El Quinto Juzgado de Garantía de Santiago acogió los argumentos del Ministerio Público y de los querellantes –entre ellos, el Consejo de Defensa del Estado– en la causa por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y malversación de caudales públicos que involucra a ex funcionarios la Municipalidad de Cerro Navia, rechazando, con costas, decretar el sobreseimiento definitivo solicitado por las defensas de los imputados.
En su fallo, el Tribunal se refirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Público y los querellantes para sostener que, esta etapa del proceso, ya presentadas la acusación fiscal y las particulares, y aproximándose la audiencia de preparación de juicio oral, existe prueba contundente que acreditará, tanto los delitos imputados, como la participación de cada uno de los acusados en los ilícitos.
En sus alegatos, el CDE señaló que al existir dudas que no permitan establecer fehacientemente que los hechos investigados no son constitutivos de delito, la única fórmula de resolución es rindiendo prueba en un juicio oral. “No se ha rendido derechamente prueba alguna, se ha dado lectura parcialmente a ciertas actas, sin poder tomar en cuenta la credibilidad, consistencia, coherencia, ni contrastación de las declaraciones de los testigos que se rendirán”, sostuvo el Consejo a través de su argumentación.
Mediante una detallada relación de los hechos que dan cuenta de la participación de los imputados en diversas situaciones irregulares, el CDE indicó que la relación fáctica de estos hechos contenida en su querella es constitutiva de los delitos de fraude al Fisco, de cohecho y malversación de caudales públicos.
Ex alcalde Sabat fue absuelto
En tanto, en el marco de este caso, la semana pasada el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat y al ex asesor jurídico del municipio Marcial Araya por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público llevaba una investigación en contra de ambos funcionarios por adjudicaciones a la empresa KDM Industrial en la extracción de desechos en 2012, y por haber generado con ello un perjuicio de 524 millones de pesos para dicha municipalidad.
La acusación buscaba la aplicación de las penas de siete años de cárcel, una multa cercana a los 540 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El próximo jueves 7 de febrero el Tribunal comunicará los detalles de la resolución, la cual será estudiada por el Consejo de Defensa del Estado para determinar los pasos que seguirá en esta causa.
