CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA ACOGE ARGUMENTOS DEL CDE Y MINISTERIO PÚBLICO Y ADMITE QUERELLA DE CAPÍTULOS CONTRA FISCAL REGIONAL DE O´HIGGINS

04.06.2020 El 13 de marzo pasado el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua una querella de capítulos en contra del Fiscal Regional de O’ Higgins, Emiliano Arias, formalizado el 27 de septiembre de 2019 por delitos informáticos y violación de secreto.

El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la acción judicial que ayer miércoles fue declarada admisible por parte del Tribunal de Alzada y que permite realizar un juicio en contra del funcionario del Ministerio Público. La Corte de Rancagua determinó, además, su suspensión en el cargo de fiscal.   

En la audiencia llevada a cabo el 27 de mayo, compareció en representación del CDE la Abogada Consejera María Inés Horvitz; en representación del Ministerio Público, el Fiscal Regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, y por la defensa del querellado, el abogado Marcos Contreras.

El fallo sostiene que “los apoderados del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado abogaron en sus alegatos que, acabada la investigación penal, existen méritos suficientes para que se acoja la presente querella de capítulos y se pueda llevar a cabo un juicio oral y público donde las partes presenten sus pruebas de cargo y de defensa, manifestando que el hecho de que, en sede administrativa, fuese rechazado la remoción del capitulado fundado en los mismos hechos que se basa la presente querella, no es obstáculo para que se dé lugar a ésta, dado que ambas responsabilidades se encausan por vertientes distintas”.

El Presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, indicó que “el pronunciamiento que debe hacer ese Tribunal de Alzada no se refiere al fondo de la acusación fiscal. El estándar que debe tener la Corte de Apelaciones al analizar los capítulos de la querella es la plausibilidad de los antecedentes de la investigación y la existencia de mérito para comenzar un juicio oral”.

Cabe destacar que esta es la primera vez que se presenta y se acoge una querella de capítulos contra un fiscal regional desde el inicio de la reforma procesal penal.