(21.12.2021) El 21 de diciembre pasado, el Consejo de Defensa del Estado sumó un año más a su trayectoria centenaria al servicio de Chile y de las personas. Son ellas las principales destinatarias de su labor, porque su propósito principal es y será asegurar que los recursos que pertenecen a todas y todos se destinen a la implementación de políticas y obras públicas en beneficio de la ciudadanía en su conjunto, como también al resguardo del medio ambiente y el Estado de Derecho.
Los resultados del Consejo en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio fiscal dan cuenta de su eficacia. En su dimensión patrimonial, los 13.412 juicios a su cargo en 2020 representaron un monto equivalente al 7,4% del PIB. En los juicios ejecutoriados ese año, las defensas del Consejo evitaron condenas equivalentes al pago del 84,7% de los montos demandados al Estado, lo que equivale a 559 millones de dólares.
Que el Consejo cumpla con éxito su función tiene una importancia medular para evitar que los recursos fiscales, siempre escasos, deban destinarse a financiar obligaciones distintas a las que Chile necesita implementar hoy, tarea que se realiza con total apego al Derecho, procurando establecer con estricto rigor jurídico las responsabilidades que al Estado procedentemente le competen y no más.
En materia de daños por delitos comunes o violencia rural, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las personas a recurrir ante la justicia en defensa de los derechos que crean asistirles sin perjuicio que, finalmente, corresponderá a los tribunales resolver si esa pretensión es legítima o infundada, así como si las indemnizaciones solicitadas resultan justas o desmedidas. Sin embargo, hoy más que nunca no debe perderse de vista que la obligación de resguardar el orden público es una obligación de medios y no de resultados. ¿Existe alguna sociedad en la que no se cometan delitos? Desde luego que no. Por eso, no sería adecuado que se exigiera al Estado pagar por todos los daños generados por hechos de violencia cometidos por terceros. En ese sentido, creemos que el estándar exigible presupone valorar si el Estado hizo, en el caso concreto, lo razonablemente posible por evitarlos.
También el CDE cumple su misión de resguardo del patrimonio público mediante una activa persecución de los delitos de corrupción, cuya gravedad radica en que, junto con ocasionar un importante perjuicio fiscal y entorpecer la capacidad de funcionamiento del Estado, produce un daño profundo a la fe pública, y a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, degradándolas en una afectación considerable al estado de derecho. En este sentido, también hemos visto con preocupación que, en el ámbito de la administración municipal existen casos en que el perjuicio es inmenso, no sólo porque provoca que obras y proyectos que son urgentes para la comunidad no se concreten o queden inconclusos, sino porque ahí, es donde se exige mayor preocupación en materia de educación y salud, por ejemplo.
Por ello, conforme con las atribuciones que la ley nos ha otorgado, nos hemos propuesto combatir enérgicamente los delitos que afectan a los municipios y a sus corporaciones, creando una Unidad Especializada al interior del CDE que nos permitirá fundar nuestras querellas criminales en sólidos argumentos jurídicos, actuando con la mayor prontitud.
En efecto, hemos puesto un foco prioritario en el ámbito municipal, reorganizando nuestras metodologías para abordar los asuntos de esta naturaleza que se investigan a lo largo del país y previendo articular oportuna y eficientemente nuestras actuaciones en conjunto con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
Por delante sin duda hay muchos desafíos, destacando junto con lo anterior, la labor de fortalecer nuestras líneas de trabajo en los ámbitos de capacitación, educación y entrega de información a los Servicios Públicos y a los actores relevantes en materia de justicia, de manera de seguir construyendo entre todos, un mejor sistema de justicia preventiva.
Juan Peribonio Poduje
Presidente
Consejo de Defensa del Estado
