La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del Presidente de la República, el Ministro de Salud, la Ministra de Energía, y, la Ministra del Medio Ambiente, en el cual se afirmaba que dichas autoridades habían cometido una omisión arbitraria e ilegal, por ignorar y no tomar las medidas necesarias de protección ambiental a favor de los habitantes de la Región de Aysén.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió íntegramente los alegatos del Consejo de Defensa del Estado, por estimar que dicha acción resultaba improcedente tanto en la forma como en el fondo.
El fallo, consideró los argumentos del CDE, que planteó que el recurso de protección no es una vía idónea para la resolución de este tipo de casos, ya que son los Tribunales Ambientales los que poseen las competencias para conocer estas controversias.
La sentencia, además, confirma que el recurso presenta contradicciones internas, ya que, si bien acusa el recurrente una actuación arbitraria e ilegal supuestamente cometida por los recurridos, “se refiere latamente a todas y cada una de las diecinueve medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, a través de sus respectivos Ministerios y que integran el “Plan de Descontaminación de Coyhaique””.
Por último, respecto al petitorio concreto realizado en la acción legal, relativo a la adopción de medidas tales como creación de un subsidio de combustible, prohibición de instalar calefacción a leña y declaración de Estado de Emergencia en las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, restringiendo cuando sea necesario las libertades de locomoción y reunión, la Corte de Apelaciones de Coyhaique estimó que “dichas peticiones exceden la naturaleza, objeto y finalidad del recurso de protección, como tampoco se corresponden con las facultades de esta Corte de Apelaciones, atendida su calidad de órgano jurisdiccional”.
