(21.10.2022) El Consejo de Defensa del Estado valoró la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo contra el excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, declarado culpable de delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillai Rojas.
La sentencia, condenó al acusado a la pena efectiva de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, que corresponde a la solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, acogiendo de esta forma los antecedentes de hecho y los argumentos jurídicos que el Consejo sostuvo en su acusación particular, así como la numerosa prueba testimonial, pericial y documental reunida durante la indagatoria penal, cuyo desarrollo contó con el apoyo del CDE mediante la solicitud de diligencias necesarias para permitir al tribunal formarse plena convicción del delito perpetrado.
Durante la audiencia de lectura de sentencia, el Ministerio Público solicitó además como medida cautelar la prisión preventiva en reemplazo del arresto domiciliario y arraigo nacional vigente a ese momento, solicitud a la que adhirió el CDE, pero que no fue acogida por el Tribunal manteniéndose las actuales cautelares.
En cuanto a la condena, se estableció que se abonarán los días en que el imputado pasó en prisión preventiva antes del juicio oral, esto es un total de 774 días.
Al respecto, el Presidente del CDE, Juan Peribonio señaló que “la sentencia pronunciada acoge plenamente los argumentos presentados por el Consejo de Defensa del Estado en su acusación particular, tendientes a esclarecer los hechos y obtener la condena de quien fue declarado culpable de delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra la persona de la actual senadora Fabiola Campillai”.
“Se trata no sólo de un fallo sensible, sino muy relevante por cuanto permite dar cuenta de la coordinada labor desarrollada del Ministerio Público en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado para obtener la condena de aquellos que, faltando a su deber de funcionarios públicos, han atentado contra los derechos de las personas”, agregó la autoridad.
En su calidad de querellante en la causa, fue prioritario para el CDE asegurar que el tribunal contara con todos los antecedentes relacionados con el procedimiento policial irregular ejecutado por el acusado y que, finalmente, dieron cuenta de la dinámica de los hechos y la participación del inculpado en los mismos.
Cabe recordar que, en su acusación, el Consejo solicitó la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, atendido que es la pena mayor a la que puede ser condenado el imputado según las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal del caso.
