LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD ESENCIAL DEL SER HUMANO COMO PILAR BÁSICO DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ESTADO. Crisólogo Bustos Valderrama

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LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD ESENCIAL DEL SER HUMANO COMO PILAR BÁSICO DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ESTADO

Crisólogo Bustos Valderrama*

1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la protección jurídica de los derechos humanos tiene una larga data en la legislación interna de los Estados, un esfuerzo real por hacerla efectiva sólo nace con la Carta de la Naciones Unidas (1945) y su decisión de llevar esa protección al campo del derecho internacional.

El holocausto nazi llevó a la comunidad internacional al convencimiento de que dejar el respeto y la protección de los derechos humanos entregados sólo a las decisiones de los órganos internos del Estado era insuficiente, puesto que con frecuencia eran éstos los que utilizaban su poder para violarlos.

Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas enunció como principio fundamental que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana e impuso a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.

Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reiteró que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La Carta de las Naciones Unidas y el desarrollo posterior del tema de la protección de los derechos humanos en la Convención Europea sobre Derechos Humanos (1952) y la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) llevaron al mundo jurídico a la convicción de que nos encontrábamos ante un auténtico “giro copernicano” en el campo del derecho, ya que su centro de gravedad se había desplazado al reconocimiento de la dignidad esencial de todos y cada uno de los seres humanos y de la incuestionabilidad de sus derechos fundamentales como pilar básico de la estructura jurídica del Estado.

1. LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD ESENCIAL DEL SER HUMANO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CHILENA

A esta visión, que coloca la dignidad humana como centro de gravedad de la institucionalidad jurídica y del sistema legal del Estado, responde el articulado de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 que establece los siguientes principios dentro de las Bases de la Institucionalidad y de los Derechos y Deberes Constitucionales:

1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Artículo 1º inciso primero).
2. El Estado está al servicio de la persona humana. (Artículo 1º inciso cuarto).
3. Su finalidad (del Estado) es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. (Artículo 1º inciso cuarto).
4. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza, también, por las autoridades que la Constitución establece. (Artículo 5º inciso primero).
5. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. (Artículo 5º inciso segundo).
6. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. (Artículo 5º inciso 2º).
7. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. (Artículo 19 Nº 1).
8. La Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. (Artículo 19 Nº 3).
9. La seguridad de que los preceptos legales, que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella la autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su ejercicio. (Artículo 19 Nº 26).
10. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado. (Artículo 20).

III.  LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ESENCIALES

DE LA PERSONA HUMANA EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES VIGENTES EN CHILE

Como hemos visto precedentemente, el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana está referido no sólo a aquellos garantizados por la Constitución, sino, además, por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Veamos ahora cómo los tratados internacionales clarifican y complementan los deberes del Estado contenidos en la Constitución Política.

1. Igualdad en dignidad y derechos

El artículo 2 Nº 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) expresa: “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto”.

Agrega el artículo 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CASDH) señala en su preámbulo: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional”.

Luego su artículo 1º expresa: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. Agrega posteriormente: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

Como puede advertirse, ambas Convenciones Internacionales no se limitan a prohibir la violación de los derechos esenciales por parte de los Estados, sino que, además, se les impone la obligación de “garantizar”. El contenido de esta obligación ha sido precisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los Considerandos 166 y 167 de la sentencia dictada en el caso “Velásquez Rodríguez contra Honduras”, que expresan:

“166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber del Estado Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”

“167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”

2. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica

Dispone el artículo 6 del PIDCP: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”

Por su parte el artículo 7 dispone: “Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

En cuanto a la CASDH, su artículo 4 dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”

Por su parte, el artículo 5 preceptúa: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

3. Protección judicial

Dispone el artículo 14 Nº 1 del PIDCP: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil.”

Por su parte, el artículo 9 preceptúa que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

Agrega este artículo que toda persona que sea privada de libertad, en virtud de detención o prisión, tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.

Finalmente establece que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

En cuanto a la CASDH, sus artículos 7 y 8 establecen normas similares a las de los artículos 9 y 14 del PIDCP, ya referidos.

Por su parte, el artículo 25 dispone: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

4. Suspensión de derechos esenciales

Conforme al artículo 4 del PIDCP, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Parte en el Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatible con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna, fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

No obstante, la disposición no autoriza suspensión alguna relacionada con el derecho a la vida y el derecho a la integridad física o psíquica, entre otros.

Una disposición similar establece el artículo 27 de la CASDH, el que agrega entre las materias no susceptibles de suspensión las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos.

1. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Partiendo de la base de que los tratados internacionales vigentes en Chile, en especial los relativos a derechos humanos, tienen, a lo menos, la categoría de una ley, es especialmente relevante analizar las normas que dichos tratados establecen para los efectos de su interpretación, sobre todo en la medida que ellas han modificado las disposiciones del Código Civil sobre hermenéutica legal.

1. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados

Dispone el artículo 31 Nº  1 de esta Convención: “Un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.”

Dos aspectos de esta norma deben destacarse en forma especial. El primero de ellos es que el contexto de un tratado no incluye la “historia fidedigna de su establecimiento”, sino el tratado en sí mismo, los demás pactos que en relación con sus disposiciones puedan haber celebrado los Estados Parte, las declaraciones unilaterales de un Estado que hayan sido aceptadas por otros Estados Parte, la aplicación práctica que los Estados Parte hayan dado al tratado y, nos interesa muy especialmente destacarlo, cualquier norma de derecho internacional general que resulte aplicable.

Esta última parte de la disposición nos lleva directamente al tema del “jus cogens” o norma imperativa del derecho internacional, cuya existencia reconoce la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Las normas de “jus cogens” están definidas por dicha Convención como normas que son reconocidas por los Estados en general como disposiciones que no son susceptibles de acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por otra norma de “jus cogens”.

Aun cuando no existe un catálogo universalmente aceptado respecto de tales normas, no cabe duda a los tratadistas de que entre ellas se incluyen aquellas destinadas a la protección de los derechos fundamentales de la persona humana.

Debemos, en consecuencia, llegar a la conclusión que para interpretar las normas sobre derechos humanos, contenidas en los tratados internacionales, debemos recurrir a las normas del derecho internacional general o consuetudinario y, muy especialmente, al “jus cogens”.

El segundo aspecto de la norma en comento que nos interesa destacar es que, respecto de la interpretación de los tratados internacionales, constituye un elemento esencial la consideración del objeto y fin con que el tratado se ha celebrado.

2. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

El artículo 5 del Pacto establece las siguientes normas respecto de su interpretación:

“Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.”

“No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos

El artículo 29 de esta Convención, bajo el título de “Normas de Interpretación”, preceptúa: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

1. a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupos o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
2. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho y libertad que puedan estar reconocidos de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
3. c) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
4. d) Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”

1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ESENCIALES DE LA PERSONA HUMANA EN LA PRÁCTICA JURÍDICA

Y JUDICIAL CHILENA

Si la Constitución Política de la República de Chile reconoce como la primera de las Bases de la Institucionalidad que: “Las personas nacen libres en dignidad y derechos”. Si agrega que: “El Estado está al servicio de la persona humana” y que su finalidad de promover el bien común sólo puede lograrse: “Con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece”. Si continúa señalando que la soberanía, que reside esencialmente en la Nación y se ejercita por el pueblo y también por las autoridades que la Constitución establece, no es infinita, puesto que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Si, finalmente, preceptúa, que: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”, resulta inexcusable preguntarse cómo esta base primigenia de la institucionalidad del Estado ha sido acogida por la práctica jurídica y judicial en la República de Chile.

Digamos previamente que parece obvio que, frente a tan claras y enfáticas disposiciones, resulta indiscutible la improcedencia jurídica de la aprobación de normas que suprimieran derechos esenciales, que establecieran la suspensión de aquellos que no admiten tal medida, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física o psíquica, que limitara sus efectos en el tiempo o que dejaran sin efecto o sanción la violación de los mismos, puesto que con ello no sólo se estaría infringiendo la limitación constitucional de la soberanía, sino, además, la obligación de respeto y promoción de tales derechos.

Sin embargo, es nuestra impresión que en el caso chileno la concepción jurídico-dogmática privatista, de raigambre decimonónica, del sistema de derecho vigente se ha constituido en una barrera hasta ahora casi infranqueable para adaptarse a una nueva estructura básica de nuestro sistema jurídico.

Podríamos decir al respecto que el principal esfuerzo jurídico realizado en Chile ha estado destinado no a adaptar el derecho común a las nuevas normas básicas de la Constitución Política, sino, por el contrario, a encasillar en las normas del derecho común los nuevos principios básicos establecidos por la Constitución Política, fenómeno que no es nuevo ni limitado exclusivamente a Chile, ya que es una constante histórica la tenaz resistencia de las viejas instituciones a admitir su decaimiento.

Constituye un tema emblemático en la materia el de la prescripción de las acciones y derechos.

Cabe una pregunta inicial: ¿Podría el legislador dictar una norma en el sentido de que toda acción o derecho que emane de la violación de derechos humanos prescribe en un brevísimo plazo a contar de la perpetración del hecho?

Si así lo hiciere, ¿dónde quedaría el deber del Estado de estar al servicio de la persona humana? ¿Dónde quedaría la limitación a la soberanía que impone el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde quedaría el deber del Congreso Nacional de respetar y promover tales derechos? ¿Dónde quedaría el derecho de las víctimas a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial? ¿Dónde quedaría la obligación del Estado de no suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella? ¿Dónde quedaría la obligación del Estado de abstenerse de suprimir derechos o garantías que son inherentes al ser humano?

En nuestro concepto, reconocido que los hombres nacen libres en igualdad y derechos, que el Estado está a su servicio, por lo cual debe respetar sus derechos y garantías esenciales, que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía por los Poderes Públicos, y, finalmente, que los órganos del Estado sólo actúan válidamente dentro de su competencia, resulta absolutamente claro que el ejercicio de los derechos y acciones derivados de la violación de derechos esenciales de la persona humana no se encuentran sujetos a prescripción alguna, pues tal institución no está considerada entre las normas que permiten la limitación de tales derechos.

Corolario de esta conclusión es la de que tampoco puede el Estado adoptar decisiones que impliquen exculpar o autoexonerarse de responsabilidades derivadas de la violación de los derechos esenciales de la persona humana.

Reiteremos el razonamiento jurídico sobre la materia:

1. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad de promover el bien común debe ser cumplida con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece.
2. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanen de la naturaleza humana.
3. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución y los Tratados Internacionales.
4. Al Estado le está vedado limitar los derechos esenciales más allá de lo expresamente autorizado por la Constitución y los Tratados Internacionales.
5. La Constitución asegura que los preceptos legales que por su mandato regulen o complementen las garantías que ella establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
6. El respeto en su esencia y el libre ejercicio de los derechos de la persona humana comprende:
7. a) Prevenir e impedir su violación;
8. b) Procesar y sancionar a quienes los violen; y
9. c) Indemnizar a quienes sean víctimas de tales violaciones.
10. Resulta evidente que la amnistía y la prescripción afectan en su esencia los derechos humanos y, además, impiden el ejercicio de los derechos y acciones destinados a protegerlos.
11. La amnistía y la prescripción constituyen limitaciones a los derechos esenciales no autorizadas por la Constitución.
12. Tampoco los Tratados Internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes contemplan la amnistía y la prescripción como limitaciones permitidas en el caso de la violación de los derechos esenciales de la persona humana.
13. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos no admite suspensión alguna relacionada con el derecho a la vida y el derecho a la integridad física o psíquica, entre otros.
14. Una disposición similar establece el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que agrega entre las materias no susceptible de suspensión las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos.
15. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones de los derechos humanos.” En general, considera que existe una incompatibilidad manifiesta entre tales disposiciones y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
16. El artículo 49 del Convenio de Ginebra obliga a las Partes Contratantes a buscar a las personas acusadas de haber cometido, o haber mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales. Agrega el artículo 51 que ninguna Parte Contratante podrá exonerarse a sí misma respecto de las infracciones sancionadas en el tratado.
17. Recordemos, finalmente, que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que estos acuerdos internacionales deben ser interpretados en su contexto, del cual forma parte: “toda norma de derecho internacional general que resulte aplicable” y que, además, dicha Convención acoge la plena validez y vigencia para los Estados de las normas de “jus cogens”, entre las cuales se encuentran aquellas relativas a la protección de los derechos esenciales de la persona humana.
18. En este aspecto debemos recordar los Principios de Derecho Internacional establecidos en el Estatuto del Tribunal de Nu­remberg, que más tarde fueran expresamente aprobados por las Naciones Unidas, en los que se establece:
19. a) Cualquier persona que cometa un acto que constituye un crimen es responsable de él y está sujeta a un castigo.
20. b) La circunstancia de que una persona que ejecutó un acto que constituye un crimen haya actuado como jefe de Estado o como un funcionario de gobierno responsable, no lo releva de su responsabilidad.

Reiteremos nuestra afirmación en el sentido de que en el caso chileno la concepción jurídico-dogmática privatista del sistema de derecho vigente se ha constituido en una barrera hasta ahora casi infranqueable para adaptarse a una nueva estructura básica de nuestro sistema jurídico.

En opinión de muchos de nuestros juristas, las acciones y derechos derivados de la violación de los derechos humanos quedarían sujetas, en materia de prescripción, a la norma del Código Civil que regulan la prescripción en el caso de la responsabilidad extracontractual, ignorando que el artículo 2332 de dicho Código, sólo se refiere a la hipótesis de la perpetración de una acto culpable con efecto dañoso inmediato y que es conocido por la víctima.

No estuvo en la mente del legislador hacer aplicable la disposición a aquellos hechos dolosos en que el daño se produce mucho tiempo después de la perpetración del hecho, como ocurre con la negligencia médica, o aquellos casos en que la víctima del daño, estando de buena fe, ignoró por largo tiempo que lo había sufrido.

Mucho menos, por supuesto, pudo el legislador del Código Civil imaginar siquiera que pudieran presentarse situaciones en que la víctima del daño no tuviera el derecho esencial de acceso a la justicia, es decir, el derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Cuando se admite la prescripción de cuatro años, del artículo 2332 del Código Civil, contados desde la fecha de la perpetración del hecho, en circunstancias que la víctima carecía del derecho esencial del acceso a la justicia, se cae en la monstruosidad jurídica de declarar extinguida la responsabilidad por violación a los derechos humanos mediante la aceptación de otra violación de un derecho humano: el acceso a la justicia.

Desde el siglo XIX se hizo una tradición jurídica considerar el Código Civil como el derecho común, aplicable a otras áreas legales a falta de normas especiales sobre la materia.

Desde el punto de vista de la construcción de una dogmática del sistema jurídico chileno –en el que, hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX, la Constitución era, excepto en la organización institucional, sólo el enunciado de aspiraciones filosófico-jurídicas– la idea resultó indudablemente útil para una estructuración lógica del ordenamiento jurídico nacional.

Pero es un error histórico y una posición jurídica inaceptable pretender hoy en día que el Código Civil constituye el derecho común para el conjunto de normas que hoy se denominan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que une, por disposición de la Carta Fundamental, las normas constitucionales con los Tratados Internacionales sobre la materia.

El Código Civil, creado en tiempos ya lejanos, para una sociedad ya extinguida y sin el menor atisbo de la problemática que hoy constituye la primera base de nuestra organización constitucional, no puede suplir no sólo el silencio de la normativa sobre derechos humanos, sino la interpretación de la misma, que debe ser tributaria del principio de máxima protección a los derechos esenciales del individuo y de la interpretación de las normas por su objeto y fin.

Tan exagerada es la distorsión que produce la aplicación de las normas del Código Civil al tema de los Derechos Humanos, que nuestros abogados han caído en el inadmisible exceso de calificar las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos como “efectos patrimoniales de la violación de los derechos humanos”, lo que podríamos calificar de “mercantilización de los derechos humanos”.

Recordemos al respecto que el principal responsable directo de la violación de los derechos humanos es el Estado, a quien la ley nacional e internacional impone la obligación de respetarlos, y que la indemnización no es un acto de compensación por su equivalencia en dinero de crímenes contra la humanidad o una transacción comercial, sino el insuficiente paliativo de abusos de autoridad que dejan huellas imborrables en el espíritu humano, destructivas de su dignidad esencial en las víctimas y vergonzantes para todo ser humano de bien.

No olvidemos que la propia Excelentísima Corte Suprema, en fallo dictado con fecha 23 de enero de 2003, en el recurso de casación caratulado “Robles Robles Hugo con Fisco de Chile”, Rol Nº 3192-2001, se ha pronunciado sobre esta materia al expresar:

26)  …el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse aplicable a situaciones jurídicas donde actos de la administración hayan comprometido derechos de terceros o intereses patrimoniales, cuya consolidación por el transcurso del tiempo resulta necesaria;

27)  Que, por el contrario, no existiendo en concreto razones de certeza jurídica que lo justifiquen, nada opta para que, ante un conflicto de normas de diversa jerarquía, se hagan prevalecer los principios de la supremacía constitucional y el derecho, contenidos en el Capítulo I de la Constitución Política, cualquiera que sea la época en que esa declaración sea requerida;

28)  Que a falta de norma legal especial o general que regule la materia el criterio referido permite preservar el principio de juridicidad sin consideración de la época en que es invocado, como ocurre en nuestro derecho con el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, sin perjuicio de que no pueden afectarse intereses consolidados como derechos por el transcurso del tiempo.

En conclusión, estamos convencidos que, desde la perspectiva jurídica, no resulta necesaria la promulgación de nuevas normas legales para que nuestros tribunales asuman la tarea de hacer justicia frente a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Justicia en el castigo a los responsables de tan atroces actuaciones ilegales, justicia en el reconocimiento del derecho a indemnización de las víctimas de delitos contra la humanidad, justicia, finalmente, en el establecimiento de una cantidad racional de dinero a título de indemnización, que, tomando en cuenta las reales posibilidades económicas del Estado de Chile, limite las exorbitantes aspiraciones económicas de quienes, olvidando el origen y sentido ético de sus demandas, pretenden hacer de ellas una ocasión de enriquecimiento moralmente repudiable.

* CRISÓLOGO BUSTOS VALDERRAMA. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Católica de Chile. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.