(26.08.2021) El Juzgado de Garantía de Graneros condenó ayer miércoles al empresario Raúl Schüler por los delitos de receptación común, receptación especial y daño de Monumentos Nacionales –delitos por los cuales el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra–, y que éste mantenía ilícitamente en su poder en una parcela ubicada en San Francisco de Mostazal, en la región de O’ Higgins.
El Tribunal decretó la pena aflictiva de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por los delitos de receptación y el pago de una multa de 50 UTM. Mientras que, por el delito de daño a Monumento Nacional, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 50 UTM, lo cual constituye la sanción penal aplicable conforme con los antecedentes del caso, el reconocimiento de dos atenuantes y el marco legal de las penas de ambos delitos que, para el de receptación va entre 61 días y cinco años de presidio y multa de 5 a 100 UTM; y, para el delito de daños de la Ley de Monumentos Nacionales, entre 541 días y cinco años de presidio, y multa de 50 a 200 UTM.
Asimismo, lo sentenció a penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua de sus derechos ciudadanos y políticos, e inhabilitación de cargo u oficio público durante la pena privativa de libertad. Finalmente, por reunir los requisitos necesarios, la pena privativa de libertad le fue sustituida por la de libertad vigilada intensiva.
“El Consejo de Defensa del Estado tuvo una activa participación como querellante en esta causa, apoyando la labor de la Fiscalía mediante la solicitud de diligencias y peritajes e impugnando las acciones incidentales intentadas por la defensa del condenado que buscaron eximirlo de su responsabilidad penal y, en el juicio abreviado, en que participó activamente a fin de lograr la condena del acusado; todo lo que confirma nuestro compromiso de perseguir y obtener sanciones para quienes dañen el patrimonio cultural de nuestro país”, señaló el Presidente del CDE, Juan Peribonio.
En paralelo a sus actuaciones como querellante en el proceso penal, el CDE persiguió la reparación civil de los perjuicios provocados al patrimonio público, mediante una demanda indemnizatoria presentada contra el empresario en 2020, proceso en el cual el demandado se obligó al pago de 120 millones de pesos a título indemnizatorio, mediante una transacción judicial.
La acción del CDE buscó determinar que las actuaciones del demandado ocasionaron daños materiales, fundado en informes elaborados por especialistas de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Asimismo, de forma inédita, la demanda incorporó el daño inmaterial ocasionado, en tanto la sustracción de los Monumentos que Schüler mantuvo ilegalmente en su poder impidió a la ciudadanía conocerlos, valorarlos y disfrutarlos, provocando, con ello, un daño al acervo cultural del país.
“En el ámbito civil, el CDE también persiguió la reparación de los daños provocados y obtuvo una indemnización de 120 millones de pesos por el daño ocasionado en contra del patrimonio del Estado”, sostuvo el Presidente Peribonio, subrayando que “ello permitirá asegurar una pronta reparación de los Monumentos Nacionales afectados”. Agregó que “el monto cubre casi el cien por ciento de los daños materiales causados demandados” y que “la transacción permite contar inmediatamente con dichos fondos, evitando esperar varios años antes que se dicte una sentencia de término”.
Conforme con lo anterior, señaló el Presidente del CDE, “a través de nuestras acciones, no solo se obtuvo la condena penal del acusado a penas que se encuentran dentro del marco penal fijado por el legislador, sino, además, el pago de una importante suma indemnizatoria del daño material causado”, concluyó.
