30.06.2020 Como un “importante precedente” calificó el Abogado Consejero Sebastián Soto el fallo dictado el pasado viernes 26 de junio por la Tercera Sala de la Corte Suprema que ratifica el dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco y rechaza un recurso de amparo económico presentado contra el Estado en el contexto de las movilizaciones sociales ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019.
Entre los argumentos que esgrimía el recurso se planteaba que existía “una infracción al derecho a la libre iniciativa económica, reconocido en el artículo 19, N° 21, de la Constitución Política de la República, y denunciaba al Ministerio del Interior y Seguridad Pública por contravenir el ordenamiento jurídico y, consecuencialmente, obrar de manera ilegal al no cumplir su función, ni ejercer sus potestades de resguardar el orden público”.
En la audiencia ante el Máximo Tribunal llevada a cabo el 26 de junio, el CDE sostuvo que la acción legal es improcedente, debido a que el amparo económico no está orientado a cautelar el derecho a desarrollar una actividad económica, sino que a brindar protección de vulneraciones que provengan de la actividad empresarial del Estado, quebrantando las normas de orden público económico consagradas en el mencionado artículo de la Constitución.
Adicionalmente, el Abogado Consejero del CDE señaló que en este caso no se ha probado un actuar ilegal del Ministerio del Interior, dado que, durante los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre éste ha desplegado sus atribuciones para mantener el orden público y velado por la seguridad de la ciudadanía. Sebastián Soto destacó el valor de la sentencia que confirma la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, “por lo que es probable que la Corte Suprema, en los próximos fallos por cuestiones similares, mantenga el mismo criterio”, concluyó.
Actualmente existen otros tres recursos de amparo económico con recursos de apelación pendientes ante la Corte Suprema, luego que las Cortes de Apelaciones de Santiago y de Valparaíso resolvieran rechazar los argumentos con que se buscaba impugnar las decisiones de autoridades y organismos públicos en este ámbito.
