(30.10.2025) El lunes 27 de octubre, el equipo de la Procuraduría Fiscal de Talca, encabezado por el abogado procurador fiscal, José Isidoro Villalobos, llevó a cabo la conmemoración de su centenario con una solemne ceremonia realizada en el auditorio Enrique Mac Iver de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. La actividad contó con la participación del presidente Raúl Letelier y en ella se dictó la ponencia “La determinación de los principios de interpretación de los contratos administrativos – ordenamiento jurídico chileno”, a cargo del profesor de dicha casa de estudios, Gabriel Celis Danzinger.
Palabras del presidente Raúl Letelier
A través de un pormenorizado relato que se remontó a la concepción de la figura del “abogado del Estado”, las palabras ofrecidas por el presidente Raúl Letelier recorrieron los hechos y circunstancias históricas que ocurrían en el país y cómo estos determinaron la creación del “Consejo de Defensa Fiscal”, en su denominación original, su organización y misión, así como las labores a su cargo. El presidente Letelier se refirió a los hitos que han definido y dado forma al Consejo de Defensa del Estado como se le conoce hoy y mencionó a destacados abogados que lo han integrado a lo largo de su historia.
Corriendo el año 1895, indicó, “tres abogados de la Dirección del Tesoro, conscientes que el problema principal de la defensa del Estado era la dispersión, dirigieron una carta al director del Tesoro con fecha 12 de diciembre de 1895, dándole cuenta de una idea para resolver el problema, al menos de forma provisional. Esos tres abogados fueron Miguel Cruchaga Tocornal, Alejandro Valdés Riesco y Carlos Sánchez Cruz”, relató. Dicha carta “dio origen a nuestra institución. Una carta en la que tres jóvenes abogados daban cuenta de la enorme cantidad de juicios que tenían: un total de 243 pleitos, por un monto aproximado de nueve millones de pesos. Hoy, el Consejo tiene a su cargo cerca de 19 mil juicios vigentes, con una cuantía total de diez billones de pesos, representativo de un 4% del Producto Interno Bruto del país”, explicó.
Discurso del abogado procurador fiscal José Isidoro Villalobos
Previo a iniciar su discurso, el abogado procurador fiscal hizo un especial reconocimiento a la presencia en dicha actividad del exabogado procurador fiscal Octavio Muñoz Echegoyen, “quien, pese a un delicado estado de salud, hoy se encuentra con nosotros”. Igualmente, extendió un cariñoso saludo a la viuda e hijo del exabogado procurador fiscal Genaro Bobadilla Briones, así como a Hernán González Donaire, exabogado litigante quien se encontraba presente en la ceremonia.
El abogado se refirió a los hechos que dieron lugar al nacimiento de dicha entidad fiscal. “La Procuraduría Fiscal de Talca, al igual que otras seis procuradurías, fue creada por Decreto Ley N°638 del Ministerio de Hacienda de octubre 1925. Decreto que versaba sobre organización y atribuciones del Consejo de Defensa Fiscal, así, en su Artículo 8 señaló: ‘En cada capital de provincia, de siento de Corte de Apelaciones, habrá un abogado procurador fiscal’, relató. De esa manera, señaló, “nuestra procuraduría, que corresponde al territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Talca, creada en 1888, era una provincia chilena en 1925, asiento de una Corte de Apelaciones. Luego, la fecha de creación de la procuraduría podría estimarse el año 1925”, apuntó.
Citando como fuente los boletines informativos realizados con motivo del centenario del Consejo, señaló que, en sus inicios, la Procuraduría Fiscal de Talca “funcionó en el edificio de Servicios Públicos, ubicado en la Plaza de esa ciudad, el cual resultó totalmente destruido por el terremoto de 1 de diciembre de 1928”. Con posterioridad, agregó, fue reconstruido en 1930, “ocupando la procuraduría las oficinas contiguas a la Iltma. Corte de Apelaciones. En ese edificio desarrolló sus funciones durante 65 años, hasta 2004”, precisó. Posteriormente, dicha oficina ha tenido dos domicilios, incluido el actual, ubicado en calle 1 poniente 1055, “al cual llegamos en 2015”.
A continuación, nombró a cada uno de los destacados abogados que lo antecedieron en el cargo de procurador fiscal. “Han servido en este cargo los señores Renato Evia Labe, quien fuera posteriormente consejero; don Abel Bravo Barahona, quien además fue abogado integrante de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca y presidente del Colegio de Abogados de esta ciudad; don Ricardo Quinta Ailwin; don Diego Molina Gadal; don Mario Sepúlveda y don Otto Cid Herrera. Posteriormente, se produce la reincorporación de don Mario Sepúlveda, a quien lo sucede don Genaro Bobadilla Briones; seguido por don Florencio Maurería y por don Octavio Muñoz Echegoyen”. Finalmente, indicó, “este servidor”.
Respecto del territorio jurisdiccional que corresponde atender a esa procuraduría fiscal, indicó que considera “el que abarca la Iltma. Corte de Apelaciones y que corresponde a la totalidad de la Región del Maule. Es decir, su jurisdicción incluye, tanto en lo civil, penal, laboral y policía local, los juzgados de Licantén, Curicó, Molina, Curepto, Talca, San Javier, Constitución, Linares, Parral, Cauquenes y Chanco”, precisó.
En cuanto al volumen y tipo de materias que con mayor frecuencia corresponde atender al equipo del Consejo en esa región, el abogado procurador fiscal subrayó que, en términos de crecimiento, los asuntos y causas laborales constituyen un ámbito que ha experimentado una expansión significativa en los últimos años. Al respecto, resaltó que, a partir de 1998, “se ha experimentado un aumento sustancial del quehacer interno en ese tipo de litigios, aun cuando en nuestra procuraduría se llevan alrededor de 1.200 causas civiles, laborales y penales, las que se ven incrementadas por las causas voluntarias sobre expropiación, que representan un universo de 1.800 juicios”. A ello, agregó, se añade el permanente estudio de diversos tipos de antecedentes.
En relación con causas civiles y penales, detalló, “especialmente en materia de drogas y fraudes y las, entonces, escasas expropiaciones que nos correspondía llevar en el pasado, en los últimos 30 años hemos experimentado un incremento en materias que, antaño, eran de escasa ocurrencia”, subrayó. En ese sentido, mencionó las expropiaciones, las cuales hoy representan un volumen masivo en la carga de trabajo de esa procuraduría; juicios sobre nulidad de derecho público; juicios laborales interpuestos por funcionarios públicos, los cuales “antes no se conocían”. Estrechamente relacionados, mencionó aquellos “sobre responsabilidad solidaria y subsidiaria del Estado en materia de subcontratación introducida por el Código del Trabajo, así como recursos de protección contra la administración”.
Entre otros hechos que afectan al Consejo y a esa procuraduría indicó aquellos acontecimientos “que quebrantan la normalidad, tales como catástrofes, terremotos, temporales, la pandemia, eventos socio-políticos, como los ocasionados por protestas, todos los cuales producen ciertas afectaciones en la ciudadanía, o impactos respecto de los cuales no está ajena la atribución de responsabilidad al Estado, desencadenando múltiples juicios por responsabilidad extracontractual que incrementan nuestro quehacer”, afirmó.
Asimismo, se refirió al ámbito de desarrollo de las políticas públicas, el cual conlleva inversión de recursos fiscales en infraestructura, obras que también se traducen en múltiples litigios en los que debe intervenir dicha procuraduría fiscal. En concreto, a partir del desarrollo de diversos planes, obras y políticas públicas, ha desplegado y despliega su labor en múltiples litigios contencioso-administrativos, civiles, laborales, procesos expropiatorios y, también, en investigaciones penales. A modo de ejemplo, mencionó el desarrollo de obras viales, construcción de embalses y de canales de riego, hospitales, establecimientos educacionales, centros penitenciarios, complejos deportivos, entre otros.
“En estos asuntos se ve afectado el patrimonio del Fisco, y es ahí donde nosotros estamos presentes, puesto que en todas las materias indicadas hemos tenido litigios. Con esto quiero decir que la labor del Consejo de Defensa del Estado no es marginal, sino que se encuentra engastada en el andar diario de la sociedad y, en específico, en el de nuestra sociedad maulina, a la que estamos orgullosos de pertenecer”.
Desarrollar dicha labor “requiere de nosotros un constante perfeccionamiento y mantener permanente contacto con las instituciones fiscales afectadas, muchas de las cuales están hoy aquí con nosotros y con las que mantenemos canales de comunicación expeditos y fluidos”, subrayó.
En esa creciente y evolutiva tarea por la cual han transitado durante los últimos 30 años, el equipo que conforma la Procuraduría Fiscal de Talca ha pasado de cinco a 24 funcionarios. “Nuestra labor no es fácil, porque es voluminosa y se trabaja con plazos que no perdonan”. No obstante, agregó, “se lleva con firmeza, y ello no sería posible si no se contara con el empuje, tesón, dedicación, entrega de todos y cada uno de los integrantes de nuestra procuraduría. Porque aquí entran todos, auxiliares, administrativas, soporte jurídico, procuradores y abogados, cada uno en su lugar, dando lo mejor de sí, quienes no desmallan ante las exigencias que impone el rigor del trabajo”.
