(16.03.2023) En representación del Presidente de la República y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado solicitó hoy jueves al Tribunal Constitucional el rechazo íntegro de siete requerimientos deducidos por un grupo de Senadores con el objeto de impugnar diversos decretos supremos de concesión de indulto por parte del Presidente de la República.
En su alegato, el consejero del CDE, Raúl Letelier, desarrolló argumentos que permiten desestimar fundadamente la existencia de los conflictos constitucionales planteados en los requerimientos.
En relación con los indultos concedidos a quienes fueron condenados en el contexto de las movilizaciones sociales, el consejero sostuvo que estos cuentan con un fundamento expreso, que dice relación con “la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que exigen la adopción de acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social”. En ese sentido, afirmó que sostener que los indultos carecen de motivación y razonamiento por no fundarse en razones de carácter humanitario es restrictivo e improcedente. Ello, dado que la Constitución Política de la República no restringe los fundamentos por los cuales procede el uso de esta facultad, que ha sido ejercida también “como expresión de perdón político, tal vez, su uso más usual y prototípico”, indicó. “Luego de crisis políticas, aquellas personas involucradas y condenadas son indultadas como una forma de recomposición social” –precisó– “por lo que desestimar como fundamento plausible aquellas razones de carácter político y social que han motivado a través del tiempo el ejercicio de esta potestad por distintos Presidentes resulta poco fiel con la historia de la institución”.
En relación con el decreto supremo mediante el cual se concedió el indulto a Jorge Mateluna, el consejero Letelier señaló que la revisión de sus fundamentos da cuenta de las razones expresas que ponderó el Presidente de la República al adoptar dicha decisión. Específicamente, un cúmulo de antecedentes contenidos en distintos informes sicosociales elaborados por equipos de especialistas del centro penitenciario donde éste se encontraba recluido.
