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CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Juan Antonio Peribonio Poduje

Agradezco a quienes nos acompañan hoy con motivo del balance de nuestra gestión, en que me corresponde dar cuenta del trabajo y los resultados del Consejo de Defensa del Estado en 2020, año que marcó el inicio de un período que, sin duda, constituirá una etapa distintiva en sus 125 años de trayectoria al servicio del país y de sus ciudadanos.

El inicio de la pandemia exigió al Consejo una rápida adaptación para hacer frente a desafíos cuya magnitud nadie preveía. El haber logrado cumplir con sus objetivos y asegurar la continuidad de su labor se debe, en gran medida, al compromiso y convicción de quienes lo conforman, de allí que la presentación con que hemos dado inicio a esta Cuenta se hiciera a través de la voz de nuestras funcionarias y funcionarios.

He querido realizar este balance desde este edificio y casona colonial que han albergado al Nivel Central del Consejo y a la Procuraduría Fiscal de Santiago los últimos 24 años. Pronto nos trasladaremos a un nuevo edificio institucional, en el centro cívico de la ciudad y, con ello, concluirá, también, una significativa etapa de su historia construida entre estas paredes.

Realizaré esta Cuenta en torno a nueve ámbitos relevantes de la labor desarrollada durante 2020. El detalle y desglose de la información se encuentra disponible en el sitio www.cde.cl, para todos los que quieran conocerla.

I. Resultados del trabajo del CDE en pandemia

La eficacia del Consejo de Defensa del Estado en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público mantuvo el significativo estándar de años anteriores, representado en una tasa de resultados favorables para el interés fiscal. Al 31 de diciembre tenía a su cargo un total de 34.131 asuntos vigentes, entre ellos 13.412 juicios que, en su dimensión patrimonial, representan un monto equivalente al 7,4% del PIB de ese año. Los otros 20.719 asuntos se refieren a consignaciones voluntarias de expropiación, cobranzas extrajudiciales, estudio de inicio de acciones, entre otros.

En los juicios ejecutoriados durante 2020, las defensas del Consejo evitaron condenas equivalentes al pago del 84,7% de los montos demandados al Estado, lo que equivale a 559 millones de dólares. Con esos recursos, por ejemplo, podría dotarse al país de tres nuevos hospitales de mediana complejidad. Desde otra perspectiva, ese resultado significa que, por cada peso que el Estado destinó para el funcionamiento de este Servicio, ahorró otros 14 pesos.

En tanto, en 293 causas civiles y penales patrimoniales finalizadas en 2020 –en que el Consejo actuó en calidad de demandante–, logró que en el 80,9% de los casos (237 juicios) se condenara a pagar la totalidad de los montos demandados.

También mantuvo un positivo porcentaje de éxito en la defensa de asuntos que no poseen una dimensión patrimonial, especialmente, aquellos referidos al resguardo y protección de las atribuciones y potestades legales de los organismos del Estado.

Las defensas con que enfrentó recursos de diversa índole presentados ante distintos tribunales del país lograron un 83% de fallos favorables al interés público, aportando, de este modo, al resguardo y respeto de la Institucionalidad y del Estado de Derecho. Finalmente, el ingreso de nuevos asuntos fue muy similar al año anterior, distribuyéndose en 4.925 juicios, 1.922 asuntos judiciales no contenciosos y 13.757 gestiones extrajudiciales. Es decir, aún con las restricciones y limitaciones provocadas por la pandemia, el ingreso sostenido de nuevos asuntos no se detuvo.

Planificación estratégica 2019-2021

El último trienio, el Consejo organizó su trabajo en torno a un eje estratégico central, orientado a “fortalecer su acción y capacidad de litigio” y la llegada de la pandemia vino a confirmar con claridad ese diagnóstico, lo que le ha permitido contar actualmente con una organización más eficaz de sus procedimientos y una oportuna identificación de sus necesidades jurídicas y de gestión.

Mediante una estrategia de coordinación judicial, a cargo de la División de Defensa Estatal, se han implementado mecanismos para el tratamiento oportuno y eficaz de asuntos relacionados, en que intervienen varias Procuradurías Fiscales, o cuyas características hacen necesaria la conformación de un equipo especial bajo la dirección de un Abogado Consejero. Este sistema se utilizó, por ejemplo, para el seguimiento, organización y definición de las estrategias en numerosas denuncias de carácter penal en el contexto del estallido social, como en acciones constitucionales intentadas en contra de los actos y resoluciones de autoridades e instituciones públicas en ese contexto y, posteriormente, en el de la pandemia, cuyos resultados detallaré a continuación.

II. Defensa y protección de las atribuciones y potestades públicas

Bajo la dirección del Comité Contencioso Administrativo –integrado por los consejeros Rodrigo Quintana, Raúl Letelier y Sebastián Soto– al término del año pasado el Consejo había abordado 384 acciones constitucionales presentadas contra decisiones de la autoridad en el contexto de las movilizaciones sociales.

En un balance de los resultados, la estrategia con que se enfrentaron las acciones presentadas contra la decisión de decretar estados de excepción o toque de queda, logró un 100% de efectividad, las sentencias resultaron favorables al interés fiscal.

A su vez, las defensas del Consejo en recursos de protección referidos al resguardo de actividades comerciales obtuvieron un 82% de eficacia, y se alcanzó otro 99% de éxito en las acciones interpuestas en contra del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, a quienes se intentó impugnar las decisiones adoptadas en el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria, afectado por las movilizaciones.

Asimismo, la estrategia aplicada en nueve acciones de amparo económico, deducidas ante distintas Cortes de Apelaciones del país, logró que ninguna de ellas prosperara, asegurando la continuidad de las medidas decretadas por el Ejecutivo.

En tanto, en acciones constitucionales dirigidas a impugnar los procedimientos para el control del orden público, se obtuvieron sentencias favorables al interés fiscal en 82 de 84 recursos por uso de armamento disuasivo de Carabineros.

Hacia fines de año, se habían presentado siete demandas civiles que invocan falta de servicio por parte del Estado en el contexto de las movilizaciones sociales, cuyas pretensiones indemnizatorias en su conjunto superan los 8.550 millones de pesos y en las que, por imperativo legal, el Consejo ha asumido la defensa fiscal.

Concluido el primer trimestre de 2020, la llegada de la pandemia reactivó la presentación de acciones constitucionales y, en marzo, el Consejo dio curso a su coordinación judicial. A fines de año se habían coordinado 604 recursos y asumido la representación de autoridades y organismos públicos en 207 asuntos. De las acciones finalizadas, solamente ocho fueron acogidas con decisiones desfavorables al Estado y otras 63 se encontraban en tramitación concluido diciembre. En resumen, la defensa fiscal en el marco de la pandemia logró un 98% de efectividad, resultado que, en la práctica, ha permitido garantizar la continuidad de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud para controlar la crisis sanitaria.

Al Consejo le corresponde defender la preeminencia de los juicios técnicos realizados por el Ejecutivo, para lo cual concentró su acción en el resguardo de la operatividad de la alerta sanitaria decretada y de cada una de las medidas que la hicieron efectiva.

Quiero destacar el gran trabajo realizado por nuestros abogados a lo largo del país en la defensa fiscal desplegada respecto de acciones interpuestas en el marco del estallido social y de la pandemia, en representación de los cuales puedo mencionar a Jorge Escobar, Javiera Palza, Carolina Vásquez, Marcelo Guerrero, Manuel Espinoza, Carmen Perea y Eduardo Montecinos, entre muchos otros.

Asimismo, el sistema con que se abordó el extraordinario volumen de acciones que he detallado, permitió no descuidar el resto de los asuntos de este tipo que habitualmente el Consejo debe atender. El año pasado, sus defensas permitieron confirmar la legalidad de actos y resoluciones y aseguraron el desarrollo y continuidad de políticas sectoriales de alcance nacional. Por ejemplo, el fallo favorable de la Excma. Corte Suprema obtenido en un recurso de protección interpuesto por la Sociedad Nacional de Agricultura en contra de la Contraloría General de la República y la Corporación Nacional Forestal, que pretendía perpetuar un mecanismo que posibilitaba transformar superficies de bosque nativo en suelo para cultivo. También, una sentencia respecto de las acciones intentadas por empresas inmobiliarias que buscaban dejar sin efecto una invalidación de permisos de edificación, decretada por el Contralor, relativa a los llamados “guetos verticales”. Otro fallo favorable de la Excma. Corte permitió proteger las atribuciones legales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto de su Política Nacional de Asignación de Espectro Radioeléctrico, lo que asegura el futuro del desarrollo de la red 5g en el país.

Defensa de las potestades de los supervisores financieros

Me interesa dar cuenta de la eficacia de la labor desplegada por el Consejo desde hace más de una década en defensa de la responsabilidad civil, la legalidad de los actos y, en especial, de las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros.

Hacia fines de año, la Excma. Corte Suprema puso fin a bullados procesos judiciales en reclamos de ilegalidad deducidos contra multas y resoluciones fijadas por la Comisión, por infracciones a las normativas que regulan ese sector de la economía. Bajo la dirección de los consejeros Carlos Mackenney y Raúl Letelier, un equipo de abogados del CDE especializados en materias de altísima complejidad técnica en lo financiero y comercial –-Alfredo Larreta, Carlos Aranís y Álvaro Sáez–, ha asumido la defensa de la Comisión para el Mercado Financiero en, prácticamente, la totalidad de los reclamos interpuestos por entidades que han infringido las normativas que regulan ese sector.

La estrecha relación construida con la Comisión le ha permitido fortalecer sus defensas y obtener fallos exitosos en juicios que se remontan a 2011, como los casos Chispas, Inverlink, La Polar, Cascadas, Blanco & Negro, entre otros.

A la fecha, las sentencias le han sido favorables en casi la totalidad de los juicios en que ha participado, salvo aquellos en que los tribunales del fondo se han visto compelidos a rebajar las multas fijadas como consecuencia de inaplicabilidades ordenadas por el Tribunal Constitucional. No obstante ello, han ratificado los fundamentos y el carácter infraccional de las conductas sancionadas, confirmando la existencia de esquemas irregulares y la comisión de operaciones financieras ilegales que dañaron gravemente la fe pública en el correcto funcionamiento de ese mercado.

III. Protección del medioambiente y del patrimonio cultural del país

El Consejo desarrolló un arduo trabajo durante 2020 para asegurar la reparación de daños provocados al medioambiente y proteger el patrimonio natural, histórico y cultural del país.

La definición de sus estrategias judiciales a cargo del Comité Laboral Medioambiental –integrado por los consejeros Clara Szczaranski, Jaime Varela y Alberto Espina–, contó con la asesoría de la Unidad de Medio Ambiente, encabezada por el abogado Rodrigo Rivera, y la participación de las Procuradurías Fiscales en aquellas regiones donde se ocasionaron los daños. Su labor se complementó con la importante colaboración de los Servicios con competencia ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio Público, con quienes hemos impulsado una relación recíproca y permanente, que se ha traducido en el fortalecimiento de las acciones del Estado en ese objetivo común.

Las demandas presentadas el año pasado registraron un crecimiento del 75% en relación con el período anterior, y persiguieron la reparación de graves daños provocados a ecosistemas cordilleranos y acuáticos continentales.

Efectiva reparación ambiental

La suscripción de tres acuerdos de transacción judicial – autorizados por el Primer Tribunal Ambiental–, en el marco de las demandas presentadas por las Procuradurías Fiscales de Antofagasta y Copiapó contra Codelco División Salvador, Compañía Minera Nevada y Compañía Contractual Minera Candelaria, incorporaron las medidas de reparación y compensación ambiental solicitadas por el Consejo.

En efecto, a través de un trabajo en coordinación con el Tribunal Ambiental, se logró robustecer la propuesta de transacción presentada por Codelco División Salvador para la reparación del daño ocasionado al Salar de Pedernales, añadiendo otras seis medidas que interpretaron el propósito central de la demanda fiscal que es la necesidad de conjugar el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente que, en este caso, se traducirá en un beneficio permanente para la comunidad de El Salvador.

Por otra parte, entre el Estado de Chile y la Compañía Minera de Fosfatos Naturales Ltda. se materializó, probablemente, el resarcimiento de daño ambiental más provechoso obtenido por el Consejo en beneficio de una comunidad local. Luego de 15 años de litigio, se aseguró la preservación de yacimientos de sedimentos fósiles de gran valor científico, ubicados en el Parque Paleontológico de Caldera, en la Región de Atacama, transacción que el Consejo concretó en 2020 y que permitió la creación de una corporación sin fines de lucro, integrada, entre otros, por el Gobierno Regional de Atacama, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil, para la protección de los yacimientos y el desarrollo de significativas iniciativas científicas, paleontológicas y educativas. Destaco el trabajo realizado por el equipo de la Procuraduría Fiscal de Copiapó en esta causa, encabezado por su Abogado Procurador Fiscal, Adolfo Rivera; así como la labor impulsada por el Consejero Raúl Letelier y por mi antecesora, María Eugenia Manaud.

Protección de los ecosistemas marinos

En cuanto a la protección de la biodiversidad marina, a través de su Procuraduría Fiscal de Valdivia, el Consejo presentó en noviembre una demanda de reparación ambiental en contra de una empresa cuyo actuar negligente ocasionó la fuga de más de 690 mil salmones, como consecuencia de la falta de adopción de los resguardos que exige el desarrollo de esa actividad productiva.

También ejerció sus atribuciones penales para perseguir la responsabilidad de quienes dañaron ecosistemas marinos, como fue el caso de la empresa salmonera Nova Austral S.A., contra quien se querelló por el delito de fraude de subvenciones en contra del Estado, juicio en que los abogados Paula González y Benjamín Sagredo, de nuestra Procuraduría Fiscal en Punta Arenas, han realizado un relevante trabajo.

 

Dos meses después, el Consejo amplió su acción contra la persona jurídica de la empresa, fundada en el delito de daño ambiental previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Resguardo del patrimonio cultural del país

La persecución penal de los daños ocasionados a bienes públicos que poseen la condición de Monumentos Nacionales constituyó una tarea prioritaria en 2020.

A través de sus Procuradurías Fiscales, asistidas por la Unidad de Medio Ambiente, hasta fines de abril pasado el Consejo había interpuesto 17 querellas criminales por delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales para obtener las condenas de quienes, impunemente, han atentado en contra de los Monumentos que simbolizan la identidad, la cultura y los valores del país a lo largo de su historia.

Por último, respecto del proceso en que se investiga la responsabilidad criminal de un reconocido empresario de la Región de O’Higgins en graves delitos contra el patrimonio, la Procuraduría Fiscal de Santiago presentó en septiembre una demanda indemnizatoria por alrededor de 500 millones de pesos por el daño ocasionado a una gran cantidad de piezas que poseen la condición de Monumentos Nacionales, encontradas en su poder.

La acción se sumó a dos querellas previas, interpuestas por la Procuraduría Fiscal de Rancagua, por delitos de receptación, afectación y daños a Monumentos Nacionales, juicio a cargo del abogado Guillermo Lara.

En relación con la multiplicidad de asuntos de diversa naturaleza que también corresponde atender al Comité Laboral Medioambiental, me parece importante reconocer el sostenido trabajo desarrollado para abordar un creciente volumen de demandas y recursos en materia laboral, reclamaciones por expropiaciones; demandas de carácter previsional e impugnaciones de licitaciones ante los Tribunales de Contratación Pública y de la Libre Competencia.

Durante 2020, concluyeron 777 causas laborales sobre diversas materias cuyas cuantías superaron los 43.600 millones de pesos y respecto de las cuales el Estado debió pagar poco más de 3.500 millones de pesos, lo que significó un ahorro fiscal de 91,8%.

No puedo dejar de mencionar la exitosa tarea realizada por el Comité en defensa de la fe y el interés público en el caso seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre colusión en licitaciones públicas de medicamentos, en que el Consejo asumió la representación de la Central Nacional de Abastecimiento y del Ministerio de Salud como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica.

A comienzos del año pasado, la sentencia de la Excma. Corte Suprema ratificó la existencia de un cartel conformado por los laboratorios sancionados en los términos acusados por la Fiscalía, e impuso multas por aproximadamente 12.200 millones de pesos, las que fueron pagadas por los laboratorios demandados. Con posterioridad, el Consejo persiguió el pago de los perjuicios ocasionados al Fisco producto de la mencionada colusión, lo que permitirá recuperar alrededor de 1.600 millones de pesos. Destaco la labor desarrollada en este juicio por los Consejeros del Comité y el abogado a cargo de su tramitación, Leonardo Corral.

IV. Defensa del patrimonio fiscal y de los bienes nacionales de uso público para beneficio de toda la comunidad

A cargo del Comité Civil –conformado por los consejeros Paulina Veloso, Ana María Hübner y Carlos Mackenney–, el Consejo continuó desplegando sus estrategias judiciales para defender el libre acceso a playas, ríos y lagos respecto de acciones presentadas por particulares para impedir la habilitación de caminos de ingreso a través de sus propiedades.

Asimismo, garantizó el uso público de los parques nacionales mediante acciones para conseguir la restitución y desalojo de bienes fiscales ocupados ilegalmente por particulares. A través de su Procuraduría Fiscal de Temuco, persiguió el desalojo de diversos inmuebles ubicados en el sector de Puesco, en el Parque Nacional Villarrica.

La definición de sus estrategias se abocó a consolidar argumentos técnico-jurídicos que permitan a los tribunales rechazar acciones reivindicatorias que pretenden obtener el dominio de terrenos fiscales o de bienes nacionales de uso público, especialmente, playas de mar y terrenos que circundan orillas de lagos y ríos, motivo de frecuentes disputas entre propietarios y comunidades locales.

En agosto de 2020, las defensas del Consejo a cargo del abogado Óscar del Barrio, de la Procuraduría Fiscal de Antofagasta, obtuvieron un pronunciamiento favorable de la Excma. Corte Suprema, que ratificó el dominio fiscal de las lagunas Cejar y La Piedra, emplazadas en las cercanías de San Pedro de Atacama, luego que una comunidad atacameña reclamara su pertenencia.

Los resultados que las defensas fiscales obtengan en este tipo de disputas lleva aparejado, como segundo efecto, la percepción de confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para defender el bien común. De allí la relevancia de obtener fallos favorables en estas materias, especialmente, en aquellos casos en que comunidades han visto sostenidamente perjudicado su derecho de acceso a bienes nacionales de uso público que son esenciales, como el agua, por ejemplo.

En efecto, tras ocho años de litigio, una reciente sentencia del Máximo Tribunal reconoció el propósito perseguido por el Consejo en una acción declarativa de mera certeza presentada en representación del Ministerio de Obras Públicas, relativa al uso de las aguas del embalse Laguna del Maule. El fallo ratificó la vigencia y alcances de un convenio suscrito en 1947 entre esa Cartera y Endesa, hoy Enel, y confirmó que el uso del agua del principal dique de la región se destinará, prioritariamente, para el riego agrícola de todo el sector correspondiente a la cuenca del río Maule. Sólo los excedentes, si existieran, podrán destinarse a la generación eléctrica. Reconozco la perseverancia del Comité Civil en esta causa y de la abogada Rosario Merino, quien la tuvo a su cargo. Se trata de un importante pronunciamiento de la justicia que reconoce los derechos de regantes y agricultores de la zona y permite concretar, ampliamente, el propósito de la labor que se ha encomendado al Consejo.

Defensa del patrimonio fiscal en materia de obras públicas.

Una materia de especial cuidado a cargo del Comité Civil, dada las elevadas cuantías involucradas, se refiere a la defensa fiscal frente a demandas relacionadas con contratos de obras públicas, mediante las cuales se reclaman, entre otros aspectos, supuestos incumplimientos vinculados con el pago de mayores costos y gastos en que se ha debido incurrir como consecuencia de ampliaciones de plazo o modificaciones de contratos de obras en ejecución. Durante 2020, las defensas del Consejo lograron que las sentencias acogieran indemnizaciones por montos considerablemente menores a los pretendidos, generando, con ello, un significativo ahorro de recursos fiscales, cuyo destino no debe ser otro que la implementación de políticas y obras públicas en beneficio de toda la comunidad. En esta materia, destacan los fallos favorables, confirmados por la Excma. Corte Suprema, en juicios entablados por consorcios a cargo de la construcción de los Hospitales Regionales de Rancagua y de Puerto Montt. Destaco la labor realizada en ambos procesos por los equipos de las respectivas Procuradurías Fiscales, especialmente, la Abogada Procuradora Fiscal de Rancagua, Lya Hald, junto a los abogados Carlos Chacón y María Teresa Benavides y, en Puerto Montt, el abogado Alfonso Perramont.

V. Decidida persecución de la corrupción y de delitos que atentan contra los derechos de las personas

Hacia fines de 2020, concluyeron importantes procesos penales luego de la realización de juicios orales, causas en que el Consejo había presentado querellas persiguiendo graves hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Las sentencias acogieron los argumentos fiscales y dictaron condenas acordes a la gravedad de los delitos cometidos. Esos resultados también dieron cuenta del sostenido trabajo desarrollado con el Ministerio Público a lo largo de los procesos, donde las intervenciones del Consejo apoyaron eficazmente el avance de las investigaciones penales. Precisamente, la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra los ex parlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi en el marco del juicio Corpesca da cuenta de su perseverancia. En los tres capítulos por los cuales el Consejo presentó acusación particular se obtuvieron condenas. Interpuso cinco querellas criminales y fue el primer interviniente en querellarse en 2015, acción que permitió interrumpir alegaciones que buscaban la prescripción de delitos que entonces comenzaban a investigarse.

La condena obtenida contra la persona jurídica Corpesca, primera de su tipo dictada en el marco de un juicio oral en el país, constituye un hecho sin precedentes que, sin duda, sentará la base para la jurisprudencia nacional y para estudios respecto de cómo se configura la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile.

Quiero reconocer el excelente trabajo desarrollado en este juicio por el equipo que lo tuvo a su cargo desde un comienzo, encabezado por la Coordinadora de Litigio Penal de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Luppy Aguirre, junto con los abogados Fernando Guerra y Francisco Berthen, asistidos por la Procuraduría Criminal.

Otro juicio relevante en que se obtuvo condena fue el seguido en contra de la ex alcaldesa de Antofagasta. A cargo del equipo dirigido por el Abogado Procurador Fiscal, Carlos Bonilla, la sentencia fue categórica al establecer penas acordes con la gravedad del delito cometido en perjuicio de la Municipalidad por quien fuera su máxima autoridad. El Consejo se querelló por el delito de fraude al Fisco y adhirió a la acusación de la Fiscalía, al compartir su convicción de la responsabilidad que les cupo a los imputados.

La rigurosidad con que debe actuar el Consejo, dada su responsabilidad como querellante institucional, cobra una dimensión real cuando los resultados de los juicios en que interviene dan cuenta del mérito jurídico en que se fundan sus acciones, estándar que permite sostenerlas efectivamente hasta el final. Nuestros argumentos descansan en esa sólida convicción, formada tras el estudio acabado de los hechos y el derecho, y en donde no cabe ninguna otra consideración. Aun en tiempos determinados por la urgencia, la inmediatez o en que la contingencia o los medios exigen rapidez, el Consejo no puede actuar de forma precipitada, lo que implica muchas veces vigilar el curso de las investigaciones para determinar que cuenta con todos los elementos para iniciar acciones con el estándar señalado.

Participación en juicios de gran envergadura

Durante 2020, el Consejo continuó sosteniendo con vigor sus intervenciones penales en juicios de gran envergadura en que se investigan graves delitos de corrupción al interior del Ejército y de Carabineros. Las actuaciones ante los fiscales y los tribunales en cada una de esas causas se encuentran bajo la dirección y control de los consejeros María Inés Horvitz y Daniel Martorell, respectivamente. Tratándose de juicios que mantienen múltiples aristas en desarrollo y en donde el Consejo interviene activamente, mencionaré sólo algunos de los hechos relevantes ocurridos en ambos procesos el año pasado.

Fraude al interior del Ejército

El Consejo mantuvo una activa participación en las cincuenta y siete aristas en las que se investigan delitos de corrupción y defraudaciones de recursos públicos al interior del Ejército de Chile –tanto en los procesos radicados en la jurisdicción militar, a cargo de la Ministra en Visita Extraordinaria, Romy Rutherford–, como en las causas abiertas ante la justicia ordinaria. Los avances en las investigaciones durante el último año han permitido determinar responsabilidades en los desfalcos por parte de ex Comandantes en Jefe y oficiales de alto rango del Ejército, así como en delitos de cohecho, soborno y falsedades en documentos de la administración militar en que el Consejo ha interpuesto querellas contra los civiles responsables en el marco de las investigaciones que conduce la Fiscalía.

El Consejo ha obtenido importantes medidas precautorias para cautelar las responsabilidades civiles y la primera sentencia firme que obra en la causa ha dispuesto el pago de las multas y costas, lo que se justifica plenamente considerando que, sólo en los autos de procesamiento dictados durante 2020 en diferentes aristas, los montos defraudados superan los 10.000 millones de pesos.

A pesar de las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia, en 2020 se abrieron doce nuevas aristas, ocho cuadernos en la justicia militar y cuatro investigaciones en la justicia ordinaria. El Consejo presentó cuatro ampliaciones de sus querellas criminales y solicitó formalmente al Ministerio Público la formalización de dos investigaciones en las que participa como querellante.

Destaco la relevante labor llevada a cabo en estos procesos y que ha sido conducida por la consejera María Inés Horvitz, con la asistencia de un equipo de litigantes conformado, entre otros, por los abogados Marcelo Oyharcabal, Jacqueline Espinoza y Cristóbal Díaz.

Fraude al interior de Carabineros

En el juicio en que se investigan fraudes cometidos al interior de Carabineros de Chile –en que se ha determinado un perjuicio fiscal que asciende a más de 28 mil millones de pesos–, concluida la investigación en contra de 127 imputados formalizados, se obtuvieron 94 condenas en juicios abreviados.

Hasta la fecha el Consejo ha conseguido medidas cautelares a favor del Fisco por montos cercanos a los 3.500 millones de pesos y ha obtenido diversos pagos por concepto de multas, comiso de bienes, consignaciones en sede penal y, adicionalmente, transacciones en sede civil. Además, se han interpuesto demandas civiles indemnizatorias por aproximadamente 5.900 millones de pesos. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles que se puedan deducir respecto de 31 acusados en la arista principal.

La preparación del juicio oral en contra de estos 31 acusados en la arista principal duró más de siete meses, con audiencias diarias para la mantención de las medidas cautelares dictadas, lo que demandó un arduo y exhaustivo trabajo, el que fue liderado por el consejero Daniel Martorell y contó con un equipo de abogados encabezado por María Gabriela Zúñiga y Diego Acuña.

Coordinación judicial para la persecución de delitos relacionados en distintas regiones del país

El Consejo también persiguió activamente delitos de corrupción cometidos en el marco de licitaciones públicas irregulares investigadas por la Fiscalía a través de las cuales varias municipalidades del país, algunos Gobiernos Regionales y la Subsecretaría de Energía suscribieron millonarios contratos con la empresa Itelecom para el recambio y mantención de luminarias.

Mediante la coordinación judicial de sus acciones, a la fecha el Consejo ha interpuesto cinco querellas criminales a través de sus Procuradurías Fiscales de Iquique, Chillán, Santiago, San Miguel y Concepción, solicitando diversas diligencias para esclarecer y condenar a los responsables de delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno, malversación de caudales públicos y violación de secreto y ha obtenido se decreten medidas precautorias para resarcir al Estado los recursos defraudados y vigila el avance de las investigaciones a cargo de la Fiscal Regional de Ñuble.

Delitos de corrupción en el ámbito de la administración municipal

El Consejo acordó su intervención en graves delitos de corrupción cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Este constituye, quizás, el caso más evidente de cómo el reiterado daño al patrimonio municipal ha provocado que obras y proyectos que son urgentes para esa comunidad se encuentren inconclusos. También, una merma de la confianza en la legitimidad del sistema de administración local, como consecuencia de consecutivos delitos cometidos durante los últimos siete años. La Procuraduría Fiscal de Copiapó ha interpuesto cinco querellas criminales y tres ampliaciones en cinco juicios en que se investigan a alcaldes y funcionarios concertados con particulares y a personas jurídicas en delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y negociación incompatible.

En septiembre del año pasado, intervenimos como querellantes en el contexto de una millonaria transacción de carácter ilegal que implicó que la Municipalidad de Tierra Amarilla no impugnara la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto que permitía la continuidad operacional de la Compañía Minera Candelaria, renunciando al ejercicio de toda acción de reparación de daño ambiental, en clara infracción a la ley.

Destaco el trabajo desarrollado en esta causa por el abogado Juan Fernández, con la colaboración de la Unidad de Medio Ambiente.

Seguimiento y persecución de delitos cometidos en contra de las municipalidades

La extrema gravedad de los delitos de corrupción radica en que, junto con provocar un importante perjuicio al patrimonio fiscal y a la capacidad de funcionamiento de los Organismos del Estado, se produce un daño profundo a la fe pública, a la legalidad vigente y a la confianza de la ciudadanía en las Instituciones. Hoy, la urgente redistribución de los recursos públicos para enfrentar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia requiere asegurar, más que nunca, el correcto uso del patrimonio municipal. Durante los últimos diez años, el Consejo ha registrado un ingreso creciente y sostenido de asuntos que involucran a distintas municipalidades del país, corporaciones municipales o a sus funcionarios, que exigen especialización y un análisis integral y coordinado para lograr una gestión más eficiente y eficaz. A la fecha, mantiene vigentes 489 asuntos de carácter penal que se encuentran concentrados en 18 municipalidades de distintas regiones del país, relacionados con la administración de los recursos municipales en ámbitos propios de su gestión. De estos, 171 asuntos se refieren a eventuales delitos de fraude al Fisco; 136 a malversación de caudales públicos; 50 a cohecho; 39 a falsificación de instrumento público, 14 a negociación incompatible; y 79 a otros asuntos.

Con el propósito de intensificar nuestra capacidad de ejercer acciones penales para la persecución de estos delitos y su sanción, y también las civiles correspondientes para la recuperación de los montos defraudados, hemos tomado la decisión de conformar una Unidad Especializada en Materias Municipales para lograr una mayor coordinación interna, así como con los organismos competentes y, además, generar un conocimiento experto en asuntos municipales, potenciando de este modo nuestras actuaciones judiciales.

Ratificamos, asimismo, nuestro compromiso de continuar trabajando activamente en la alianza que, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), conformamos hace ya nueve años para implementar y difundir sus principios en nuestro país.

Persecución de delitos funcionarios que han afectado los derechos de las personas

El Consejo ha desarrollado un intenso trabajo en la persecución de delitos cometidos por funcionarios que, en el desempeño de sus cargos, infringieron los instructivos y protocolos que regulan sus actuaciones, incumpliendo su deber, conductas que provocaron serias afectaciones a los derechos de las personas.

Un muy significativo logro en materia penal se obtuvo con la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, ratificada recientemente por la Excma. Corte Suprema, en que se condenó a ex efectivos de Carabineros por ser responsables del lamentable homicidio del comunero Camilo Catrillanca.

A través de su Procuraduría Fiscal de Temuco, el Consejo intervino en esta causa transcurrido un mes de sucedidos los hechos, a fines de 2018. Su querella persiguió delitos de homicidio y obstrucción a la investigación que, posteriormente, amplió a delitos de infidelidad en la custodia de documentos y falsificación de documentos públicos.

El Consejo valora la sentencia que condenó con todo el rigor que corresponde a los responsables de este homicidio, quienes, además, agravaron sus acciones concertándose y ocultándolas, conductas que provocaron profunda conmoción pública y un enorme daño a la reputación y el trabajo de Carabineros de Chile.

Quiero distinguir el trabajo desarrollado en este juicio por los abogados Claudio Jara y Miguel Contreras, bajo la dirección del consejero Daniel Martorell.

Persecución de delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales

Asimismo, desde fines de 2019, el Consejo ha actuado decididamente en aquellos casos ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales en que los antecedentes contenidos en las investigaciones penales le han permitido formarse la convicción que existen hechos constitutivos de delito y participación de funcionarios del Estado.

En noviembre de ese año, presentó la primera de 19 querellas y de cuatro ampliaciones interpuestas hasta la fecha por estos delitos, acciones que ha concretado tras un riguroso análisis de los hechos en cada caso, conforme con los antecedentes contenidos en las carpetas investigativas y el avance de las indagatorias. Su acción ha sido seria, acuciosa y responsable: en las investigaciones en que participa mediante querellas criminales se ha formalizado a 51 imputados, lo que equivale a un 43,2% de los funcionarios formalizados informados por el Ministerio Público en abril de este año.

Es importante señalar que la ley ha entregado el ejercicio prioritario de la persecución de estos delitos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo ha intervenido y seguirá interviniendo en aquellos casos de mayor gravedad en que se investigan apremios ilegítimos y otros ilícitos relacionados con estos hechos, como falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, lesiones graves gravísimas, homicidio o abusos de carácter sexual.

A la vez, hemos perseguido la responsabilidad penal de quienes han dañado bienes públicos. A abril pasado habíamos interpuesto 111 querellas por estos delitos a lo largo del país, de las cuales, 46 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares. El ejercicio de nuestras atribuciones penales en estos casos reviste especial importancia, dado que no existe otro organismo público que pueda instar por la persecución penal de este tipo de hechos que provocan un negativo impacto en las comunidades en donde se han ocasionado los daños.

Reconozco la labor de los abogados de nuestras distintas Procuradurías Fiscales que participaron en estos juicios bajo la supervisión de los consejeros Horvitz y Martorell. En su representación, quisiera distinguir el trabajo desarrollado por el equipo de la Procuraduría Fiscal de Santiago, coordinado por Natalia Peña, e integrado por Nicolás Chacana, Ángela Manríquez y Rubén Salas, entre otros. Y, en San Miguel, la labor llevada a cabo por su Abogado Procurador Fiscal, Marcelo Chandía, y los litigantes Rodrigo Beas, Javier Indo y Cristián Ramírez.

VI. Mediación por daños en salud, continuidad y calidad de servicio

Las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia provocaron la suspensión durante cuatro meses del Servicio de Mediación por daños ocurridos en establecimientos públicos de salud, lo que impactó fuertemente en la continuidad del mismo.

Hacia mediados de año, la Unidad de Mediación puso en marcha un plan de reactivación de un importante volumen de audiencias en todo el país, innovando en el uso de mecanismos telemáticos, cuya efectividad permitió asegurar la prestación del servicio. Además, la implementación de este plan posibilitó el ingreso de 1.049 nuevas solicitudes de mediación el año pasado. El sistema mostró inmediatas ventajas, garantizando un procedimiento seguro para los usuarios, mediadores y funcionarios de salud, posibilitando que las partes interactúen activamente en la búsqueda de soluciones y reparaciones.

El compromiso del equipo multidisciplinario que presta el servicio de mediación a lo largo del país, encabezado por la abogada Virginia Vega, merece una especial mención por la labor realizada durante ese período, la que aprovecho de distinguir.

VII.      Gestión del conocimiento, compromiso con la formación, el trabajo colaborativo y la entrega de un buen servicio

El Consejo logró adaptarse rápidamente a las condiciones de trabajo a distancia, lo que fue facilitado por el permanente soporte proporcionado por su Subdepartamento de Informática. El uso de sistemas telemáticos facilitó el cumplimiento de las tareas y objetivos de las distintas Unidades y propició una comunicación fluida entre equipos. En ese sentido, la experiencia ayudó a reconocer las ventajas del trabajo colaborativo.

Coordinación y colaboración entre Servicios

Asimismo, las restricciones sanitarias no constituyeron un impedimento para la implementación de iniciativas de relacionamiento con usuarios, Servicios Requirentes y Organismos afines con quienes el Consejo interactúa para el cumplimiento de su función. Durante el año pasado, sus Procuradurías Fiscales concretaron 63 actividades de coordinación y cinco iniciativas de capacitación con Servicios y Organismos con que se relacionan para elaborar sus estrategias judiciales o establecer modalidades de trabajo conjunto.

Gestión del conocimiento jurídico

Durante el año pasado, llevamos a cabo instancias de formación que pusieron especial foco en el proceso de litigio, con el propósito de continuar fortaleciendo las defensas fiscales. A comienzos de enero, el Comité de Gestión del Conocimiento organizó un seminario internacional sobre responsabilidad civil y administrativa asociada a desastres naturales y, en el transcurso del año, realizó talleres jurídicos en modalidad virtual, dirigidos a 250 abogadas y abogados del Servicio.

Vinculación con el mundo académico y aporte a la formación de futuros abogados

Un ámbito en que el Consejo se ha propuesto participar activamente es en la promoción de la gestión del talento de estudiantes de Derecho, fortaleciendo la vinculación institucional con el mundo académico y apoyando la formación de futuros litigantes. Durante los últimos años ha suscrito ocho convenios con universidades para que sus alumnos puedan realizar pasantías en nuestras Procuradurías Fiscales y en las distintas Unidades de trabajo, experiencias que nos han permitido hacer un aporte concreto a la formación académica de los jóvenes: el año pasado recibimos a 33 pasantes, quienes desarrollaron sus actividades a distancia en las Procuradurías Fiscales de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Valdivia.

VIII. El bienestar de las personas como centro de nuestro actuar

Proteger la salud y el bienestar de nuestras funcionarias y funcionarios a lo largo del país se tornó un asunto central tras el inicio de la pandemia. Rápidamente, se adoptaron medidas para prevenir contagios por COVID-19, mediante protocolos de seguridad, lineamientos para el trabajo remoto y la habilitación de un canal de comunicación que opera de forma eficiente y oportuna.

El Subdepartamento de Recursos Humanos puso en marcha un programa especialmente diseñado para favorecer el desarrollo de condiciones adecuadas para el trabajo a distancia, con el propósito de apoyar la continuidad del quehacer institucional, resguardando la salud y calidad de vida laboral y familiar de las personas.

IX. Modernización Institucional

Tras el ingreso a la Cámara de Diputados, en el mes de mayo, del proyecto de ley para la modernización del Consejo, instruí la creación de una comisión asesora para el seguimiento de su tramitación en el Parlamento, principalmente, de aquellos aspectos medulares referidos a su composición, funciones y fortalecimiento institucional.

El Consejo de Defensa del Estado ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Justicia en la elaboración del anteproyecto de ley y nos hemos propuesto participar activamente en su etapa de discusión legislativa. Sin perjuicio de lo anterior, debemos recordar que el CDE diagnosticó tempranamente la necesidad de modernizar sus procedimientos e inició, en 2012, un profundo trabajo para el fortalecimiento de su capacidad jurídica y judicial. A la fecha, hemos estandarizado nuestros procesos internos e implementado nuevos modelos de trabajo en 12 de nuestras 17 Procuradurías Fiscales. Y, a pesar que en 2020 enfrentamos una importante reducción presupuestaria, el trabajo de modernización no se detuvo y se adoptaron caminos alternativos que permitieron incorporar a las Procuradurías Fiscales de Valdivia y Rancagua.

Para finalizar, me parece importante destacar del año 2020, la nueva forma de trabajar a distancia que nos impuso la pandemia; el intenso trabajo originado por los Estados de Excepción Constitucional que han regido en el país; el inicio de la discusión parlamentaria del proyecto de ley que busca modernizar el Consejo y el próximo traslado al nuevo edificio institucional; hechos que marcan el inicio de una nueva etapa en su trayectoria y que la historia ha hecho coincidir con el importante proceso constituyente que ha iniciado el país, con el que sin duda nos sentimos comprometidos y valoramos profundamente, porque su destino es el bien común de nuestra Nación.

Desde nuestro rol, contribuiremos a garantizar las condiciones necesarias para que este histórico proceso se desarrolle con éxito y normalidad. El Consejo de Defensa del Estado seguirá velando por el resguardo de la Institucionalidad, la defensa de las potestades y atribuciones públicas, la protección del patrimonio fiscal y la defensa de los Derechos Humanos, que conforman los pilares fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país.

Muchas gracias.