(21.08.2024) El Consejo de Defensa del Estado participó hoy miércoles en la primera jornada de la audiencia de formalización que se desarrolla ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del proceso penal seguido contra particulares y funcionarios públicos investigados por su responsabilidad en la comisión de delitos de cohecho, soborno y otros ilícitos, conocidos a partir de la publicidad de una grabación y transcripciones que revelan la comisión de dichas actuaciones por parte de los imputados.
Representado por el consejero Daniel Martorell Correa y el abogado de la Procuraduría Fiscal de Santiago Rodrigo Álvarez Quevedo, el Consejo interviene en la indicada formulación de cargos en su calidad de querellante institucional, imputando delitos consumados y reiterados de soborno al abogado Luis Hermosilla Osorio, a la abogada María Leonarda Villalobos Mutter y al empresario Daniel Sauer Adlerstein, quien no será formalizado en esta oportunidad.
Por otra parte, por medio de la ampliación de su querella, presentada el pasado 19 de agosto, el Consejo atribuye delitos de cohecho consumados y reiterados a Patricio Mejías Esparza, funcionario del Servicio de Impuestos Internos a la fecha de los hechos, y a Renato Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería General de la República.
El consejero Daniel Martorell señaló que “el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de querellante institucional, hará valer ante el tribunal los antecedentes y argumentos por medio de los que se configuran delitos consumados de cohecho y soborno, cometidos reiteradamente por los imputados, contraviniendo gravemente la probidad pública y, en consecuencia, mermando la confianza en el correcto funcionamiento de las instituciones. Asimismo, consignará aquellos antecedentes que hacen necesario decretar la prisión preventiva respecto de aquellos imputados para los que se solicitará dicha medida cautelar, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”.
La formalización, igualmente, dice relación con otros delitos cometidos, referidos a lavado de activos y delitos tributarios.
