CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO LOGRA CONDENA EN CAUSA DE LAVADO DE DINERO MÁS GRANDE REGISTRADA EN CHILE

Jueves 7 de enero de 2016

Tras ocho años de investigación, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago dictó sentencia en la causa conocida como “Caso Mazza”, en alusión al apellido del clan familiar que se constituyó como organización criminal para lavar más de 400 millones de dólares provenientes del narcotráfico colombiano. Se trata de la causa de lavado de activos más grande seguida en Chile e, incluso, una de las de mayores proporciones descubiertas en el continente americano. 

El Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa desde 2007, no sólo logró la condena en primera instancia de todos los querellados sino, además, la incautación de todos los bienes que utilizó la organización mientras lavó activos en el país. A través de su otrora departamento de control y tráfico ilícito de estupefacientes, el CDE intervino en la causa de acuerdo a la competencia que le otorgaba el antiguo sistema procesal penal en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

Los dos principales querellados por el CDE y líderes de la organización, los primos Mauricio y Luis Mazza, fueron condenados por el tribunal a penas efectivas de seis años y el resto de los integrantes de la organización criminal a una pena de cinco años y un día de presidio efectivo. En esa situación se encuentran José Miguel y Daniel Mazza; además de María Eugenia Larraguibel tesorera de la casa de cambios y Yieninson Yapur, abogado de Mauricio Mazza. Dos empleados de la casa de cambio, Mauricio Margenants y Allans Tapia, fueron condenados a 541 días de presidio por conducta negligente. 

El fallo del tribunal ordena el decomiso de los bienes de la organización avaluados aproximadamente en cinco millones de dólares, correspondientes a locales comerciales y un piso completo en el edificio Torre de la Industria, ubicado en la comuna de Vitacura, entre otras propiedades. La cuantía de los bienes decomisados en Chile y Estados Unidos sólo en esta causa –por alrededor de doce millones de dólares–¬¬ equivale a más del doble de lo que hasta la fecha ha sido decomisado en el actual Sistema Procesal Penal por delito de lavado de activos.

El Presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, subrayó las tesis penales del CDE recogidas plenamente en la sentencia del tribunal, así como el trabajo especializado del Consejo que permitió lograr las condenas y el decomiso de los bienes involucrados: “Se trata de una sentencia que hace justicia al extenso y metódico trabajo sostenido durante estos años por el CDE para lograr que asociaciones criminales de la magnitud de la involucrada no queden impunes en nuestro país. Asimismo, da cuenta del decomiso de bienes que fueron utilizados para comisión de los ilícitos”.

La acción conjunta emprendida hace ocho años por el Consejo de Defensa del Estado, la Policía de Investigaciones de Chile y una fuerza de tarea multiagencia de Estados Unidos –conformada por organismos como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y la IRS– logró desbaratar la organización que operó en ambos países y Colombia y que se dedicaba, principalmente, al lavado de billetes de 500 euros. El procedimiento consideraba el traslado físico de las divisas desde ese país a Chile –mediante “correos humanos”– para luego ingresarlos a Estados Unidos y cambiarlos por dólares que, posteriormente, se depositaban en empresas de papel.

El trabajo especializado del Consejo de Defensa del Estado, en  conjunto con la PDI, logró que uno de los líderes de la organización, Mauricio Mazza, fuera detenido en Estados Unidos en 2007 cuando transportaba más de tres millones de euros en efectivo; condenado a tres años de cárcel y, luego, deportado a Chile donde, de acuerdo al fallo del 34 Juzgado del Crimen, debería cumplir condena por otros seis años. Durante su detención en Estados Unidos fueron decomisados un total de siete millones de dólares provenientes de la organización del narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vasco, condenado recientemente, también en Estados Unidos, a más de diez años por narcotráfico y lavado de activos.

 

 

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