(30.04.2025) En una ceremonia que contó con la participación de las más altas autoridades del Poder Judicial, de la administración central, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, de organismos autónomos, de la academia y de su Consejo de la Sociedad Civil, el presidente Raúl Letelier Wartenberg rindió el martes 29 de abril la Cuenta Pública de la gestión institucional 2024. La ceremonia se enmarcó, además, en la conmemoración, este 2025, de los 130 años del Consejo de Defensa del Estado.
Acompañaron al presidente Letelier un importante número de funcionarios/as encabezados por sus consejeras y consejeros, abogados/as procuradores fiscales, directivos/as y los presidentes de sus asociaciones de funcionarios y de abogados.
Mediante un discurso que permitió comprender la importancia de la función encomendada a la institución, de defensa y representación de los intereses del Estado y resguardo del patrimonio público, el presidente abordó los distintos ámbitos de la labor que le corresponde desarrollar. De esa manera, dio cuenta de la magnitud y dimensión de los asuntos a cargo del organismo, las actuaciones relevantes emprendidas durante el periodo y las sentencias que recogieron los argumentos fiscales. Del mismo modo, se refirió a las iniciativas de capacitación y de especialización, el desarrollo de proyectos y plataformas para la mejora continua de los procesos de trabajo, la suscripción de convenios y actividades de relacionamiento con los servicios públicos que representa ante los tribunales, la academia y la sociedad civil.
“Juntos, estamos construyendo una institución que no solo defiende al Estado, sino que también busca inspirar confianza en la ciudadanía y que durante más de un siglo ha sido un pilar fundamental en la defensa y protección de los intereses públicos. Este año el Consejo de Defensa del Estado cumple 130 años. 130 años al servicio de los organismos públicos del país, 130 años de defensa del Estado de Chile”, subrayó el presidente del CDE.
Principales cifras 2024
En sus comienzos, los juicios totales de la defensa fiscal no sobrepasaba los 250, con un valor a la época de nueve millones de pesos. Durante 2024, en cambio, el organismo registró una cifra superior a los 43 mil asuntos vigentes, esto es, casi cinco mil asuntos más que durante 2023, lo que representa un alza de 13%. De todos estos asuntos, la mitad corresponde a juicios en actual tramitación, es decir, causas en las cuales el Consejo se encuentra interviniendo ante los tribunales de justicia.
En relación con dichos litigios, un 61% corresponden a causas relacionadas con materias civiles o contencioso administrativas, un 19% se refieren a causas laborales y de cobranza, un 7% están relacionadas al ámbito penal, un 6% a acciones ante tribunales superiores de justicia, un 5% corresponden al ámbito de reclamaciones por expropiaciones y un 2% a otros juicios especiales.
En su dimensión patrimonial, los 20.977 juicios vigentes durante 2024 representaron un monto equivalente al 4,8% del PIB de los últimos cuatro trimestres publicados por el Banco Central. Desde el punto de vista de la cuantía total involucrada, ésta representó una suma cercana a los 14 billones 344 mil millones de pesos.
Asimismo, durante el periodo anterior ingresaron al servicio cerca de 16 mil asuntos nuevos, la mitad de los cuales corresponden a juicios civiles o contenciosos administrativos, juicios laborales y de cobranza y acciones ante tribunales superiores de justicia. De esas materias, destacan aquellas relacionadas con demandas indemnizatorias relacionadas con vulneraciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, las que el año pasado incrementaron su ingreso en un 16%, llegando a 2.367 nuevas causas.
Creciente judicialización
Al respecto, el presidente Raúl Letelier planteó la preocupación de la institución por el aumento general de los procesos judiciales que le corresponde atender. “Es indiscutible que la ola judicializadora que afecta a muchos países ha llegado también a Chile, lo que nos plantea un sinnúmero de desafíos de mejora en la eficiencia de nuestros procesos internos. Un escenario de este tipo nos obliga a extender nuestras vías alternativas de solución de conflictos y nos exige digitalizar y automatizar la producción de textos legales, todas, herramientas que ya hemos implementado satisfactoriamente en el último año”, subrayó. Al respecto, indicó que “es innegable que este aumento dificulta un mejor trabajo en equipo, aísla a nuestros abogados y sobrecarga su trabajo. Lamentablemente, observamos que estos problemas se ven agudizados en procesos orales donde cada juicio requiere de mucho más tiempo de preparación y captura a nuestros abogados durante largos espacios de tiempo”.
En este sentido, el presidente sostuvo que la constatación de esta alza judicial “es también un llamado de atención a nuestra legislación para hacer lo posible por evitar regulaciones principialistas que profundicen la incertidumbre en las respuestas a problemas jurídicos complejos”. Asimismo, agregó, “para que se observen los riesgos de judicialización en cada una de las reformas legales que se emprenden, así como para propender a que, en las futuras reformas judiciales, se desincentive la litigación frívola y se evite que los jueces actúen como primeros fiscalizadores y sancionadores de sectores que pueden ser perfectamente vigilados y sancionados por la administración del Estado, reservando la vía judicial solo para los casos de conflicto”.
A continuación, el jefe de servicio introdujo al auditorio en cada uno de los ámbitos de competencia del organismo. Se refirió, así, a la labor de defensa de las atribuciones públicas, cuyo objetivo es permitir el funcionamiento material y jurídico de las distintas instituciones y organismos. “Nuestro objetivo es que el Estado despliegue sus poderes e incida en la regulación social, protegiendo, ejecutando e implementando las decisiones democráticamente generadas”, explicó.
Del mismo modo, señaló que “nuestro rol es representar al Estado en la obtención de resultados judiciales que protegen diversos intereses comunitarios, especialmente, aquellos relacionados con la protección del patrimonio ambiental y cultural; defender la integridad patrimonial del Estado evitando las transferencias de recursos que no estén jurídicamente permitidas ni validadas; defender la probidad, la fe pública, la correcta administración de justicia y el ejercicio íntegro de la función pública”. Lo anterior, explicó, “con el objetivo de combatir eficazmente la corrupción, cuyos efectos son tan dañinos que socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y atentan contra los valores de la democracia y el desarrollo de la sociedad”.
Junto con ello, el presidente se refirió a la función a cargo del Consejo de proveer un servicio directo de mediación por daños en salud pública. En este ámbito, destacó la conmemoración, el pasado 4 de marzo, de los 20 años desde el inicio del funcionamiento de la Unidad de Mediación en la institución, cuyo foco fundamental es entregar gratuitamente un servicio de mediación a la ciudadanía respecto de prestadores institucionales públicos de salud y de sus funcionarios, promoviendo la resolución colaborativa de conflictos en el ámbito sanitario.
Defensa de las facultades y potestades del Estado
El Consejo ha desarrollado una labor consistente y sostenida en la protección de la legalidad y constitucionalidad de los actos jurídicos del presidente de la República y de la administración del Estado en su conjunto, frente a los diversos tribunales de justicia.
En esta área de su quehacer, en 2024 los tribunales de justicia acogieron los argumentos fiscales que posicionan a las multas como instrumentos eficientes para disuadir del incumplimiento de las reglas jurídicas y que pone de relieve “que cualquier intento por neutralizar sus efectos es, al mismo tiempo, un intento por relativizar el derecho mismo”, señaló el presidente, mencionando el rechazo de diversos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que buscaban impugnar la institución de las multas diarias o multas coercitivas, luego que la Subsecretaría de Telecomunicaciones sancionara a la empresa WOM por retrasos en el despliegue de la red 5G.
Asimismo, el presidente del CDE destacó la defensa de la legalidad y constitucionalidad de las potestades sancionatorias generales de la administración pública, materia en que el organismo continuó mostrando “la necesidad y justificación de las sanciones administrativas como instrumento vital para entregarle fuerza a las decisiones públicas y a todos los valores e intereses comunitarios que dichas decisiones contienen”.
Otro litigio mencionado por el presidente, resuelto favorablemente para el interés público durante el periodo, fue el referido al acuerdo de asociación público-privada suscrito entre Codelco y la empresa SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama. El CDE participó en ese proceso en representación de la Corporación de Fomento de la Producción. Tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema ratificaron los argumentos fiscales y reafirmaron la posición privilegiada del Estado en la explotación del litio.
Defensa y protección del medioambiente y el patrimonio cultural
La Cuenta Pública otorgó un espacio preferente al trabajo desempeñado por el Consejo en la defensa y protección del medioambiente y del patrimonio cultural. A este respecto, el presidente Letelier celebró el envío, en enero del año pasado, del proyecto de ley iniciado por Mensaje del Presidente de la República que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Dicho proyecto fortalece el rol del CDE en este ámbito, específicamente, en lo referido a la legitimación activa como demandante de reparación ambiental.
“En la actualidad, la demanda de reparación que entabla una persona bloquea la posibilidad del Consejo de demandar. Ello nos imprime una innecesaria premura para construir un texto de demanda y también deja sola en el juicio a la persona que acciona antes que nosotros”, señaló. “Con la reforma se corregiría este error y nos permitiría intervenir, aunque exista otra acción interpuesta de manera previa por un tercero. Esta modificación vendría a fortalecer la protección ambiental porque evitaría una litigación privada desigual cuando la contraparte supera a la otra en los recursos humanos y económicos que se despliegan en el proceso judicial”, explicó.
Junto con ello, se refirió a la participación del organismo en la resolución colaborativa de conflictos socioambientales mediante diversas instancias de conciliación. En este sentido, precisó que la labor del Consejo no culmina con la obtención de sentencias favorables al interés público que ordenan reparar el medio ambiente, sino que persigue el cumplimiento efectivo de éstas.
“En el Consejo de Defensa del Estado tenemos plena consciencia de lo incomprendida que es nuestra actividad cuando llegamos a acuerdos con aquellas personas o empresas que han dañado el medio ambiente. Entendemos muchas veces la frustración de aquellos que esperaban una condena judicial firme”, afirmó. Sin embargo, “estamos preparados para asumir esa responsabilidad porque estamos convencidos que los acuerdos de conciliación son instancias óptimas de término en los que se pueden pensar mejor las condiciones específicas que son necesarias para que haya reparación ambiental efectiva. Por esta vía creemos que se pueden consignar de mejor manera las fórmulas para ir midiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la planificación eficiente de la fiscalización que esos acuerdos requieren. En este sentido, los acuerdos alcanzados son verdaderas convenciones logísticas que permiten reparar el medio ambiente de una manera efectiva, real y menos costosa para el Estado”, afirmó.
A continuación, el presidente Raúl Letelier se refirió en detalle a las distintas actuaciones de la institución en este ámbito de sus competencias. De esa manera, destacó la obtención de sentencias favorables en relación con recursos de protección presentados contra el Consejo de Monumentos Nacionales, la CONADI y la Municipalidad de Temuco con relación a diversas restricciones en materia de construcción, y contra el MINVU en materias referidas a la factibilidad territorial para ampliar concesiones de servicios sanitarios.
Asimismo, el Consejo obtuvo sentencias favorables en otros reclamos de ilegalidad ante tribunales ambientales, vinculados principalmente a humedales urbanos y declaratorias de áreas protegidas. Entre ellas, mencionó la declaratoria de humedal urbano de la Reserva Natural Municipal Piedras Blancas en la comuna de Limache y aquella relacionada con el Santuario de la Naturaleza Duna Gota de Leche, en la región de Valparaíso, primera sentencia relativa a la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que, en línea con el principio de no regresión, confirma la vigencia del santuario no obstante que la declaratoria haya sido tomada de razón y publicada cuando ya estaba en vigencia esa nueva regulación.
En cuanto a la labor del organismo en materia de reparación de daño medioambiental, el presidente indicó que la institución trabajó con mucha energía en la obtención de sentencias favorables durante 2024. Entre este tipo de acciones, mencionó las demandas interpuestas contra la faena minera de la compañía Quiborax por daños en el Salar de Surire, en la región de Arica y Parinacota, y la acción contra la faena de la compañía Minera Imperial, vinculada a daños en la Estación Experimental Germán Greve Silva en Rinconada de Maipú, en cuyo caso, además, el CDE consiguió se decretaran medidas cautelares reales dirigidas a mejorar la eficacia del cumplimiento de eventuales sentencias favorables.
El jefe de servicio subrayó especialmente el seguimiento que realiza la institución a la ejecución de sentencias favorables obtenidas en años previos: la sentencia contra Pampa Camarones por daños generados a sitios arqueológicos en la Región de Arica y Parinacota; aquella por daños provocados al Humedal de Puente Negro, en la comuna de Lampa; y el avance en la ejecución de la transacción ambiental por daños causados al sitio paleontológico Los Dedos, en la comuna de Caldera, logrando el levantamiento de líneas de base y avances para mejorar el plan de manejo en el futuro.
En este ámbito, el Consejo participó activamente en las audiencias realizadas en el marco del emblemático juicio contra proyectos inmobiliarios por daños en el borde costero valdiviano, de las destinadas a reparar el daño arqueológico causado al Pucará del Cerro de la Compañía, en la Región de O´Higgins, y de aquellas decretadas en el marco de la demanda por el daño ambiental causado al acuífero de Monturaqui–Negrillar y Tilopozo, así como a las formas de vida y costumbre de la Comunidad de Peine, componentes ubicados en la comuna San Pedro de Atacama. En dicho proceso, se logró un acuerdo que contempla, entre otras acciones, el cese de la extracción y medidas sociales, constituyendo la conciliación por el monto más alto destinado a medidas sociales en que haya participado el organismo.
Por otro lado, en el contexto de la aplicación de la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente, el presidente enumeró las querellas criminales interpuestas por la institución por la afectación del humedal de Puente Negro, ubicado en la Región Metropolitana y por el incendio provocado en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y el Jardín Botánico de Viña del Mar.
Antes de concluir el balance de la labor desarrollada por la institución en este ámbito, el presidente se refirió a la implementación de los compromisos asumidos por el CDE en el marco del Acuerdo de Escazú y al continuo rol que éste cumple al interior del Consejo de Monumentos Nacionales. “Estamos orgullosos de formar parte de dicha institución y de poder colaborar en la maravillosa tarea de la protección del patrimonio cultural. Una institución sometida hoy a una crítica injusta y poco informada sobre las complejidades de su funcionamiento”, destacó.
Resguardo de la integridad patrimonial del Estado
En cuanto a la defensa de la integridad patrimonial del Estado, el presidente Letelier señaló que durante 2024, el Fisco de Chile fue demandado a pagar por concepto de indemnización de perjuicios una cantidad cercana a los 547 mil millones de pesos, condenándosele al pago de un poco más de 92 mil millones, lo que equivale a un 17% del total demandado.
De las sumas a las que el Estado ha sido condenado a pagar, el 68% corresponde a condenas y transacciones en causas sobre infracciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la dictadura militar, y solo el 32% corresponde a lo condenado en el resto de las materias demandadas al Fisco.
Excluidas las causas de derechos humanos, el monto condenado al Fisco de Chile es de un 5%, en relación con los montos demandados. “En estas últimas materias, el Consejo ha defendido la necesidad de que los tribunales, al momento de conocer acciones indemnizatorias, deban juzgar la diligencia o negligencia de los servicios públicos sobre la base de una legalidad dual donde se incorporen tanto las reglas sustantivas que fijan los deberes de los órganos de la administración del Estado como las reglas que fijan el presupuesto que esas mismas instituciones tienen para cumplir esos deberes”, explicó. Del mismo modo, agregó que el Consejo ha defendido la improcedencia de la llamada responsabilidad del Estado legislador y la necesidad de que las condenas indemnizatorias contengan un estándar de funcionamiento del servicio público que no sea imposible de cumplir en el futuro por las instituciones estatales condenadas.
Defensa de la probidad pública
La principal intervención del Consejo de Defensa del Estado para el resguardo de este valor se da en la órbita penal, explicó el presidente. En ese contexto, el Consejo de Defensa del Estado analiza todos los antecedentes disponibles en el marco de las investigaciones penales referidas a delitos funcionarios y aquellos que afectan el patrimonio público, con el objeto de verificar si, frente a determinados hechos, corresponde o no nuestra participación judicial.
“La persecución de casos de corrupción representa un desafío continuo para el servicio, dada la envergadura y complejidad desde un punto de vista jurídico y probatorio, así como su elevada connotación pública e importancia evidente en el respeto del Estado de derecho. Del mismo modo, nuestra participación en estos casos es realizada con la máxima reserva y discreción, sobre todo en las etapas investigativas, debido a que somos conscientes del mal uso que está haciendo la política ante la sola apertura de una investigación penal”, sostuvo.
Durante 2024, el Consejo interpuso 30 querellas criminales o ampliaciones de éstas en procesos iniciados por el Ministerio Público en distintas regiones del país, en los que se indagan diversos delitos como fraude al Fisco, cohecho, soborno, malversación de caudales públicos, administración desleal y lavado de activos cometidos contra municipalidades y/o sus corporaciones.
Por otra parte, el Consejo ha mantenido su labor constante en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos. Al respecto, el presidente indicó que, al término del año pasado, el organismo había presentado doce querellas criminales contra funcionarios/as y particulares por los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, cohecho y apropiación indebida y seis ampliaciones, que afectan a personas vinculadas a 17 fundaciones. Siete de estas acciones se relacionan directamente con transferencias de fondos desde los gobiernos regionales de la Araucanía, Biobío, Los Lagos y la ex Intendencia de Santiago.
El presidente Letelier subrayó que, en estos procesos, la labor de la institución no se ha agotado en la perspectiva penal. También se han ejercido acciones civiles a fin de resguardar los montos otorgados a las respectivas entidades privadas. En el ámbito civil, se ejercieron acciones de cobro en aquellos casos en que se dio término anticipado a los convenios suscritos, tanto por incumplimiento de las obligaciones como por retraso o no ejecución de estas. En estos casos, la cuantía de las demandas presentadas por el Consejo para perseguir la restitución de dichos recursos superó los tres mil 700 millones de pesos.
Del mismo modo, el Consejo ha interpuesto doce acciones de disolución de la personalidad jurídica y 18 acciones de restitución de fondos que han incorporado medidas prejudiciales precautorias de retención de bienes, las cuales se distribuyen entre las Procuradurías fiscales de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Puerto Montt. Asimismo, se han podido retener de las cuentas corrientes de diversas instituciones un monto superior a los mil millones de pesos.
Durante el transcurso de 2024, el Consejo también participó activamente en diversos procesos reunidos bajo el rótulo de “Caso Audio”, en que una serie de imputados y querellados por éste se mantienen en prisión preventiva, medida cautelar que las defensas han solicitado rebajar sin resultados favorables “tras la férrea oposición en estrados del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, en tanto querellantes en la causa”, afirmó.
“Es innegable el impacto que este caso ha tenido en la confianza en las instituciones de nuestro país de las cuales el Consejo de Defensa del Estado forma parte. Sin embargo, nuestro trabajo ha ido mostrando que dichas instituciones han justamente funcionado correctamente al tomar las decisiones que jurídicamente corresponde adoptar”, sostuvo el presidente del CDE.
Agregó que resulta más que evidente que una causa de este tipo “remueve los cimientos de todas nuestras instituciones, pero la única forma de recomponer la confianza perdida es trabajando de manera seria y segura, evitando los protagonismos y los adjetivos heroicos. Por el contrario, ahora, más que nunca debemos volver a hacer lo que sabemos hacer bien en el ámbito de nuestras capacidades y competencias y con plena conciencia que cada uno de nosotros es una pieza de un engranaje y no el motor completo”.
El 92 % de los resultados judiciales obtenidos en materia penal durante el año pasado fueron favorables a la pretensión punitiva del Consejo de Defensa del Estado. “Ello muestra el tipo de trabajo que realizamos, bajo altos estándares de autoexigencia, siempre supeditado a la premisa de que el castigo penal debe perseguirse e imponerse solo cuando hay una convicción de estar frente a una conducta delictual”, añadió el presidente.
Junto con ello, destacó los más de 25 requerimientos recibidos durante el año pasado para la ejecución de comisos decretados en causas penales por tráfico de drogas, lavado de activos y delitos de corrupción, entre otros, y que tienen por objeto evitar cualquier tipo de provecho patrimonial derivado de la comisión de delitos. Dichos requerimientos, que involucran dinero, vehículos e inmuebles, entre otros bienes, fueron adecuadamente gestionados por la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso del Consejo.
Premio Anual de Excelencia Institucional 2025
Antes de finalizar su Cuenta Pública, el presidente Raúl Letelier se refirió al Premio Anual de Excelencia Institucional, PAEI 2025, con que fue reconocido el Consejo de Defensa del Estado el día anterior.
“Si de algo ha estado orgulloso el Consejo de Defensa del Estado desde sus orígenes es de sus funcionarias y funcionarios. El día de ayer, el Servicio Civil nos ha galardonado con el Premio Anual de Excelencia Institucional. Este importante premio, que hemos obtenido por primera vez, reconoce el esfuerzo e inagotable dedicación de cada uno de los funcionarios y funcionarias que integran nuestro servicio. Personas que trabajan a diario para servir al proyecto del Estado, aquel que funciona sin detención ni descanso para producir bienestar en todos aquellos que habitamos este maravilloso país. Agradezco muy sentidamente a la Asociación de Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado por hacer posible este triunfo en conjunto”, concluyó el presidente Raúl Letelier.
Revisa el Informe Ejecutivo de Cuenta Pública, el discurso del presidente Raúl Letelier y el registro audiovisual de la ceremonia:
