PROCURADURÍA FISCAL DE LA SERENA CONMEMORA CENTENARIO DE SU CREACIÓN

(20.10.2025) Este viernes 17 de octubre, el equipo de la Procuraduría Fiscal de La Serena, encabezado por el abogado procurador fiscal Carlos Alberto Vega Araya, conmemoró cien años de vida con la organización de un conversatorio jurídico que abordó aspectos teóricos y prácticos de la función pública y de los litigios de carácter laboral que a dicha procuraduría corresponde asumir ante los tribunales de justicia de la Región de Coquimbo.

La actividad tuvo positiva acogida entre autoridades, jefes y directivos de servicios y representantes de la academia de la región, quienes acompañaron al procurador fiscal y al presidente del organismo, Raúl Letelier, con motivo del aniversario N° 130 del Consejo de Defensa del Estado y de los cien años de existencia que este 2025 también conmemoran siete de sus 17 procuradurías fiscales a lo largo del territorio.

Más de 70 invitados/as concurrieron hasta el auditorio de la Contraloría Regional, acogiendo la invitación que les extendió Carlos Alberto Vega, quien encabeza desde hace 33 años el equipo jurídico del CDE que representa y defiende los intereses públicos en dicha región. El panel de conversación contó con la participación del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Esteban Szmulewicz Ramírez, y del abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de La Serena, Cristian Gorroño Velasco.

Previo a dar comienzo al encuentro, el presidente y el procurador fiscal dieron a conocer hitos y etapas significativas del desarrollo del CDE durante sus 130 años de vida y, en particular, hechos y personas que marcaron, también, los cien años de trayectoria de la Procuraduría Fiscal de La Serena.

Palabras del presidente Raúl Letelier

A través de un pormenorizado relato que se remontó a la concepción de la figura del “abogado del Estado”, el presidente Raúl Letelier introdujo a la asamblea en los primeros registros que dan cuenta de su existencia, los que habrían tenido lugar en la época de Adriano, emperador romano al que un texto en latín del año 394 D.C., denominado “Vita Hadriani”, le atribuyó ser el primero en instituir la figura del “abogado del Fisco”.

Posteriormente, sus palabras recorrieron los hechos y circunstancias históricas que ocurrían en el país y cómo estos determinaron la creación del “Consejo de Defensa Fiscal”, en su denominación original, su organización y misión, así como las labores a su cargo. El presidente Letelier se refirió a los hitos que han definido y dado forma al Consejo de Defensa del Estado como se le conoce hoy y mencionó a destacados abogados que lo han integrado a lo largo de su historia.

Corriendo el año 1895, indicó, “tres abogados de la Dirección del Tesoro, conscientes que el problema principal de la defensa del Estado era la dispersión, dirigieron una carta al director del Tesoro con fecha 12 de diciembre de 1895, dándole cuenta de una idea para resolver el problema, al menos de forma provisional. Esos tres abogados fueron Miguel Cruchaga Tocornal, Alejandro Valdés Riesco y Carlos Sánchez Cruz”, relató. Dicha carta “dio origen a nuestra institución. Una carta en la que tres jóvenes abogados daban cuenta de la enorme cantidad de juicios que tenían: un total de 243 pleitos, por un monto aproximado de nueve millones de pesos. Hoy, el Consejo tiene a su cargo cerca de 19 mil juicios vigentes, con una cuantía total de diez billones de pesos, representativo de un 4% del Producto Interno Bruto del país”, explicó.

“Mientras la institución se construía, el DL 638 de 17 de octubre de 1925 ordenó en su artículo 8 que, en cada capital de provincia asiento de una Corte de Apelaciones, habría un abogado procurador fiscal. Así comienza la vida de la Procuraduría Fiscal de La Serena, de cuya historia nos hablará a continuación el abogado Carlos Alberto Vega”, anunció el presidente.

Antes de concluir sus palabras, el jefe de servicio reseñó la trayectoria del abogado procurador fiscal de Iquique, Julio Cabezas Gacitúa, detenido y ejecutado en 1973, cuyos restos fueron encontrados en 1990, en Pisagua. “Con este recuerdo del momento más doloroso para nuestra institución, termino estas palabras, agradezco a las autoridades y público presente, y felicito a nuestro abogado procurador fiscal y a toda nuestra Procuraduría Fiscal de La Serena por continuar la senda de tantos prestigiosos juristas de esta ciudad que han trabajado en nuestra institución y les agradezco por organizar este maravilloso encuentro”.

Discurso abogado procurador fiscal Carlos Alberto Vega

A su turno, el abogado procurador fiscal se refirió a hitos de la trayectoria de la defensa pública en La Serena. “El 21 de octubre de 1925, el Decreto Supremo N° 638, publicado en el Diario Oficial marcó el comienzo de la descentralización territorial de la defensa fiscal, hasta ese entonces, radicada bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, al disponer que en cada capital de provincia asiento de una Corte de Apelaciones habrá un abogado procurador fiscal, situación que comprendía a seis ciudades del país, entre ellas, La Serena”, relató.

“El nacimiento de las primeras procuradurías quedó estrechamente ligado a esa publicación y, en nuestro caso, pocos conocen que también nos correspondió atender los pleitos acaecidos en las provincias de Atacama y Coquimbo, cuyos tribunales se encontraban bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena”, indicó. Dicha labor se mantuvo hasta 1977, año en que fue creada la Procuraduría Fiscal de Copiapó.

Asimismo, subrayó que “resulta distintivo que, durante estos cien años, sólo cinco funcionarios se hayan desempeñado en el cargo de abogado procurador fiscal, lo que da cuenta del alto valor que se otorga a la independencia y autonomía con que el Consejo determina sus nombramientos internos, condición ajena a cambios consustanciales propios de la administración central”.

El conversatorio alcanzó con éxito su propósito gracias al dedicado trabajo llevado a cabo por el equipo de la procuraduría, cuya dotación se compone de seis abogados/as, dos procuradores/as y cinco funcionarios/as que desarrollan tareas de soporte administrativo. Trabajar mancomunadamente, con compromiso y convicción por la labor que debe realizarse a diario es “una condición que se valora y se cuida, indispensable para el desarrollo de un trabajo que requiere ser altamente colaborativo, ya que el ingreso de asuntos y juicios no cesa”, sostuvo Carlos Alberto Vega, en relación con su experiencia en la dirección de la procuraduría, cargo que ocupa desde 1992. Respecto de quienes lo antecedieron, relató: “Desde su creación, en 1925, y hasta 1943, el cargo lo sirvió don Luis Santana, sucediéndole don Aurelio del Río Rondanelli, quien se desempeñó como procurador fiscal hasta 1969. Luego, don Waldo Lazo Correa ejerció dicha función hasta 1981, seguido por don Daniel Magna González, quien se retiró en 1992. A partir del 15 de marzo de ese año, he tenido el profundo honor de desempeñarlo”.

La trayectoria de la Procuraduría Fiscal de La Serena cuenta, además, con un hito institucional: el ingreso a sus filas de la primera mujer que se desempeñó en el organismo a nivel nacional. Conformado hasta entonces sólo por hombres, la incorporación de la primera funcionaria reflejó el inicio de importantes cambios sociales y culturales en el país. “Doña Adriana Vega Trenoweth se integró a la Procuraduría Fiscal de La Serena en 1939 y prestó servicios como funcionaria administrativa durante 41 años”, apuntó el procurador fiscal.

En relación con los asuntos y materias a su cargo, sostuvo que “a lo largo de estos cien años, al igual que el Consejo de Defensa del Estado en su conjunto, esta procuraduría fiscal ha debido asumir diversas tareas en el desempeño de sus funciones al tenor de modificaciones legales acordes con el devenir de la realidad nacional, pasando en ello por las distintas ramas del Derecho: civil, penal, contenciosa administrativa, etc. Obligándonos a una necesaria versatilidad y constante adecuación técnica profesional”. En ese punto, mencionó las principales materias que les ha correspondido llevar, dando como ejemplo, en el aspecto penal, aquellas causas relacionadas con delitos aduaneros y con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, “las que dejaron actualmente de estar en el ámbito de nuestra competencia. Sin embargo, posteriormente, hemos debido asumir nuestras labores en asuntos laborales y medioambientales y, extrajudicialmente, en mediación en salud por prestadores públicos”, agregó.

En ese orden de ideas, señaló que “el desarrollo del país determina igualmente los asuntos a que debemos avocarnos judicialmente, y ahí está el caso de los juicios relacionados con expropiaciones, ciertamente de relevancia para la ejecución de obras públicas, en los que la eventual colisión de derechos y expectativas privadas pueden entrar en controversia con el interés público que nos corresponde defender”.

En lo relativo al volumen que representa en el trabajo de la procuraduría las causas relativas a materias laborales, asunto en que se enmarcó el conversatorio, el procurador fiscal sostuvo que “resulta de absoluta importancia la debida y fluida coordinación con los distintos organismos públicos por quienes debemos intervenir judicialmente en representación del Fisco. La mayoría de ellos nos acompañan hoy, a través de la presencia de sus abogados. Al efecto, experimentamos un tremendo incremento de causas en materia laboral a partir de modificaciones normativas e interpretaciones jurisprudenciales”. En ese sentido, destacó que “desde 2021 hasta ahora hemos intervenido en 388 procesos de ese tipo, con la consecuente especialización que han debido efectuar nuestros profesionales, y a ello se ha dedicado nuestro abogado Cristián Gorroño, quien integra el panel junto a los distinguidos expositores invitados a este conversatorio”.

“Un siglo de esta oficina local cumpliendo con el mandato legal consagrado en nuestra Ley Orgánica de corresponderle, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado. Un siglo de labor funcionaria constante y comprometida en defensa del interés público, fundamental para el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho”.

 

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