TRIBUNAL ACOGIÓ PLANTEAMIENTOS DEL CDE Y APLICÓ DURAS CONDENAS A GENDARMES CULPABLES DE APREMIOS ILEGÍTIMOS A REOS DE PENAL DE VALDIVIA

31.10.2018.- Hoy miércoles el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, Región de Los Ríos, dio lectura a la sentencia con que condenó a cuatro funcionarios de Gendarmería acusados por el Ministerio Público como autores de apremios ilegítimos y torturas contra tres reos del penal de esa ciudad, cometidos en enero de 2013.

El Consejo de Defensa del Estado –a través de su Procuraduría Fiscal en Valdivia–, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos intervinieron en el juicio en calidad de querellantes particulares. El Abogado Procurador Fiscal Natalio Vodanovic, subrayó que el Tribunal “acogió la tesis propuesta por el CDE, en cuanto se estableció que los acusados, con sus actuaciones, no sólo atentaron contra la integridad física y sicológica de las víctimas, sino que éstas se contextualizaron en el marco de castigos a reos, actos que son repudiados por el ordenamiento jurídico interno y por los tratados internacionales suscritos por el país”.

Para el capitán Víctor Arriagada Sepúlveda, el Tribunal fijó una pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, costas del procedimiento, y registro de la huella genética conforme lo indica la ley 19.970. En tanto, los cabos Patricio Trui Trui Manquel y Claudio Schleef Rodríguez fueron sentenciados a 800 días de presidio menor en su grado medio, bajo el régimen de remisión condicional de la pena, más las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, costas y registro de la huella genética; mismas condiciones que fijó para el cabo Diego Garrido González, quien a diferencia de los otros dos gendarmes, fue sentenciado a 541 días de presidio menor en su grado medio.

Respecto de los cabos Trui Trui y Schleef, el Tribunal aplicó las penas solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado, además de acoger los planteamientos del Organismo respecto de mantener la imposición de las penas accesorias de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, desestimando la solicitud de las defensas para que éstas no les fueran impuestas.

 

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