CONSEJERA MARÍA INÉS HORVITZ DESTACÓ ACTUACIONES DEL CDE EN CASO FRAUDE EN EL EJÉRCITO

(08.04.2022) La Abogada Consejera María Inés Horvitz se refirió este jueves a las actuaciones del Consejo de Defensa del Estado en la causa sobre fraude al interior del Ejército, en la que el Organismo mantiene activa participación desde sus inicios.

Consultada por el diario El Mercurio en relación con las intervenciones del CDE en la arista Empresas de turismo,  la Consejera destacó que los argumentos presentados por el Organismo “han sido plenamente acogidos por cada una de las instancias superiores que han debido resolver las múltiples incidencias intentadas por la defensa del excomandante en jefe Ricardo Martínez, lo que ha permitido al Consejo avanzar sostenidamente en el esclarecimiento de su responsabilidad penal y, eventualmente, obtener la irrogación de las penas que correspondan conforme a la ley”.

Las resoluciones adoptadas en este caso –agregó–, así como en los procesos que enfrentan otros tres excomandantes en jefe, “dan cuenta, en primer lugar, de la rigurosidad de la investigación que desarrolla la Ministra en Visita Romy Rutherford y, a su vez, de la consistencia de nuestros argumentos y la eficacia de nuestras actuaciones en las diferentes instancias judiciales, lo que corrobora la robusta estrategia que hemos ido desarrollando desde el inicio de esta causa”. En efecto, precisó, “participamos activamente en los 43 procesos que dirige la Ministra por delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos públicos, y hemos interpuesto once querellas criminales y tres ampliaciones en investigaciones ante la justicia ordinaria para perseguir la responsabilidad penal de los civiles que actuaron en connivencia con los militares”.

María Inés Horvitz señaló que el Consejo ha ejercido las acciones penales y civiles “para obtener la más elevada sanción de quienes, abusando de sus cargos públicos, hicieron prevalecer el interés particular, propio o ajeno, al defraudar el patrimonio fiscal mediante actos de corrupción; y para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos sustraídos, porque así nos lo ordena la ley”. Junto con ello, afirmó, “porque como órgano colegiado, no sólo compartimos una convicción jurídica respecto de los delitos involucrados, sino también, porque no tenemos divergencias sobre la grave dimensión del daño provocado, que traspasa con creces el perjuicio económico directamente ocasionado al mermar la legitimidad de esa Institución, contra lo cual estamos llamados a actuar con la mayor eficacia y celeridad”. 

En ese sentido, la Consejera subrayó que la gravedad de los cargos efectuados contra una máxima autoridad del Ejército radica en que, junto con provocar un cuantioso detrimento al patrimonio fiscal y a la capacidad de cumplir con una función que resulta esencial para el Estado, se irroga un daño profundo a la fe pública, a la legalidad vigente, y a la confianza de la ciudadanía en las Instituciones, como en general ocurre con los actos de corrupción”.