31.05.2019 La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia, rindió hoy viernes la Cuenta Pública correspondiente a la gestión 2018 de la Institución, la que se llevó a cabo en formato digital y se encuentra disponible en el sitio www.cde.cl.
El Consejo de Defensa del Estado agradece la atención que los organismos públicos que requieren de su colaboración y los habitantes del país, en general, puedan prestarle al balance de su gestión 2018 y extiende la invitación a revisar el Discurso de su Presidenta; sus principales estadísticas y resultados obtenidos; los hitos concretados el año anterior; los desafíos que se ha propuesto para 2019; así como un video que resume la misión, funciones y competencias de la Institución.
En su Cuenta, la Presidenta puso a disposición de la ciudadanía los resultados obtenidos por el CDE en el desarrollo de su función de defensa judicial y cautela del patrimonio e intereses del Estado, que son los intereses de todas las personas que habitan la Nación. Su misión, como Institución Pública independiente y esencialmente técnica, supervigilada exclusivamente por el Presidente de la República, es defender judicialmente al Estado y sus Organismos y asesorarlos en el resguardo de sus intereses, sean económicos, patrimoniales o no patrimoniales, como por ejemplo lo es el medio ambiente y el acervo histórico y cultural.
El más importante de los desafíos que se propuso el Consejo de Defensa del Estado para 2018 fue mantener altos estándares en sus labores de defensa judicial. Las iniciativas y esfuerzos desarrollados avanzaron hacia ese objetivo, que constituye un propósito estratégico de carácter permanente para la Institución. Para alcanzar este objetivo, el CDE priorizó el año pasado una serie de iniciativas distribuidas en dos ámbitos de trabajo, acorde con el presupuesto que le fue asignado:
- Continuar fortaleciendo los procesos de trabajo del litigio y de apoyo, para una defensa y representación de excelencia de los intereses del Estado.
- Disponer de soluciones tecnológicas e infraestructura institucional acordes con las necesidades del Servicio, que permitan enfrentar nuevos desafíos en materia de litigio.
Al 31 de diciembre de 2018, el CDE tenía a su cargo 25.069 asuntos vigentes, de los cuales 11.987 correspondieron a juicios; 6.005 a asuntos judiciales no contenciosos –como consignaciones voluntarias por expropiaciones y causas de procedimiento voluntario (acciones de posesión efectiva, pago por consignación, rectificación de inscripción de inmueble, extravío de documentos, etc)–; y otros 7.077 a gestiones extrajudiciales -cobranzas judiciales con cuantías inferiores a UF 200- y asuntos en etapa de análisis de antecedentes para la adopción de las decisiones sobre el eventual inicio de acciones judiciales o extrajudiciales.
Los 25.069 asuntos vigentes representan US$19.312.507.937, lo que equivale al 7,2% del PIB estimado de Chile del año 2018. Asimismo, la cuantía de los 11.987 juicios vigentes alcanza la suma de US$ 18.654.412.942, lo que equivale al 7% del PIB estimado de ese año.
Respecto de la distribución de los juicios vigentes a diciembre de 2018 según su naturaleza, el 55% correspondió a materias contencioso administrativas y civiles (6.606); el 20% a juicios de carácter laboral (2.436); el 15% a juicios penales (1.785); el 7% a reclamaciones por expropiaciones (839); y, el 3% a otro tipo de causas, dentro de las cuales pueden mencionarse juicios tributarios (138), de Policía Local (92), juicios medioambientales (44), acciones constitucionales (38), cobros de honorarios (5), y juicios de menores o de familia que alguna relación tienen con intereses del Estado (4).
En 2018, los 182 abogados litigantes del CDE tuvieron a su cargo un promedio de 99 juicios; diez más que en 2014, cuando el mismo número de litigantes llevaba un promedio de 89 juicios cada uno.
En tanto, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 ingresaron 18.932 nuevos asuntos al Servicio, los que se distribuyeron en 6.249 nuevos juicios, 2.033 nuevos asuntos judiciales no contenciosos y 10.110 nuevas gestiones extrajudiciales.
Respecto de la evolución del volumen de ingresos, entre 2014 y 2018, éste aumentó en 59%, 31% de asuntos judiciales no contenciosos y un 53% de ingresos de gestiones extrajudiciales.
En cuanto a los resultados obtenidos en 2018, el CDE mantuvo el estándar habitual de eficacia en la defensa judicial de los intereses económicos, patrimoniales y no patrimoniales del Estado durante 2018, representado por una tasa de resultados favorable para el Fisco.
En concreto, respecto de los juicios y asuntos terminados en 2018, se evitó el 96% de los pagos demandados al Fisco, lo que equivale a US$ 812 millones, considerando que la cuantía total demandada en los mismos ascendía a US$847 millones. En otras palabras, el desempeño del Consejo de Defensa del Estado ante tribunales permitió un importante ahorro de recursos públicos para ser destinados a fines comprometidos en beneficio de toda la comunidad.
Los resultados obtenidos respecto del total de 1.298 juicios terminados durante 2018 –en los que el CDE actuó en calidad de demandado– en materias contencioso-administrativas, civiles, laborales y expropiaciones determinan que en el 61% de ellos se evitó completamente el pago demandado al Fisco (791 juicios); en un 29% (374 juicios) se fijó el pago de menos del 50% del monto demandado; en un 8% (101 juicios) se ordenó pagar más de la mitad de lo demandado, y sólo en el 2% (32 juicios), se estableció el pago del monto total demandado.
Las principales materias que trataron las demandas contra el Fisco finalizadas durante 2018 correspondieron a asuntos laborales (808), indemnizaciones de perjuicios (243) y reclamaciones de montos de indemnización por expropiación (187).
A su vez, del total de sentencias ejecutoriadas el año pasado, el 62% correspondió a juicios de carácter laboral y, en un 68% de ellos, se evitó al Fisco el pago del total del monto demandado por ese concepto. En tanto, en el 55% de las demandas por indemnización de perjuicios, que representan el 19% de las sentencias ejecutoriadas en el año, también se evitó el pago del total de los montos demandados bajo esa materia.
Asimismo, respecto de reclamos de montos de indemnización por expropiación, que representan el 14% de las sentencias ejecutoriadas, se evitó al Fisco el pago del total de la cuantía reclamada en el 32% de los casos.
En asuntos de cuantía indeterminada, como juicios de nulidad, recursos de protección y requerimientos ante el Tribunal Constitucional, se había comprometido una meta del 92% de sentencias favorables al Fisco y se alcanzó un resultado del 85,7%. Ello representa un cumplimiento del 93,4% de la meta
Lo anterior se explica porque durante el año pasado se registró un aumento extraordinario de recursos de protección en comparación con períodos anteriores. Parte importante de dichas acciones constitucionales fueron interpuestas por funcionarios públicos, a contrata u honorarios, desvinculados de manera anticipada, respecto de las cuales el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación de diversos Organismos. En sus sentencias, las respectivas Cortes de Apelaciones, así como la Corte Suprema, acogieron la mayoría de dichos recursos, ordenando la reincorporación laboral de los recurrentes.
Por otra parte, el CDE decidió asumir la representación de la Superintendencia de Seguridad Social en todos aquellos recursos de protección interpuestos con motivo de rechazos de licencias médicas, con excepción de los presentados ante las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Concepción y Puerto Montt, lo que igualmente tuvo una incidencia importante.
Finalmente, respecto de los resultados de recursos de inaplicabilidad –bajo jurisdicción de la Procuraduría Fiscal de Santiago–, se observó una marcada tendencia desfavorable al interés fiscal en los requerimientos que atacaban el inciso primero del artículo 29 del D.L. 3.538, de 1980, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, en relación con las multas aplicadas en el denominado Caso Cascadas y en uno de ellos a la empresa La Polar.
En relación con la función como Fisco demandante, finalizaron 203 juicios durante 2018, en materias civiles y penales. En un 81,3% de los casos (165 causas) se condenó a los demandados a pagar al Fisco la totalidad de la cuantía demandada; en el 8,4% (17 causas) se condenó a pagar a favor del Fisco más de la mitad de lo reclamado; en el 3,0% (6 causas) se condenó a pagar la mitad o menos del monto perseguido y; sólo en el 7,3% (15 causas), el resultado fue adverso pues no se estableció pago a favor del Fisco.
Las principales materias en que el CDE interpuso demandas en representación del Fisco o Estado correspondieron a cobro de pesos (83); cumplimiento de obligación de dar (63); indemnización de perjuicios (28); y cumplimiento de contrato (5).
Los cobros de pesos representaron el 41% de las sentencias ejecutoriadas en 2018 en que el Fisco actuó como demandante y, en 81% de estos casos se obtuvo el 100% del monto demandado. Las indemnizaciones de perjuicios, en tanto, representaron un 31% de las sentencias ejecutoriadas el año pasado y en 94% se obtuvo el 100% del monto demandado.
Finalmente, respecto de las mediaciones asociadas a los prestadores públicos de salud, el CDE se había propuesto obtener un 22% de acuerdos para 2018, respecto del porcentaje de casos admisibles, meta que se estima alcanzada. Durante el año se informaron 1.274 mediaciones en salud terminadas, de las cuales, 277 finalizaron por acuerdo entre las partes.
El Consejo de Defensa del Estado reitera su invitación a conocer en profundidad el balance de su gestión 2018.
