PRESIDENTA DEL CDE ALEGÓ EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

07.06.2018.- El pasado martes 5 de junio, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, alegó en el Tribunal Constitucional en materias de contiendas de competencia en representación de la Contraloría General de República.

La Presidenta del CDE alegó por las contiendas de tres causas promovidas en sede civil. Todos los casos señalados estaban relacionados a materias de régimen de pensiones.

Manaud fue clara en señalar que, de la legalidad vigente, “se concluye que la facultad de determinar o interpretar el sentido y alcance de la normativa aplicable a la Administración y a los funcionarios públicos, especialmente en lo referido materias de remuneración y previsión, le corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República”.

Los tres casos

En la causa “Concha con Capredena y Fisco”, 76 trabajadores y trabajadoras de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, solicitaron -contradiciendo la interpretación de la Contraloría General de la República- ser incorporados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, con sus respectivos beneficios y el traslado de sus fondos de pensión.

Esto último bajo la premisa de haber sido categorizados, erróneamente, como “obreros” y no “empleados”, bajo el decreto ley N°2.200 del año 1978, lo cual gatilló ser incorporados al régimen provisional de las AFP a partir de su instauración en 1980.

Por otra parte, en las causas “Jiménez con Carabineros de Chile y Contraloría General de la República” y “Álamos con Carabineros y Contraloría”, cuatro suboficiales de Carabineros solicitaron que la institución les acogiese, al momento de su retiro y con efecto retroactivo, el derecho a percibir la remuneración correspondiente a un grado mayor al que tenían.

La Presidenta además destacó “el respeto que tiene la Contraloría por los tribunales de justicia, tanto ordinarios como especiales, de su labor y decisiones”.

Los requirentes quedaron a la espera de la resolución del Excelentísimo Tribunal Constitucional.

 

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