16.04.2020 El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago conoció ayer los argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado y confirmó la cautelar de prisión preventiva decretada para los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Marco Rivas Rivas y Alejandro Jara Arriagada, imputados como autores de delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos. Lo mismo resolvió en el caso del particular Cristián Navarro Soto, imputado por los delitos de soborno y fraude al Fisco.
El magistrado Jaime Fuica solo accedió a sustituir la prisión preventiva para la funcionaria de dicha Cartera María Cristina González Ilarrazábal –imputada por cohecho y fraude al Fisco–, así como para la particular Mariela Elgueta Rosas, investigada por los delitos de soborno y fraude al Fisco. Para ello, tuvo en consideración las condiciones sanitarias del centro penal en donde ambas se encuentran recluidas. No obstante, decretó arresto domiciliario total para ambas y arraigo nacional y fijó una fianza de cinco millones de pesos y la hipoteca de una propiedad para cada una, para acceder a dicha modificación. “La única circunstancia que permite la modificación de la medida cautelar es para el caso de las imputadas Elgueta y González, donde hay una diferenciación de lascondiciones sanitarias del lugar donde se encuentran detenidas (Centro Penitenciario Femenino de San Miguel), donde se han detectado casos positivos de covid-19″, sostuvo.
En ejercicio de sus atribuciones en materia penal, el Consejo se querelló en diciembre pasado contra los funcionarios(as) públicos Marcos Rivas Rivas, Cristián Labra Peña, María Cristina González Ilarrázabal, Alejandro Jara Arriagada, Ariel Alvarado Riquelme y Marcos Andrés Duarte López por los delitos reiterados de cohecho y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En tanto, a los particulares Willy Fernando Conejeros Gajardo, Antonio Fernández Nacarino, Cristian Genaro Navarro Soto y Mariela Elizabeth Elgueta Rosas, el CDE imputó delitos reiterados de soborno y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En la audiencia de formalización de la investigación, el ente persecutor sostuvo que entre 2014 y 2019 los funcionarios públicos investigados recibieron pagos y obtuvieron beneficios económicos por parte de, al menos, cuatro empresas proveedoras del Estado, quienes fueron favorecidas con la adjudicación de contratos. Para ejecutar estas maniobras ilícitas, dichos empleados habrían actuado de manera coordinada con los imputados particulares.
Nota elaborada con información de www.pjud.cl.
