(22.09.2022) Transcurridos cuatro años desde el término del Caso Riggs, tras la emblemática sentencia pronunciada por la Corte Suprema el 24 de agosto de 2018, recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago zanjaron el destino de cuantiosos montos que la familia de Augusto Pinochet y su exalbacea intentaron reclamar.
El Tribunal de Alzada ratificó resoluciones que fueron adoptadas por el Ministro en Visita Guillermo de la Barra y defendidas en esa instancia por el Consejo de Defensa del Estado, relativas a significativas sumas de dinero que fueron incautadas o embargadas en una etapa temprana del proceso penal desde fuentes vinculadas al exgeneral en el extranjero, así como de depósitos o cuentas bancarias en Chile.
Al acoger, en 2018, el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo y condenar a tres colaboradores del exgeneral como autores del delito de malversación de caudales públicos, la Corte Suprema, no obstante dar por acreditado el monto total del perjuicio –ascendente a US$ 17,8 millones y fracción–, sólo decretó el comiso de los bienes que se encontraban a nombre del exmandatario o de alguna de sus sociedades hasta por un valor de US$ 1.621.554, suma que se vinculaba directamente a los montos que se acreditaron como sustraídos por los acusados que finalmente fueron condenados.
A comienzos de 2020, el Ministro de la Barra accedió a la solicitud del CDE de poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial los dineros que se encontraban retenidos en el tribunal luego de ser embargados, pero que no fueron objeto de la pena de comiso en la sentencia definitiva –US$ 3 millones 300 mil, aproximadamente, y otros 124 millones de pesos–, todo ello en conformidad con lo dispuesto en el art. 677 del Código de Procedimiento Penal, que señala que “los dineros puestos a disposición de los tribunales que no caigan en comiso ni hayan sido reclamados dentro de los plazos señalados en el artículo 675, se girarán a la orden de la Junta de Servicios Judiciales para sus fines”.
En contra de esa resolución, la defensa de Lucía Hiriart interpuso un incidente de nulidad que, tras la oposición del CDE, fue rechazado. En diciembre de 2021, la indicada defensa dedujo un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que, acogiendo los argumentos del Consejo, confirmó lo resuelto por el Ministro de la Barra. La sentencia quedó ejecutoriada a fines del pasado mes de agosto, permitiendo asegurar el destino fiscal de dichos fondos.
En tanto, en reciente fallo unánime de 17 de agosto, la Sala Nº13 de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la negativa de alzar la precautoria civil respecto de poco más de US$ 1,3 millones reclamados por el exalbacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, incautados a Tasker Investments Limited en 2004 –sociedad offshore constituida en la Islas Vírgenes Británicas de la que sostuvo ser propietario–, luego que el CDE se opusiera a dicha pretensión en defensa de lo resuelto por el Ministro tanto en sede penal, como en sede civil.
El Consejo logró evitar la liberación de dichos fondos, al obtener que el Tribunal de Alzada negara definitivamente el alzamiento de la cautelar, ratificando con ello lo dispuesto en el fallo de primera instancia dictado en diciembre 2019 por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que no dio a lugar a lo pretendido por el exalbacea, fundado en razones de carácter procesal.
“La férrea defensa emprendida por el Consejo de Defensa del Estado de las resoluciones adoptadas por el Ministro en Visita Guillermo de la Barra en el juicio penal y, actualmente, en la arista civil, dan cuenta de las diligentes gestiones del Estado para recuperar los recursos públicos malversados, lo que ha permitido asegurar que cuantiosas sumas de dinero sean efectivamente destinadas al Fisco”, subrayó la Consejera del CDE, María Inés Horvitz, quien ha asumido la defensa judicial del Ministro en estas causas junto con los abogados de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Marcelo Oyharcabal, María Eliana Ricke y Jorge Escobar.
