(16.01.2024) El Consejo de Defensa del Estado participó en la audiencia de formalización que se desarrolló hoy martes ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación penal seguida contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, entre ellos, la exalcaldesa Cathy Barriga, imputados por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación.
Representado por el jefe de Litigio Penal y el abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Cristóbal Díaz y Rodrigo Álvarez, respectivamente, junto con la jefa de la Unidad Especializada de Asuntos Municipales, Pamela Almonacid y la abogada de dicha unidad, Fernanda Muñoz, el Consejo interviene como querellante institucional, por tratarse de delitos Cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y que ocasionan perjuicio al patrimonio público.
Mediante la querella presentada este jueves 11 de enero, el CDE imputa los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso en distintos grados de participación y ejecución, contra la exedil Cathy Barriga y los exfuncionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239, 193 N°4 y 196 del Código Penal.
Al respecto, el abogado Procuraduría Fiscal de Santiago, Rodrigo Álvarez señaló que, en su calidad de querellante institucional, en representación del interés público, corresponde al Consejo de Defensa del Estado participar en cada una de las etapas procesales de esta investigación, en la que se indagan delitos que la ley le encarga perseguir por afectar recursos fiscales.
Con ese objetivo, señaló “presentamos nuestros argumentos de hecho y derecho al tribunal en que se funda la acción penal del Consejo, tras concluir la comunicación de los hechos por parte del Ministerio Público”. Lo anterior, añadió “conforme con los antecedentes de la investigación que precisamente dan cuenta de ilícitos cometidos durante el período de administración de la exalcaldesa, quien, junto al resto de los imputados, habría participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades de documentos, ocasionado perjuicio económico al patrimonio municipal, el cual, conforme con los antecedentes recabados por la investigación penal, superaría los $30 mil millones”. “El delito que está imputando el CDE con relación a estos perjuicios, es el de fraude al Fisco”, finalizó.
