(13.05.2022) Este miércoles 11 de mayo, a las 11 de la mañana, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio Poduje, presentó la Cuenta Pública Institucional correspondiente a la labor realizada por el organismo durante 2021.
La ceremonia se llevó a cabo en dependencias de la Contraloría General de la República y fue transmitida en vivo por la plataforma Teams y por el canal oficial del Consejo en YouTube. De manera presencial, participaron autoridades y jefes de servicio, consejeros, directivos y funcionarios del Consejo. Cuatro ex presidentes del organismo estuvieron presentes, así como representantes del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Asistieron a la ceremonia el Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; de Defensa Nacional, Maya Fernández; y de Minería, Marcela Hernando. Asimismo, acompañaron al Presidente el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Defensor Nacional Público, Carlos Mora; el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, entre otros jefes de servicio.
En tanto, la actividad también contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del Aire Arturo Merino; en representación de la Armada asistió el Comandante en Jefe (S), vicealmirante Yerko Marcic; por el Ejército su Auditor General, general de Brigada Eduardo Rosso, así como el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez.
Ahorro de recursos fiscales
El Presidente entregó las principales estadísticas y resultados de la gestión llevada a cabo durante 2021. Al 31 de diciembre pasado, el Consejo tenía a su cargo un total de 30.726 asuntos vigentes, entre ellos, 14.218 juicios que, en su dimensión patrimonial, representaron un monto equivalente al 3,6% del PIB.
“Conocer la distribución de estos 14.218 juicios resulta ilustrativo para entender que, contrario de lo que percibe la opinión pública, el grueso de la labor litigiosa que desarrolla el Consejo se refiere a materias civiles y contencioso administrativas, bajo las cuales se agrupa el 67% de los juicios vigentes, es decir, 9.563 causas. Otro 14%, que equivale a 2.048 litigios, se refiere a materias laborales; y 1.599, es decir, un 11%, corresponde a materias penales. Completan este universo 794 reclamaciones por expropiación, que comprenden un 6% del total, y 214 juicios que versan sobre otros asuntos, con un 2%”.
Desde el punto de vista de los resultados obtenidos, señaló que “la eficacia del Consejo de Defensa del Estado en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público mantuvo el estándar de años anteriores, en consideración a los recursos humanos y presupuestarios disponibles; el progresivo aumento de la judicialización y ciertos cambios jurisprudenciales en materias que son de su competencia”.
De ese modo, explicó que de los 1.358 juicios que finalizaron durante 2021, cuyas cuantías totales fueron de 540 millones de dólares, las defensas del Consejo evitaron condenas equivalentes al pago del 84,5% de los montos demandados al Estado, cifra que equivale a 456 millones de dólares. En otras palabras, “el desempeño del Consejo ante los tribunales permitió un importante ahorro de recursos públicos para ser destinados a fines comprometidos en beneficio de toda la comunidad”, subrayó.
Principales actuaciones por ámbito de competencia
“Cada actuación del Consejo de Defensa del Estado ante los tribunales constituye el eslabón final de una cadena de trabajo en la que interviene el Área de Litigio con el apoyo de las respectivas unidades”, destacó el Presidente Peribonio. Junto con ello, indicó que el Consejo estableció líneas de acción eficaces para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la continuidad de sus funciones el año anterior, en medio de la situación sanitaria prevalente, “resguardando la comunicación con los servicios que requieren ser representados judicialmente y la coordinación con los organismos con los cuales se relaciona para llevar a cabo su labor”.
Demandas de obra pública
Los cuantiosos montos involucrados y la grave afectación que el incumplimiento o postergación de obras de infraestructura pública ocasionan en las comunidades donde estas deben emplazarse, constituye una materia de permanente cuidado para el Consejo, indicó. Las indemnizaciones pretendidas, sólo en las demandas relativas a contratos de obra pública ingresadas durante 2021, superaron los 35 mil millones de pesos, señaló el Presidente.
En estos asuntos, el Consejo han logrado que sentencias relativas a la responsabilidad contractual del Estado sean favorables al interés fiscal o acojan indemnizaciones por montos considerablemente menores a los pretendidos. Por ejemplo, el fallo pronunciado en noviembre por la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el Consorcio Hospital de Rancagua, sociedad que demandó incumplimiento de contrato por una cuantía de un millón de Unidades de Fomento (UF), confirmando la sentencia por la cual se condenó al Servicio de Salud de O’ Higgins al pago de sólo el 6% del monto pretendido. Con ello, sostuvo el Presidente, “se puso término a más de cinco años de litigio, evitando la pérdida de recursos fiscales por más de 926.245 Unidades de Fomento, esto es, alrededor de 28.150 millones de pesos”.
Otra sentencia favorable destaca por el Presidente fue la relativa al mejoramiento de la Ruta 31, en la comuna de Copiapó, que involucraba una cuantía superior a los 15 mil 900 millones de pesos más IVA; y respecto de la cual, las sentencias de primera y segunda instancia acogieron plenamente los argumentos presentados por el Consejo. En su sentencia definitiva pronunciada en agosto, la Excma. Corte Suprema confirmó el razonamiento del fallo de primera instancia que rechazó en todas sus partes, sin costas, la demanda deducida.
Defensa de bienes nacionales de uso público
Otra materia de carácter civil destacada por el Presidente Peribonio en su Cuenta se refiere a la protección jurídica de los bienes nacionales de uso público y de los bienes fiscales, que el Consejo lleva a cabo mediante el ejercicio de acciones para conseguir su restitución y desalojo cuando han sido ocupados ilegalmente por particulares o para evitar se despoje de su dominio al Estado.
Protección del medioambiente
El Presidente se refirió a la relevante labor que realiza el organismo en el ámbito medioambiental, en que trabaja coordinadamente con distintos servicios para obtener la reparación del medioambiente cuando ha sido dañado y persigue aquellos delitos que afectan componentes ambientales.
Durante 2021, Peribonio destacó la interposición de tres demandas de reparación por daño ambiental. Contra la Compañía Forestal y Maderera Panguipulli, por el daño ocasionado sobre la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, producto de la intervención no autorizada de un cauce de origen glacial que alimenta el río Pillanleufú. Contra compañías telefónicas y el propietario del predio donde se emplaza el Monumento Nacional Pukará del Cerro Grande de La Compañía, en la Región de O’Higgins. Por daños ambientales ocasionados de manera acumulativa a ecosistemas únicos y representativos del borde costero valdiviano, como consecuencia de la ejecución de proyectos inmobiliarios que vulneraron la normativa ambiental forestal, urbanística y de protección de suelo rural.
Asimismo, subrayó “el amplio y sustantivo acuerdo conciliatorio alcanzado por el Consejo, relacionado a la reparación de los daños provocados al Salar Punta Negra, cuyas acciones contra Minera Escondida, permitieron obtener medidas de reparación y compensación ambiental por un monto superior a los 90 millones de dólares”. La conciliación obtenida consideró la creación de la Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños, “experiencia inédita que el Consejo espera pueda repetirse en procesos futuros”.
Respecto del ejercicio de sus atribuciones penales, el Presidente mencionó la interposición de tres querellas criminales en el período: Por el delito de usurpación de agua por medio de una obra de desviación con maquinaria pesada de un afluente localizado dentro de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Por el delito de loteos irregulares en contravención de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ejecutados en el marco de seis proyectos urbanísticos irregulares emplazados en el borde costero valdiviano, mediante los cuales se pretendían conformar poblaciones al margen de la regulación legal. Por el delito de contaminación de cuerpos de agua, tipificado en la Ley General de Pesca y Acuicultura contra la empresa salmonera Blumar S.A, luego del vertimiento de 2.900 toneladas de peces muertos en un centro emplazado en la comuna de Hualaihue, en la Región de los Lagos.
Persecución de la corrupción y de delitos funcionarios
Durante el 2021 el Consejo intervino en causas en que se persiguieron graves delitos de corrupción e ilícitos cometidos por funcionarios públicos, que sin duda afectan nuestro sistema democrático, la correcta administración del patrimonio público y la probidad que debe regir la labor de las instituciones y de los funcionarios del Estado.
Entre las causas más destacadas, podemos mencionar su labor activa en las distintas aristas de los procesos en que se indagan defraudaciones y otros delitos cometidos contra las instituciones del Ejército y de Carabineros de Chile. Así como también, los procesos penales en que se investigan delitos de corrupción de luminarias LED, Megafraude Fonasa, por emisión masivas de licencias médicas injustificadas y bonos de atención presuntamente fraudulentos, homicidio del comunero Camilo Catrillanca y la causa por apremios ilegítimos con resultado de muerte a exfuncionarias del Cread Galvarino, centro dependiente de Sename.
En ese contexto, cabe destacar su labor en la persecución de la responsabilidad penal de quienes han dañado bienes públicos, interponiendo a diciembre de 2021, 126 querellas a lo largo del país, de las cuales 47 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares y 18 a Monumentos Nacionales.
Durante el año pasado, el Consejo de Defensa del Estado también fortaleció su recientemente creada Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales, mejorando la articulación de sus intervenciones en esta materia, interponiendo 132 querellas en esas causas.
Bajo esa mirada, destaca su participación en el juicio contra la ex alcaldesa de Antofagasta, condenada por el fraude cometido contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social y especialmente la obtención de la condena del ex alcalde de la Municipalidad de Melinka y de funcionarios de esa municipalidad por los delitos de malversación y fraude al Fisco.
Defensa de las atribuciones y potestades públicas
El Consejo continuó desempeñando una relevante labor en defensa de las potestades y atribuciones públicas durante 2021.
Un volumen considerable de estos asuntos asuntos lo constituyó aquellos mediante los cuales se impugnaron las medidas extraordinarias adoptadas por el Estado en el marco de la pandemia por Covid 19.
Transcurridos dos años desde su inicio en el país –precisó el Presidente-, hacia fines de diciembre el Consejo registraba un total de 2.907 asuntos de este tipo a nivel nacional, respecto de los cuales, asumió la representación de autoridades y organismos públicos en 592 de ellos. “De las acciones finalizadas, sólo 35 fueron acogidas con decisiones desfavorables al Estado y otras 137 se encontraban en tramitación concluido ese período. En resumen, la defensa fiscal en el marco de la pandemia logró un 98% de efectividad, resultado que, en la práctica, permitió contribuir a dar continuidad a las medidas decretadas para su control”, afirmó.
Litigios laborales, expropiaciones y defensas ante Tribunales Especiales
El Presidente destacó que durante 2021 concluyeron 889 juicios laborales sobre materias tales como reconocimiento de relación laboral y cobro de prestaciones propias del Código del Trabajo, tutelas, indemnización por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, entre otros asuntos; demandas por cotizaciones de seguridad social, con cuantías por montos superiores a los 51 mil 700 millones de pesos.
“En los juicios concluidos el año pasado en estas materias, las defensas del Consejo permitieron un ahorro para el Estado de alrededor de 48 mil 398 millones de pesos, equivalente al 93,4% de la cuantía demandada”, subrayó.
En materia de expropiaciones, concluyeron 158 reclamaciones de expropiación, cuyas cuantías superaron los 53 mil cien millones de pesos y, respecto de las cuales, el Estado debió pagar alrededor de tres mil 600 millones de pesos, “lo que significó un ahorro fiscal de 93%”, explicó.
“Especial mención requiere el juicio derivado de la concesión de acceso vial del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ejecutoriado durante el año pasado y en que la cuantía demandada superaba los ocho mil 400 millones de pesos, en que la defensa fiscal logró que la sentencia de primera instancia rechazara el reclamo en su totalidad, fallo que fue confirmado por los tribunales superiores.
El Presidente también se refirió a la necesaria labor que lleva a cabo en defensa de las potestades y actuaciones de los organismos públicos cuando son sometidas al examen de tribunales especiales. Respecto de ello, mencionó al exitoso trabajo desarrollado en defensa de la fe y el interés público en el caso seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre colusión en licitaciones públicas de medicamentos, en que el Consejo asumió la representación de la CENABAST y del Ministerio de Salud como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica.
“En enero 2021, la Corte Suprema dictó la primera condena judicial en la historia del país por colusión en licitaciones, imponiendo multas de altísimas cuantías a dos de los laboratorios sancionados por la Fiscalía, por un total de 20 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA, aproximadamente 12 mil 234 millones de pesos, marcando con ello un importante precedente en delación compensada”, subrayó. Simultáneamente, “el Consejo persiguió el pago de los perjuicios ocasionados al Fisco, aprobando en agosto un acuerdo de transacción mediante el cual los laboratorios se comprometieron al pago de una indemnización por 1.353 millones de pesos, recursos que ya fueron efectivamente entregados a Cenabast y al Ministerio de Salud”, apuntó.
Servicio de Mediación por Daños en Salud
El Presidente Peribonio destacó que el Consejo “ha participado de un cambio cultural pues, a 17 años del establecimiento de la mediación, es posible apreciar cómo los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez más en el proceso, no obstante ser voluntaria su participación; ha ido creciendo 40 la desjudicialización del conflicto sanitario y, con ello un acceso oportuno a la justicia para los usuarios del sistema; todo lo cual se traduce en una disminución de costos para el Fisco: tres objetivos prioritarios considerados por los legisladores al momento de crearla”.
En 2021, informó, ingresaron 1.374 nuevas solicitudes de mediación, es decir, 31% más que el año anterior y finalizaron 1.434 mediaciones, incluidas las existentes en stock.
“No obstante, la crisis sanitaria priorizó que los recursos humanos y financieros de los establecimientos de salud se destinaran hacia el control de la pandemia, en 2021 se alcanzaron 336 acuerdos, equivalente a un 25,5%, resultado superior a la meta comprometida para el período. De la cifra de acuerdos alcanzados, 137 fueron celebrados en el contexto de una mediación colectiva, como el de la venta de anticonceptivos defectuosos proceso inédito en el Servicio de Mediación”, finalizó.
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