(29.03.2022) El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, rindió hoy miércoles la última Cuenta Pública de su gestión al frente del organismo, mandato que desempeñó durante el último trienio y que concluirá a mediados del mes de abril.
La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y contó con la participación de autoridades y representantes de instituciones del sector de justicia; del Poder Ejecutivo; de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; entre otros organismos e instituciones públicas. Lo acompañaron, también, consejeras consejeros, abogadas y abogados procuradores fiscales, directivos, funcionarias y funcionarios del Consejo de Defensa del Estado.
El balance incluyó las cifras que ilustran la magnitud de asuntos y cuantías a cargo del organismo. En su dimensión patrimonial, señaló el Presidente, los 16.365 juicios vigentes representaron un monto cercano al 4% del PIB del año pasado. Y, desde el punto de vista de los resultados, destacó la cuantía total de los juicios ejecutoriados durante 2022, que alcanzó a 501 millones de dólares, respecto de la cual, el Consejo evitó al Estado el pago del 90,6% del total demandado, monto equivalente a 454 millones de dólares. En otras palabras, su desempeño ante tribunales permitió un importante resguardo de recursos fiscales para ser destinados a la implementación de políticas y obras públicas en beneficio de la ciudadanía en su conjunto, indicó.
Eficacia de las actuaciones en el marco de las movilizaciones sociales y de la pandemia
La gestión del Presidente Juan Peribonio se vinculó estrechamente con dos acontecimientos que pusieron a prueba con inusitada fuerza la capacidad de reacción, organización y versatilidad del Consejo. Las movilizaciones sociales de fines de 2019 y, poco más tarde, la llegada de la pandemia, se tradujeron en el estudio de miles de asuntos penales, civiles y constitucionales que el organismo abordó readecuando sus metodologías y definiendo criterios acordes con la magnitud y características de los hechos.
La coordinación desarrollada permitió efectuar defensas judiciales uniformes y consistentes, ejercer acciones oportunas, adecuadamente fundadas, y concentrar la capacidad de litigio en aquellos casos de mayor gravedad o connotación social.
Solo en materia penal, el CDE recibió y estudió 2.975 asuntos relacionados con la participación de agentes del Estado en hechos constitutivos de vulneraciones de los derechos de las personas y, también, relativos a daños ocasionados por particulares a bienes públicos y/o monumentos nacionales. Al cierre de 2022, el organismo ha presentado 35 querellas por delitos de apremios ilegítimos, principalmente y, otras 127, por daños ocasionados a bienes públicos.
Las medidas adoptadas por la autoridad para el control de la emergencia sanitaria también fueron objeto de múltiples impugnaciones para solicitar mayor intervención del Estado o, por el contrario, limitar las medidas sanitarias decretadas. El Consejo conoció 2.950 asuntos, asumiendo la representación judicial en 635 causas. Las defensas desplegadas por el organismo fueron efectivas en 93,81% de esos juicios, al obtenerse sentencias favorables al interés fiscal en 561 casos.
“La actividad desplegada por el CDE en el marco de ambos episodios, que quedarán marcados en nuestra historia, sin duda reflejan la importancia de su función pública en defensa de las potestades de los órganos del Estado y, en definitiva, del Estado de Derecho”, señaló el Presidente Peribonio. En ese sentido, la labor desarrollada “nos permitió entregar el soporte jurídico para garantizar las actuaciones de las distintas autoridades y sortear las complejas y múltiples problemáticas que surgieron, posibilitando retornar paulatinamente a la tan esperada estabilidad y normalidad en el diario quehacer”, destacó.
Sostenido crecimiento de asuntos a cargo del CDE
El Presidente se refirió, también, al ingreso durante el año pasado de más de 16 mil nuevos asuntos al Consejo, entre juicios contenciosos, expropiaciones, estudio para el inicio de acciones y cobranzas, que responden a requerimientos de Ministerios o Servicios centralizados, como el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Armada de Chile, Ejército de Chile, municipalidades y el Ministerio de Salud, entre otros.
Sólo en materia de juicios, ingresaron 6.677 litigios en 2022, los que se incorporaron al stock vigente que, al cierre del año, registraba 16.365 causas a cargo del organismo. Este incremento se reflejó con claridad en los juicios sobre materias laborales, que experimentaron un incremento de 61% en 2022, pasando de 2.048 causas, en 2021, a 3.301 el año pasado.
Activo rol en el combate de la corrupción
El Presidente se refirió a la permanente tarea que realiza el Consejo para perseguir los delitos de corrupción a lo largo del país, apoyando el avance de las investigaciones a cargo del Ministerio Público mediante la presentación de querellas criminales y la solicitud de diligencias para esclarecer los hechos, establecer la responsabilidad penal de los responsables y obtener las más gravosas condenas por parte de los tribunales.
“Una de las funciones más conocidas del Consejo es el combate contra la corrupción. La gravedad de estos delitos radica en que, junto con ocasionar un importante perjuicio fiscal y entorpecer la capacidad de funcionamiento del Estado, produce un daño profundo a la fe pública, y a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, degradándolas en una afectación considerable al Estado de Derecho”, sostuvo el Presidente.
En este ámbito de la labor del organismo, el Presidente Peribonio destacó la creación, en 2021, de una unidad especializada en asuntos municipales, la que ha posibilitado “apoyar la labor de los actores relevantes que se vinculan directamente con la litigación de causas del ámbito municipal, fortaleciendo además la cooperación con instituciones del Estado que participan desde diferentes ópticas en estos procesos”. En el trienio, indicó, ingresaron al Consejo más de dos mil asuntos que involucran a distintas municipalidades, corporaciones municipales y/o a sus funcionarios, en diversas materias, civiles, penales o medioambientales. Sólo en materia penal, el organismo registra 776 causas en que se indagan delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible o tráfico de influencias, entre otros.
En ese sentido, subrayó que el Consejo ha deducido querellas en más de 200 de esos procesos penales, entre los que mencionó las investigaciones relativas a las municipalidades de Vitacura, Tierra Amarilla, Antofagasta, Puerto Varas, San Fernando y San Ramón. Destacó, a su vez, la activa participación del organismo para perseguir los delitos cometidos contra el patrimonio de las comunas de Chillán, Santiago, San Miguel, Concepción, Valparaíso, Coyhaique y Punta Arenas, en el marco de licitaciones de luminarias públicas, procesos conocidos como Itelecom, en las que el CDE ha interpuesto diez querellas criminales.
En tanto, realizó un balance del trabajo y resultados que a la fecha el Consejo ha obtenido mediante su participación en juicios de gran envergadura relativos a fraudes cometidos contra el Ejército y Carabineros; añadiendo, también, sus actuaciones en los procesos en curso por delitos de corrupción en la Policía de Investigaciones y de financiamiento irregular de la política. En relación con el veredicto condenatorio obtenido en el juicio seguido contra exejecutivos de ENAP, conocido como “crudo iraní”, el Presidente del CDE sostuvo que éste constituye un gran logro para la protección medioambiental y refleja la sostenida labor que durante cinco años desarrolló el CDE en esa causa.
Defensa y protección del medioambiente
A continuación, el Presidente destacó el consistente trabajo realizado por el Consejo durante el último trienio para fortalecer significativamente sus actuaciones en la persecución de delitos que afectan el medioambiente y el alto estándar de sus demandas para obtener su reparación, cuando ha sido dañado.
En ese sentido, mencionó la labor efectuada para promover la resolución colaborativa de conflictos socioambientales, mediante transacciones que consideran la participación en igualdad de condiciones de las comunidades locales y el desarrollo de un importante rol articulador para favorecer instancias de coordinación intersectorial a nivel nacional, regional y comunal, que permitan al Estado actuar de forma preventiva y eficaz.
“Durante el trienio 2020-2022, se han alcanzado más de diez acuerdos conciliatorios autorizados por los Tribunales Ambientales. Estos acuerdos están permitiendo la ejecución de obras por un valor superior a los $134.000.000.000 (ciento treinta y cuatro mil millones de pesos), destinadas a la reparación ambiental, compensación y de desarrollo comunitario”, anunció el Presidente.
En tanto, respecto del ejercicio de las atribuciones penales del CDE para perseguir delitos de connotación ambiental o asociados a la actividad ambiental, teniendo presente que en la actualidad no existe un estatuto penal de protección ambiental, el Presidente mencionó la querella interpuesta por el Consejo contra la salmonera Nova Austral S.A, por provocar un daño ambiental irreparable y permanente en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes, como consecuencia de la sobreproducción de centros de acuicultura y la alteración del fondo de mar. También, las 18 querellas presentadas para perseguir el delito previsto en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, en el contexto de las movilizaciones sociales.
“Es importante destacar que este Servicio ha aumentado sustantivamente la intervención penal ante la ocurrencia de delitos contra el medio ambiente, pasando de una querella presentada en 2019, a contar hoy con 35 investigaciones penales en curso, iniciadas a partir de las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado”, subrayó el Presidente Peribonio.
Relevante rol articulador del CDE
Otro importante ámbito desarrollado con éxito durante el periodo se refiere al fomento del rol articulador que el organismo ha promovido en las distintas áreas de su quehacer, con positivos resultados.
Como ejemplo de ello, el Presidente Peribonio mencionó las tareas de coordinación y trabajo colaborativo conducidas por el CDE con distintas instituciones y servicios, entre estas, procesos iniciados contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la licitación de pasaportes y cédulas de identidad; resguardo de los intereses fiscales en liquidaciones de las empresas constructoras de obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas; demandas deducidas por la Concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, logrando el término de la mayoría de las acciones mediante el desarrollo del procedimiento de transacción, que permitió un importante ahorro para el país; constitución de una Mesa de Trabajo para analizar las estrategias frente a emisiones masivas de licencias médicas falsas; coordinación para defender al Ministerio de Bienes Nacionales por los desalojos de terrenos fiscales; defensa de las atribuciones del Ministerio de Agricultura para resguardar las parcelaciones rurales y, recientemente, defensa del derecho del Presidente de la República, respecto de su potestad constitucional de otorgar indultos a personas determinadas.
En relación con la labor desarrollada con todos los organismos competentes y el Ministerio Público para perseguir y detener los perjuicios cometidos contra el patrimonio de FONASA, el Presidente sostuvo que las 54 querellas presentadas por el CDE a la fecha han estimado una defraudación superior a los 60 mil millones de pesos. Asimismo, destacó el operativo dirigido por la Fiscal Preferente designada para estas causas, Lorena Parra, mediante el cual se ha formalizado a 32 imputados vinculados a la venta masiva de licencias médicas falsas, los que se mantienen privados de libertad en la actualidad.
“Este resultado exitoso en el trabajo colaborativo que nos hemos propuesto hacer, queda en evidencia con el ahorro que se ha generado, ya sea por el impedimento de que los médicos formalizados puedan seguir emitiendo licencias médicas al haber sido decretadas las medidas de prisión preventiva o arresto domiciliario o también por el efecto persuasivo que nuestras acciones penales generan en el resto”, sostuvo.
Tras referirse a la presentación efectuada ante la Convención Constitucional, a comienzos del año pasado, el Presidente identificó como desafío para el Consejo de Defensa del Estado en el futuro “asegurar el alto estándar técnico jurídico de sus estrategias, el carácter especializado e independiente de sus actuaciones ante los tribunales y el fortalecimiento de las características y condiciones del equipo de personas que lo conforman. Lo anterior, teniendo presente la necesidad de estar atentos para adaptarse permanentemente al mayor volumen de juicios y su complejidad”.
Al cierre de su último discurso, el Presidente Juan Peribonio se refirió a los seis ejes o pilares en que se sustenta el Plan Estratégico Institucional, cuyo énfasis se puso, principalmente, en las personas que conforman el CDE. “Ello corrobora la condición sustancial que como institución otorgamos a nuestras funcionarias y funcionarios, en tanto pilares esenciales para cumplir adecuadamente con la misión legal, aportando profesionalismo, experiencia jurídica y compromiso con la función pública”, aseguró.
