Su trayectoria y los atributos que lo distinguieron

 

Julio Cabezas ingresó al Consejo en 1958, como abogado auxiliar en la Procuraduría Fiscal de Iquique, tras obtener su título profesional una vez finalizados sus estudios en la Universidad de Concepción. Poseedor de un agudo intelecto y un marcado interés en el sistema de justicia, ya desde su época de estudiante se caracterizaba por su profundo interés por la defensa de los derechos humanos y de la equidad social.

 

Nombrado en el cargo por el Presidente Eduardo Frei Montalva en 1968, testimonios registrados en distintas fuentes documentales relevan los atributos que lo distinguieron como preparado abogado y comprometido servidor público, quien defendió con celo y valentía el interés del Estado.

 

Recuperada la democracia en 1990, el entonces Presidente del Consejo, Guillermo Piedrabuena Richard destacó su “espíritu público y gran celo para defender el interés del Estado en las causas en que le correspondió intervenir como representante legal del Fisco en la jurisdicción de Iquique” 1 .

 

Junto a su desempeño como abogado del Fisco, Julio Cabezas desarrolló “con gran éxito el ejercicio particular de la profesión, destacándose por su preparación y responsabilidad”, recordó Piedrabuena. “Era un funcionario de ejemplar dedicación, que además desempeñaba la jefatura del Servicio de Asistencia Judicial en la misma ciudad”, consignó, a su vez, el Consejero Gonzalo Vial Correa, en la obra en que recogió la historia del organismo 2.

 

Una de las hijas del Abogado Procurador Fiscal, Myriam Cabezas Rojas, describió a su padre como “un gran profesional, querido por su forma de ser y su gran corazón. Siempre tratando de ayudar a la gente, muchas veces defendió casos sin mediar compensación económica, lo que lo llevó a ser apodado ‘el abogado de los pobres’ en Iquique”.

 

Asimismo, con motivo del homenaje realizado el 11 de octubre de 2022 en Iquique –frente al busto que lo recuerda en la Plaza de la Justicia–, su sucesor, el actual Abogado Procurador Fiscal, Marcelo Fainé, lo distinguió como “un hombre de gran tenacidad profesional, ecuánime, independiente y apolítico, amante del servicio público. Vivía para su esposa y sus cuatro hijos, para el Consejo y para el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados de Iquique, del cual llegó a ser su abogado jefe (…). De gran capacidad y versación jurídica, importante fue su actuación profesional en uno de los tantos procesos llamados ‘contrabandos del siglo, como fue el caso de la M/N Puelche en que se investigaba en aquellos años, entre otros, una importante internación ilegal de armas al país´”.

 

Otras referencias a dichas condiciones personales pueden encontrarse en el libro “La Verdad de Pisagua”, escrito por el ex detenido político Freddy Alonso Oyanedel, quien se refirió al abogado como “un hombre de gran prestigio y austeridad, que fue designado por el Consejo de Defensa del Estado para investigar el contrabando y tráfico de cocaína en Iquique”. La periodista y escritora Alejandra Matus, en tanto, señaló en “El Libro Negro de la Justicia Chilena” que Cabezas era considerado “un abogado brillante, un funcionario de ‘dedicación ejemplar’, que actuaba, además, como jefe del Servicio de Asistencia Judicial en Iquique”.

 

La entrega y compromiso le valieron a Julio Cabezas Gacitúa el reconocimiento de sus colegas y de la comunidad iquiqueña. Desde el punto de vista de su desempeño público, no parecen existir matices en cuanto al honor y profesionalismo con que se dedicó a la fiscalización de las oficinas estatales, administrativas y judiciales de dicha provincia nortina hasta el momento de su detención, el 14 de septiembre de 1973.

 

El golpe de Estado y las consecuencias sobre su persona

 

Correspondió a Julio Cabezas colaborar estrechamente en la investigación de eventuales delitos de carácter económico que podrían importar un daño al patrimonio fiscal. “Siguiendo instrucciones precisas del Consejo, trabajó en conjunto con las autoridades administrativas en la coordinación de diferentes servicios públicos para prevenir y reprimir actividades contrarias al orden económico y a la salud pública”, relató el entonces Presidente Piedrabuena.

 

En el desempeño de esas labores, investigó, por encargo del Consejo, actuaciones de algunos magistrados y funcionarios judiciales de Iquique que, en concepto del organismo, no se avenían con el recto ejercicio de tan alta responsabilidad.

 

“El resultado de esta investigación en diversos procesos fue puesto en conocimiento de la Excma. Corte Suprema de la época, que designó un Ministro en Visita extraordinario. Éste propuso, en definitiva, algunas medidas disciplinarias que fueron dispuestas por el Máximo Tribunal”, relató el entonces Presidente del Consejo. Lo anterior llevó aparejado consecuencias para el Abogado Procurador Fiscal, que incluyeron se le prohibiera el acceso a un determinado tribunal por parte de uno de los funcionarios afectados, hecho que provocó el reclamo del Consejo ante los tribunales superiores.

 

Los sucesos que antecedieron su fallecimiento han sido reconstruidos en detalle por el Abogado Procurador Fiscal Marcelo Fainé: “Julio Cabezas Gacitúa estaba convencido que la corrupción es más posible entre aquellos que son menos sancionables y, por eso, con esfuerzo, tenacidad y valentía, pretendió que la ley se les aplicara a todos por igual y se sancionaran drásticamente esas desviadas conductas”.

 

En cumplimiento de estos principios y por instrucciones precisas de su jefatura, tuvo una enérgica actuación, persiguiendo primero el contrabando de exportación, tan común y rentable en ese tiempo, especialmente de alimentos desde Iquique hacia Bolivia y, luego, el tráfico de drogas que se realizaba en forma creciente desde las fronteras bolivianas y peruanas hacia Chile, muchas veces con financiamiento local. Estos negocios ilegales, pero muy lucrativos, permearon fuertemente a funcionarios públicos, entre ellos, a algunos miembros del Poder Judicial, lo que hizo que, ante denuncias concretas sobre diversas irregularidades formuladas por el entonces Procurador Fiscal, la Corte Suprema designara un Ministro en Visita para que viajara a la ciudad y las conociera e investigara personalmente, designación que recayó en el Ministro Enrique Correa Labra.

 

Como consecuencia de esta investigación, se adoptaron medidas disciplinarias consistentes en la destitución de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique, traslados y la suspensión del juez del Primer Juzgado de Letras Mario Acuña Riquelme, quien al poco tiempo fue nombrado fiscal militar, de acuerdo con la normativa legal vigente.

 

Producido el golpe de Estado, mediante el Bando N° 6, de 14 de septiembre de 1973, se conminó a Cabezas, conjuntamente con otras personas, a presentarse en el cuartel de la VI División del Ejército, lo que este hizo de inmediato y en forma voluntaria, acompañado del entonces presidente del Colegio de Abogados de Iquique, Tomás Bonilla Bradanovic. Lo anterior, en el entendido que se trataba de un error cometido en esos convulsionados días, el que pronto se aclararía. Sin embargo, Julio Cabezas quedó detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y, luego, trasladado al Campo de Prisioneros de Pisagua.

 

A raíz de su arbitraria detención, el entonces Presidente del Consejo Manuel Guzmán Vial envió un oficio al General de División expresando la preocupación de la institución por su funcionario. A pesar de ello, no fue liberado, y constituyó una dramática sorpresa para la comunidad local enterarse a través del Bando N° 82 de su fusilamiento el día 11 de octubre de 1973, acusado y condenado, según se señaló, del delito de traición a la patria. Ello, tras la celebración de un supuesto consejo de guerra que se habría realizado el día anterior, en el campo de prisioneros de Pisagua.

 

Julio Cabezas, y cuatro personas más ejecutadas con él, habrían muerto confesos de delitos como traición, espionaje, planes subversivos, infiltración de las Fuerzas Armadas, etc. “En el caso del funcionario del Consejo, estas acusaciones eran y son absolutamente inverosímiles: el señor Cabezas no tenía partido ni actividad política, ni tendencia revolucionaria alguna. Era un hombre ecuánime, amante del servicio público, y que vivía para éste, su profesión y su familia. Por otra parte, el supuesto consejo de guerra que lo condenó, parece no haber existido, pues no se ha logrado hallar el menor rastro de él: ni expediente, ni sentencia, ni quien declare haberlo presenciado”, consignó, también, el consejero Gonzalo Vial.

 

Es del caso destacar –asegura Marcelo Fainé–, que después de realizarse numerosas investigaciones y búsquedas, tanto el expediente a que se hizo referencia, como las actas del supuesto consejo de guerra nunca fueron ubicadas ni halladas. Tampoco el nombre del abogado que debió representarlo en aquel proceso, conclusión a que se arribó rápidamente, considerando que en aquellos tiempos en esa ciudad trabajaban profesionalmente no más de 25 letrados, todos conocidos, muchos de los cuales fueron convocados a asistir a otros consejos de guerra, pero curiosamente, ninguno a éste.

 

Los restos de Julio Cabezas Gacitúa nunca fueron entregados a su familia, sino descubiertos 17 años después, en 1990, en una fosa común al costado norponiente del Cementerio de Pisagua. Participaron en el hallazgo de la fosa su hijo Patricio Cabezas Rojas y su yerno Bernardo Tapia. Hoy yacen en paz en el Cementerio de Concón, donde fueron sepultados por sus seres queridos.