PRINCIPIO DE NO FORMALIZACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: NOTAS PARA SU ESTUDIO Pablo Andrés Alarcón Jaña – Pedro Bello Villablanca

Se ha sostenido^[5] que la licitación pública está llamada a ser el procedimiento general para la preparación de la voluntad contractual de la Administración, noción que se ajusta la definición que ha dado el legislador en la Ley N° 19.886, que señala:

“Artículo 7º.- Para efectos de esta ley se entenderá por:

a) Licitación o propuesta pública: el procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

Del análisis de la norma transcrita, surge como una primera evidencia que este procedimiento administrativo licitatorio ha de sujetarse a las bases de licitación, y que su finalidad apunta a que la Administración seleccione y acepta a la oferta más conveniente; o, en otras palabras, en nuestra opinión, que adjudique la licitación a aquella oferta que de mejor forma satisfaga la necesidad pública objeto del respectivo contrato administrativo^[6].

Es por ello que la doctrina nacional^[7] ha planteado que esta licitación pública se rige por principios tales como libre concurrencia, igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases, cuyo objetivo, a nuestro entender, es encausar la actividad desplegada por la Administración a la juridicidad, logrando así el objetivo último de la licitación pública que no es otro que seleccionar al mejor co-contratante particular para la celebración de un determinado contrato administrativo. Y a los referidos principios, una autora nacional añade el de no formalización, y cita al efecto una interesante sentencia del año 2010 del Tribunal de Contratación Pública (Servicios de Estacionamientos Controlados S.A. con I. Municipalidad de Coyhaique, Rol 21-2010), que en su considerando 13°, parte final, señala:

“A mayor abundamiento, se observa que la Comisión Evaluadora al dejar fuera de bases la oferta formulada por la demandante por no haber acompañado la oferta económica debidamente firmada, incurrió también en inobservancia del principio contenido en el artículo 13 de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y que dispone en su inciso primero que “el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares”. Al no haber respetado la Comisión este principio, habiendo rechazado una propuesta por no contener un elemento que sí constaba en la presentación de la oferta y, más aún, no habiendo instado a esta parte a salvar dicha omisión formal teniendo la facultad para ello, debe considerarse su proceder como arbitrario por falta de racionalidad y por no haber observado el principio de no formalización, circunstancia que torna su actuar también en ilegal”.

Recapitulando, y desde un plano teórico, claramente todos los principios que rigen la licitación pública, interpretados armónicamente, han de tener aplicación y no debiese ceder uno en perjuicio de otro, considerando además que todos ellos tienen reconocimiento legal; sin embargo, y he ahí la dificultad tanto para la Administración como para el Tribunal de Contratación Pública, en determinadas situaciones habrá que ponderar el principio de estricta sujeción a las bases y/o el principio de libre concurrencia de los oferentes con el principio de no formalización, considerándolo la Administración desde la óptica de la finalidad del procedimiento administrativo licitatorio, y aquilatándolo el Tribunal al momento de la formación de su convicción judicial en orden a si la entidad licitante demandada ha incurrido o no en un acto u omisión arbitrario o ilegal, lo cual definirá si se acogerá o rechazará una determinada acción de impugnación^[8].

III. Jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública sobre el principio de la no formalización

La mejor forma de determinar si un Tribunal cumple a cabalidad su función jurisdiccional es analizando su labor más propia, cual es la dictación de sentencias; las cuales, en la medida que fallan una misma materia en un determinado sentido, afirmamos que se ha formado una jurisprudencia al respecto. Es por ello que, en este apartado, analizaremos cuál ha sido la jurisprudencia reciente del Tribunal de Contratación Pública con respecto al principio de no formalización.

Este principio se establece en el artículo 13 de la Ley N°19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, que indica: “Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicios al interesado. La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no afectaren intereses de terceros”.

En este mismo orden de ideas, el artículo 20 del Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, dispone que las condiciones establecidas en las bases “…evitarán hacer exigencias meramente formales, como, por ejemplo, requerir al momento de la presentación de ofertas documentos administrativos, o antecedentes que pudiesen encontrarse en el Registro de Proveedores, en el caso de los oferentes inscritos”. Por su parte, el artículo 40 del mismo cuerpo reglamentario establece que, durante la evaluación: “La entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, a través del sistema de Información…”.

A continuación, se presentarán las sentencias seleccionadas que desarrollan este principio.

CONSIDERANDO QUINTO: “Que es dable tener presente que la inobservancia de formalidades produce la ineficacia de la propuesta del oferente solo en la medida que se constate que su omisión cause desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de la igualdad de los oferentes en la medida que haya producido perjuicio al resto de los oferentes”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Corte de Apelaciones de Santiago. Sentencia de 25 de agosto de 2017. Rol N°4.763-2017, Considerando Quinto.

CONSIDERANDO VIGÉSIMO CUARTO: “Que, de lo expuesto en los considerandos precedentes se colige entonces que, un defecto en la tramitación de un procedimiento administrativo tiene el carácter de esencial, cuando habiéndose cumplido satisfactoriamente hubiere llevado a la Administración a tomar una decisión diferente a la adoptada, lo que no ocurrió en el caso del Formulario de Oferta Económica del oferente SCANAVIA A/S; ya que los precios que fueron presentados en su formulario correspondían a los puntos de los ítems ordenados de acuerdo con el formulario del anexo 2.6 de las bases de licitación; lo que permitía compararlos con los de las restantes ofertas presentadas”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 9 de diciembre de 2016.

Rol N°264-2015, Considerando Vigésimo Cuarto.

AKRO Diseño S.A. con Municipalidad de Talca. Corte de Apelaciones de Santiago. Sentencia de 2 de julio de 2020. Rol N°892020. Considerando Sexto.

CONSIDERANDO DÉCIMO SÉPTIMO: “Que, el hecho que dicho oferente complementara su formulario con información más detallada de los precios totales y/o unitarios de las partidas que se encontraban comprendidas en los ítems del mismo, tal forma de presentación constituía un aspecto formal que no afectaba la observancia de la norma establecida por la nota de las bases de licitación, la que solo exigía presentar los precios en el Formulario del anexo 2.6 de las bases. Por lo que, dicho oferente al haberlos presentado en forma más detallada, pero ordenados de acuerdo con los puntos enumerados en la nota de las bases de licitación, no podía verse afectada por tal circunstancia la validez de su oferta, ni tampoco impedía evaluarla, puesto que de todas maneras se cumplía con la normativa de las bases de que los precios fueran presentados en el Formulario para su Oferta Económica y por ende, con el requisito esencial establecido por la nota de dicho cuerpo normativo para que la oferta pudiera ser considerada como válidamente presentada”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 9 de diciembre de 2016.

Rol 264-2015, Considerando Décimo Séptimo.

CONSIDERANDO VIGÉSIMO PRIMERO: “[…] Afirmando además que, si bien la oferta económica difiere de la requerida por la entidad licitante, en lo esencial contempló el detalle y desglose de los diversos ítems de los precios requeridos, información en definitiva de carácter relevante que permitió la evaluación de la propuesta y su cotejo con las restantes, decisión que se adoptó a la luz de la primacía que la jurisprudencia le otorga a la interpretación finalista por sobre la de índole formal”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 9 de diciembre de 2016. Rol 264-2015, Considerando Vigésimo Primero.

CONSIDERANDO VIGÉSIMO PRIMERO: “[…] Asimismo, hace presente en dicha respuesta que, la inobservancia de formalidades producirá la ineficacia de la propuesta de un oferente solo en la medida que se constate que la omisión cause desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de la igualdad de los oferentes en la medida que haya producido perjuicio al resto de los oferentes y ventaja para el adjudicado”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 9 de diciembre de 2016.

Rol 264-2015. Considerando Vigésimo Primero.

CONSIDERANDO VIGÉSIMO QUINTO: “Que, por lo tanto, el haber presentado dicho oferente su formulario en inglés y con los precios en forma más detallada, no se vio afectada la validez de su oferta ni el proceso mismo de evaluación de las propuestas; ni se alteró la posición relativa de los proponentes en el procedimiento de evaluación y de sus resultados, ni se generaron por tal circunstancia ventajas comparativas para ninguno de los oferentes, cuyas ofertas no se vieron alteradas por ese hecho y sin que ese oferente quedara en situación de privilegio o que provocara algún perjuicio o generara una condición desigual respecto de ningún otro oferente y en consecuencia, sin que se viera afectado el principio de igualdad de los oferentes establecido por el artículo 6° de la Ley N°19.886; ya que con la presentación de su formulario su oferta económica no quedó en condición ventajosa frente a sus oponentes”.

SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 9 de diciembre de 2016.

Rol 264-2015. Considerando Vigésimo Quinto.

CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: “Que, de esta manera, teniendo presente los principios que inspiran los procedimientos sobre contratación pública enunciados anteriormente, en especial el principio de estricta sujeción a las bases y de la no formalización, estiman estos sentenciadores que la actuación de la entidad licitante al evaluar la oferta de la empresa HECOB SPA y adjudicarle la licitación no pueden ser calificadas de ilegales o arbitrarias, motivo por el cual se rechazará la demanda de autos”.

Servicios Pleamar Limitada con Dirección General de Obras Portuarias. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 29 de mayo de 2020. Rol 199-2019. Considerandos Décimo Primero y Segundo.

CONSIDERANDO DÉCIMO SÉPTIMO: “Que, los procedimientos licitatorios deben desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades exigidas sean indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El error ocurrido en el ingreso electrónico de la oferta de la demandante no afectaba su validez ni la certeza en la identificación del oferente. Excluir al proveedor del servicio, restringió el número de propuestas evaluables y con ello la mayor concurrencia de oferentes en aras de una mayor eficacia, eficiencia y ahorro en la contratación del servicio por la entidad licitante”.

CONSIDERANDO DÉCIMO OCTAVO: “Que, uno de los principios rectores del sistema de compras públicas lo constituye el principio de la no formalización contenida en el artículo 13 de la ley N° 19.880, que previene que: “el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares”, norma perfectamente aplicable al caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.886, máxime cuando no se contradice con el principio de respeto irrestricto de las bases de la licitación. Asimismo, dicho principio se encuentra reconocido en diversas disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de la Ley de Compras Públicas, tales como, el artículo 20 que dispone que la entidad licitante debe evitar hacer exigencias meramente formales. Así también el artículo 40 del mismo reglamento, que permite a la entidad licitante, solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones de carácter formal. Estas disposiciones tienen directa relación con los principios de eficiencia y eficacia que deben regir la actuación de la Administración, cuyo fin último es que ésta pueda elegir la oferta más ventajosa para los intereses del Servicio”.

Fernando Díaz y Compañía Limitada con Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 6 de julio de 2020. Rol 94-2020. Considerandos Décimo Séptimo y Décimo Octavo.

CONSIDERANDO DECIMO SEGUNDO: “Que, en concordancia con el principio de La No Formalización, aplicable en el procedimiento de compras públicas, las bases de licitación también establecieron en el punto 13.3, la posibilidad de subsanar errores u omisiones formales menores detectadas durante la evaluación, al señalar que “Durante el periodo de evaluación la comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, las que tendrán el término total de 48 horas para entregar los antecedentes omitidos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones, no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás, esto es, en tanto no se afecten, a juicio de la Municipalidad, los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes. Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas. La opción de subsanar errores u omisiones se refiere exclusivamente a los “Antecedentes Administrativos, técnicos y económicos””.

Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Yungay. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Rol 349-2019. Considerandos Décimo Primero y Décimo Segundo.

CONSIDERANDO DECIMO TERCERO: “Este documento, omitido por la empresa Soloverde S.A., foro de preguntas y respuestas, no constituye un antecedente de la autoría del oferente, sino un antecedente emanado de la propia entidad licitante, que según se indica en el punto 13.2 de las bases, ha sido puesta en conocimiento de todos los oferentes a través del foro respectivo del portal www.mercadopublico.cI, por lo que resultaba pertinente frente a la omisión de un antecedente formal requerir su presentación, más aún si al momento de resolver sobre ella, se debe considerar que la Ley N°19.880, en su artículo 17, le reconoce a los particulares el derecho a “c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración”.

CONSIDERANDO DECIMO CUARTO: “Con todo, viene al caso recordar que los principios que entran en juego en un proceso licitatorio, deben interpretarse con el propósito que, en su aplicación, en definitiva, se obtengan los mejores y mayores resultados, entre los que se cuenta la mayor y mejor concurrencia de oferentes”.

Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Yungay. Corte de Apelaciones de Santiago. Sentencia de 31 de julio de 2020. Rol 2122020. Considerandos Duodécimo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto.

Ricardo David Alcayaga Nazer con Serviu Región de Coquimbo. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 31 de marzo de 2021. Rol 343-2020. Considerando Décimo Séptimo.

Sistemas de Seguridad y Tecnologías SPA con Ilustre Municipalidad de La Cisterna. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 4 de marzo de 2022. Rol 121-2021. Considerando Décimo Quinto.

CONSIDERANDO SEXTO: “[…] Que, a juicio de estos sentenciadores, la entidad licitante, al realizar la nueva apertura de las ofertas, consideró correctamente que dichos errores de los formularios N°10 y N°11 consistían en simples defectos de forma, aplicando al efecto el punto 11.4. de las Bases Administrativas Generales, atendido que no se producía con ellos una afectación a los principios cardinales de la contratación pública. En efecto, dicha disposición de las Bases aplica el denominado principio de no formalización, el cual ha sido conceptualizado por la Contraloría General de la República, en el dictamen N°62.483, de 2004, como “aquél consagrado por el artículo 13 de la ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en virtud del cual el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicio a particulares, agregando que el vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado”.

Asimismo, al cotejar los formularios N°10 y N°11, con el formulario N°4 -que rola a fojas 99 de estos autos-, se aprecia que no hay discordancia entre los valores de todos ellos, por lo cual no se ha producido una situación más favorable a la oferta del adjudicado. En consecuencia, por lo expuesto, esta segunda alegación será rechazada”.

Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Los Lagos. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 14 de mayo de 2021. Rol 368-2020.

Considerando Sexto.

o. Error en la Ficha de Licitación no afecta la validez de la oferta.

CONSIDERANDO NOVENO: “Que, si bien en la Ficha de

Licitación en el cuadro “Resumen de ofertas a buscar por Rut”, aparece indicado como Rut de Fidelis Seguridad E.I.R.L. el de su representante legal, tal hecho constituía un aspecto de carácter meramente formal y no esencial, que carecía de la relevancia necesaria, desde el momento que por tal circunstancia no se veía afectada la validez de la oferta presentada por el oferente adjudicado, ni la oferta del oferente demandante, ni la de ninguno de los otros oferentes, ni se vio alterada la posición relativa de todos los proponentes en el proceso de evaluación de las ofertas, no generándose ningún perjuicio para los mismos, ni ventajas comparativas, ni situación de privilegio para el oferente adjudicado en desmedro de los demás oponentes que le significara obtener una ventaja para su oferta, por lo que no se vio afectado el principio de igualdad de los oferentes establecido en el artículo 6° de la Ley N°19.886 y 20 inciso 3° del Decreto de Hacienda N°250, reglamentario de ese mismo cuerpo legal, por haberse configurado en este caso el Principio de la No Formalización establecido por el artículo 13 inciso 2° de la Ley N°19.880”.

Icaro Seguridad Limitada con Universidad de Valparaíso. Tribunal de Contratación Pública. Sentencia de 5 de julio de 2021. Rol 103-2020.

Considerando Noveno.

IV. Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos mostrado que el principio de la no formalización, el cual es uno de los que regulan el procedimiento administrativo chileno (Ley N° 19.880), por aplicación del artículo 1° de la Ley N° 19.886, también rige respecto del procedimiento administrativo concursal denominado licitación pública. Y ello resulta del todo atendible en la medida que la licitación pública constituye un tipo de procedimiento administrativo cuya finalidad última es permitir a la entidad licitante seleccionar al mejor oferente para la celebración de un determinado contrato administrativo, ya sea el contrato de suministro, el contrato de prestación de servicios –ambos regidos por la –N° 19.886, o el contrato de construcción de obra pública o de concesión de obra pública.

Asimismo, revisando la jurisprudencia reciente del Tribunal de Contratación Pública, hemos podido constatar de qué forma un organismo de la Administración del Estado, que llama a una licitación pública, no solamente ha de tener presente tres principios básicos como son la libre concurrencia de los oferentes, el principio de igualdad de los mismos y el principio de estricta sujeción a las bases; sino también que, considerando el fin último de la licitación, al momento de su adjudicación, se ha de ponderar racional y fundadamente si, por ejemplo, el principio de estricta sujeción a las bases cede frente al principio de la no formalización.

Y como dicho ejercicio interpretativo no puede ser abstracto, finalmente en cada caso concreto, ello será sopesado tanto por la Administración activa –que ha llamado a la licitación pública–, como por el Tribunal de Contratación Pública, que en tanto judicatura contenciosa administrativa especializada, resolverá en su sentencia si un determinado acto u omisión, en el iter licitatorio, y a propósito de esta ponderación de principios, ha de ser tachado de arbitrario y/o ilegal, debiendo por tanto, en el caso que se acoja la acción de impugnación, determinar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Bibliografía citada

ABARCA MUÑOZ, Katerina, “Los principios de no formalización y estricta sujeción a las bases en los procedimientos de contratación pública” e INOSTROZA CASTRO, Trinidad “Licitación Pública: etapas de un procedimiento reglado”. En Procedimiento Administrativo y Contratación Pública. Estudios a diez años de la entrada en vigencia de las leyes 19.880 y 19.886, Gabriel Bocksang H. y José Luis Lara A. (editores), Editorial Legal-Publishing Thomson Reuters, 1° edición, septiembre de 2013.

ALARCÓN JAÑA, Pablo, “Notas acerca del contencioso contractual administrativo en Chile”. En Derecho administrativo y la protección de las personas. Libro homenaje a los 30 años de docencia del profesor Ramiro Mendoza en la UC, editor: Eduardo Soto Kloss, Ediciones UC (Pontificia Universidad Católica de Chile), año 2017.

ARANCIBIA MATTAR, Jaime, “Naturaleza y justicia de los contratos administrativos”. En Revista de Derecho Administrativo Económico, N°30, julio a diciembre de 2019.

DÍAZ BRAVO, Enrique, “El Tribunal de Contratación Pública chileno: examen de su regulación”. En Contratación pública global: Visiones comparadas, Enrique Díaz Bravo y José Antonio Moreno Molina (directores), 2020.

FLORES RIVAS, Juan Carlos, “Licitación pública: ¿es el procedimiento ordinario de contratación administrativa” y “Principios jurídicos de la licitación pública”. En Aspectos críticos de la contratación administrativa, Editorial Thomson Reuters, 1° edición, 2021.

MORAGA KLENNER, Claudio, Contratación administrativa, segunda edición, Editorial Thomson Reuters, segunda edición, 2019.

SOTO KLOSS, Eduardo, “La contratación administrativa. Un retorno a las fuentes clásicas del contrato” y “La contratación administrativa en el derecho público chileno (Ideas básicas y principios). En Derecho Administrativo, Temas Fundamentales, 3° edición, Editorial Legal Publishing/Abeledo-Perrot, 2012.

VALDIVIA OLIVARES, José Miguel, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Tirant Lo Blanch, primera edición, 2018.

VERGARA BLANCO, Alejandro, “Tribunal de Contratación Pública: bases institucionales, organización, competencia y procedimiento”. En Revista de Derecho (Valparaíso) N°46 (julio de 2016).

Jurisprudencia citada

Tribunal de Contratación Pública. AKRO Diseño S.A. con Municipalidad de Talca, de 31 de diciembre de 2019. Rol Nº67-2019.

Tribunal de Contratación Pública. SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil, de 9 de diciembre de 2016. Rol 264-2015.

Corte de Apelaciones de Santiago. SEGTEC Chile SPA. con Dirección General de Aeronáutica Civil, de 25 de agosto de 2017. Rol Civil N°4.763-2017.

Corte de Apelaciones de Santiago. AKRO Diseño S.A. con Municipalidad de Talca, de 2 de julio de 2020. Rol Contencioso Administrativo N°89-2020.

Tribunal de Contratación Pública. Luis Giraldo Hidalgo Jofré con Seremi de Justicia Región del Bío Bio, de 8 de mayo de 2019. Rol 223-2018.

Corte de Apelaciones de Santiago. Luis Giraldo Hidalgo Jofré con Seremi de Justicia Región del Bío Bio, de 20 de enero de 2020. Rol Contencioso Administrativo 476-2019.

Tribunal de Contratación Pública. Servicios Pleamar Limitada con Dirección General de Obras Portuarias, de 29 de mayo de 2020. Rol 199-2019.

Tribunal de Contratación Pública. Fernando Díaz y Compañía Limitada con Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de 6 de julio de 2020. Rol 94-2020.

Tribunal de Contratación Pública, Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Yungay, de 12 de marzo de 2020. Rol 349-2019.

Corte de Apelaciones de Santiago, Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Yungay, de 31 de julio de 2020. Rol Contencioso Administrativo 212-2020.

Tribunal de Contratación Pública, Ricardo David Alcayaga Nazer con Serviu Región de Coquimbo, de 31 de marzo de 2021. Rol 343-2020.

Tribunal de Contratación Pública, Sistemas de Seguridad y Tecnologías SPA con Ilustre Municipalidad de La Cisterna, de 4 de marzo de 2022. Rol 121-2021.

Tribunal de Contratación Pública, Soloverde S.A. con Ilustre Municipalidad de Los Lagos, de 14 de mayo de 2021. Rol 368-2020.

Tribunal de Contratación Pública, Icaro Seguridad Limitada con Universidad de Valparaíso, de 5 de julio de 2021. Rol 103-2020.

1. 1PABLO ANDRÉS ALARCÓN JAÑA. Abogado (1997), Magíster en Derecho Público mención Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile (2011). Profesor asistente adjunto, Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae. Juez Titular del Tribunal de Contratación Pública. ↑
2. 2PEDRO BELLO VILLABLANCA. Abogado (2007), Magíster en Argumentación Jurídica, Universidad Diego Portales (2021). Relator Titular del Tribunal de Contratación Pública. ↑
3. Al respecto, cabe recordar el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE) –hoy, en el DFL N° 1-19.653–, concretiza el mandato constitucional del artículo 1° de la Constitución Política de la República, reiterando además que dicha satisfacción de necesidades públicas no sólo ha de sujetarse –primordialmente–, al principio de juridicidad, sino también a una serie de principios que, a nuestro juicio, armonizan el orden constitucional con el orden legal. Artículo 3º.- La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes. ↑
4. Al respecto, ver MORAGA KLENNER, Claudio, Contratación administrativa, segunda edición, Editorial Thomson Reuters, segunda edición, 2019 pp. 255 y siguientes, quien señala que, a partir el artículo 9° de la LOCBGAE, el procedimiento general para la formación de la voluntad administrativa contractual es la propuesta pública, en conformidad a la ley. Y añade a continuación que la licitación pública es un procedimiento de selección de contratantes que utiliza la Administración cuando así lo requiera expresamente la ley e, incluso en ausencia de ley; y, reforzando este punto, prosigue Moraga destacando que, para dar mayor fuerza normativa a dicha disposición legal, por virtud del numeral 7° del artículo 62 de la LOCBGAE, se ha prescrito que la omisión o elusión de la propuesta pública en los casos en que la ley lo dispone, es una conducta que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa. ↑
5. Vid. MORAGA, ob.cit., pp. 319 a 321. Añade este autor, citando a Dromi: “Se aprecia, entonces, que la licitación pública no es ni un contrato administrativo, ni es tampoco un acto administrativo. Es realmente un conjunto más o menos complejo de actos y hechos administrativos especialmente encaminados a lograr la formación de un vínculo jurídico entre los privados que participen del mismo, con el ente licitante”. ↑
6. Para una aproximación al contrato administrativo en la doctrina nacional, véase SOTO KLOSS, Eduardo, “La contratación administrativa. Un retorno a las fuentes clásicas del contrato”, pp. 547 a 559, y “La contratación administrativa en el derecho público chileno (Ideas básicas y principios), pp. 561 a 564; ambos en Derecho Administrativo, Temas Fundamentales, 3° edición, 2012, Editorial Legal Publishing/Abeledo-Perrot. Para una perspectiva diversa y reciente sobre la figura del contrato administrativo, véase Vid. ARANCIBIA MATTAR, Jaime (2020), “Naturaleza y justicia de los contratos administrativos”, en Revista de Derecho Administrativo Económico, N°30, julio a diciembre de 2019, páginas 27 a 53. ↑
7. Al respecto, véanse ABARCA MUÑOZ, Katerina, “Los principios de no formalización y estricta sujeción a las bases en los procedimientos de contratación pública”, pp. 291 a 332; INOSTROZA CASTRO, Trinidad, “Licitación Pública: etapas de un procedimiento reglado”, pp. 375 a 403; ambos en Procedimiento Administrativo y Contratación Pública. Estudios a diez años de la entrada en vigencia de las leyes 19.880 y 19.886, Gabriel Bocksang H. y José Luis Lara A. (editores), Editorial Legal-Publishing Thomson Reuters, 1° edición, septiembre de 2013; y FLORES RIVAS, Juan Carlos, “Licitación pública: ¿es el procedimiento ordinario de contratación administrativa”, pp. 1 a 35, y “Principios jurídicos de la licitación pública”, 2021, pp. 37 a 54, ambos en Aspectos críticos de la contratación administrativa, Editorial Thomson Reuters, 1° edición. También se refiere a estos principios, como aquellos que rigen la licitación, VALDIVIA OLIVARES, José Miguel (2018): Manual de Derecho Administrativo, Editorial Tirant Lo Blanch, primera edición, 2018, pp. 304 y 305. ↑

8. Para una mirada general sobre los medios de impugnación de los contratos administrativos, véase ALARCÓN JAÑA, Pablo (2018): “Notas acerca del contencioso contractual administrativo en Chile”, en Derecho administrativo y la protección de las personas. Libro homenaje a 30 años de docencia del profesor Ramiro Mendoza en la UC, editor: Eduardo Soto Kloss, Ediciones UC (Pontificia Universidad Católica de Chile), año 2017 (225 páginas), pp. 119-129. Sobre el Tribunal de Contratación Pública, véase DÍAZ BRAVO, Enrique (2020): “El Tribunal de Contratación Pública chileno: examen de su regulación”, en Contratación pública global: Visiones comparadas, Enrique Díaz Bravo y José Antonio Moreno Molina (directores), pp. 743 a 779; y VERGARA BLANCO, Alejandro (2016): “Tribunal de Contratación Pública: bases institucionales, organización, competencia y procedimiento”, en Revista de Derecho (Valparaíso) N°46 (julio de 2016). ↑