(22.08.2023) El Consejo de Defensa del Estado participó este 16 y 17 de agosto en una inspección personal al Salar de Atacama, decretada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Lo anterior, en el marco de la demanda de reparación ambiental presentada por el organismo contra tres sociedades mineras, cuyas actividades provocaron un daño irreparable al acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo y a la biodiversidad que lo rodea.
La diligencia judicial, realizada en pleno Salar de Atacama por los abogados y representantes del CDE, Osvaldo Solís, de la Unidad de Medio Ambiente, y Agustín Tello, de la Procuraduría Fiscal de Antofagasta; permitió la revisión de un pozo de bombeo en el sector de Monturaqui, dos pozos de control de extracciones en el Sector Callejón, pozos de bombeo ubicados en la Vertiente de Tilopozo y en el sector en Tucúcaro y, además, del sistema lagunar La Punta y La Brava, y las Vegas de Tilopozo.
En dicho recorrido, fue posible apreciar en concreto la dinámica de funcionamiento del acuífero afectado y cómo operó la activación del “Plan de Alerta Temprana de 2001” de la Dirección general de Aguas para las extracciones en el sector Monturaqui y Callejón, contrastándolo con los modelos hidrogeológicos que manejan las partes, así como el grado de afectación a la flora, propia del sistema vegetacional azonal hídrico de las Vegas de Tilopozo, examinándose además las características del sistema lagunar de La Punta y La Brava, y la biodiversidad única que encierran.
La inspección personal contó con el respaldo y trabajo colaborativo de cuatro profesionales y asesores expertos pertenecientes al departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA, de la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, de la Sección de Recursos Hídricos de la División de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), y de la División Protección de Recursos Naturales Renovables del SAG, quienes respondieron las consultas de los ministros del Primer Tribunal Ambiental y contribuyeron en la formulación de observaciones por parte del Estado de Chile, representado por el Consejo, acerca del daño ambiental causado.
Al respecto, la abogada jefa de la Unidad de Medio Ambiente del CDE, Natalia Alfieri, señaló que “la participación relevante del Consejo de Defensa del Estado en esta diligencia judicial no hubiera sido posible sin el aporte de distintos Servicios del Estado y de la experticia y solvencia profesional de sus funcionarios, coordinados en el marco de sus competencias para defender el patrimonio ambiental de Chile”.
Recordemos que esta causa comprende la demanda de reparación interpuesta por el Consejo en contra de Minera Escondida Limitada, de Compañía Minera Zaldívar SpA y de Albemarle Limitada por la extracción continua e ilegal de recursos hídricos del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, procedimiento acumulado a la acción presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, con la participación del Consejo de Pueblos Atacameños como tercero coadyuvante.
