos los servicios que esperan. Si hay una crisis de confianza en el Estado también es en parte porque no lo hemos diseñado bien. Esto es parte esencial de la modernización del Estado y mientras no lo hagamos no podemos sorprendernos de que sigamos teniendo problemas, parches para resolverlos y un Estado que no está a la altura de las necesidades del siglo XXI”, planteó. 

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