(08.11.2021) El Consejo de Defensa del Estado interpuso dos querellas criminales por delitos cometidos contra las corporaciones municipales de las comunas de La Florida y Cerro Navia, en la Región Metropolitana, entidades donde se investiga la malversación de caudales públicos respecto de recursos destinados a las áreas de salud y educación.
En el caso de La Florida, la acción del CDE –presentada el pasado 21 de octubre ante el 14 Juzgado de Garantía de Santiago–, se dirige contra quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas en una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República al proceso de control financiero de la corporación municipal, COMUDEF, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017.
El organismo fiscalizador verificó que los aportes de recursos fiscales para las áreas de salud y educación municipal (Fondos de Apoyo a la Educación Pública, FAEP), no fueron ingresados a las cuentas correspondientes, constatando la imposibilidad de corroborar su destino dado que dichos recursos no fueron utilizados en los propósitos para los que se los entregó.
Tanto la auditoría, como un segundo informe de seguimiento, constataron de manera concluyente la existencia de una situación financiera deficitaria en la COMUDEF, la indisponibilidad de recursos en las cuentas destinadas para los fondos del área de salud y educación y un alto nivel de endeudamiento de la corporación municipal. La Contraloría estableció un faltante consolidado de $20.026.931.838 de dineros de origen fiscal que, a la fecha, no se encuentran en las cuentas corrientes, tampoco se conoce su uso o destino, ni se encuentran acreditados.
Posteriormente, un tercer informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI señaló, respecto de las cuentas contables del área de educación, que los balances no serían concordantes, que el control interno de la corporación y del Directorio fue deficiente y que los balances no reflejaron la real situación financiera de la COMUDEF.
En su querella, el CDE sostiene que los hechos dan cuenta de la sustracción o distracción de una gran cantidad de recursos, situación que también se evidencia en peritaje presentado por el alcalde del Municipio donde se reconoce un faltante de, a lo menos, $8.356.960.286.
En tanto, el pasado 28 de octubre, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, el CDE interpuso querella criminal contra todos quienes resulten responsables de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, luego de que la Contraloría formulara una serie de observaciones en el marco de una auditoría sobre la percepción y uso de recursos de la subvención escolar preferencial, SEP, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
A juicio del CDE, dichas observaciones revisten carácter de delito por tratarse de gastos insuficientemente acreditados con la documentación acompañada, lo que hace presumir la sustracción indebida de los dineros, situación que afectaría a 30 establecimientos educacionales de la comuna. Precisamente, en su querella el Consejo solicita se instruya a la Policía de Investigaciones de Chile indagar y realizar un peritaje a las irregularidades observadas sobre recursos gastados y remanentes no utilizados y saldo en cuenta corrientes exclusiva SEP. Lo anterior, dado que la Contraloría indicó que el total de ingresos del periodo 2016 ascendería a la suma de $2.424.488.581 y que se habrían invertido $654.479.040, quedando un saldo por ejecutar $1.770.009.541. Asimismo, que el saldo de arrastre del año 2015 ascendería a la suma de $3.447.318.749, quedando un remanente de $5.217.328.290. Y, por último, que al 31 de diciembre de 2016, el saldo en las tres cuentas corrientes bancarias destinadas exclusivamente a dicha subvención ascendería sólo a $261.203, monto que no cubre el remanente de $5.217.328.290.
En su querella, el Consejo sostiene que “los hechos se enmarcan dentro del tipo penal del artículo 233 del Código Penal, toda vez que la autoridad máxima de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, esto es, el secretario general que ocupaba el cargo a la fecha de ocurridos los hechos, no proporcionó a la Contraloría General de República, en forma íntegra y oportuna durante la auditoría realizada los respectivos documentos sustentatorios que justificaran los gastos referidos, así como los antecedentes en los que constara la autorización de aquellos, estando obligado a rendir cuenta de ellos sin que a la fecha hayan sido reintegrados los montos indicados”.
