(09.08.2023) Tras participar este lunes en la ceremonia de promulgación de la nueva ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, se refirió a aspectos de la normativa que permitirán fortalecer el ejercicio de defensa de los intereses públicos.
El Presidente Raúl Letelier señaló que la normativa regula, entre otros aspectos, la prevención de la comisión de delitos económicos a través de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Lo anterior contribuye a regular mejor ámbitos relevantes y sensibles para la ciudadanía, como son la persecución de delitos de corrupción. “Es muy importante que la ley reconozca la magnitud y el impacto que este tipo de delitos provoca en el desarrollo del país, al debilitar la cohesión social y asentar una sensación de impunidad respecto de sus responsables”. En ese sentido, agregó, “su entrada en vigencia tendrá positivos efectos en el debido resguardo de las instituciones, así como en el incremento de la confianza de las personas en el correcto funcionamiento de los organismos del Estado”.
Del mismo modo, el presidente del CDE valoró el nuevo sistema de responsabilidad penal ambiental, de amplia aplicación, tanto para personas naturales como jurídicas, “que permitirá contar con mejores herramientas para la persecución de delitos que atentan contra el patrimonio ambiental del país”. “La creación de nuevos delitos, como el de contaminación y daño ambiental, y la incorporación de penas privativas de libertad, constituyen elementos sustanciales que robustecen la función que el Consejo viene realizando desde hace mucho tiempo en la protección del medioambiente”, estimó.
Este nuevo sistema de responsabilidad penal ambiental –subrayó el presidente Letelier– “implica una importante modificación a las conductas que deben observar las personas jurídicas que ejecutan proyectos o actividades que pudieren afectar el medioambiente”. En ese sentido, “constituye también una poderosa herramienta de prevención”, precisó.
